Abelardo Medellín
El Juzgado Segundo de Distrito concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 474/2026, promovido contra el acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí que autorizó la desincorporación de diversos bienes del dominio público municipal para su venta en subasta pública, por lo que, de momento, queda detenida la venta del terreno ubicado en el fraccionamiento Puerta de Piedra, en el que vecinos habían iniciado un proyecto de Bosque Urbano.
Mediante el acuerdo, publicado este 24 de abril, el juzgado otorgó la protección a un grupo de ciudadanos que impugnó la determinación del Cabildo capitalino del pasado 11 de febrero de 2026, en la cual aprobó la venta de varios predios municipales con el argumento de obtener recursos para financiar obras de infraestructura.
El caso de Puerta de Piedra cobró relevancia debido a que el terreno en cuestión había sido previamente rehabilitado por habitantes de la zona, quienes llevaron a cabo labores de reforestación con más de 120 especies vegetales, con el objetivo de consolidar un área verde comunitaria. Posteriormente, los vecinos advirtieron que dicho espacio había sido incluido en el paquete de bienes sujetos a subasta pública, sin que se les notificara oportunamente ni se les diera posibilidad de intervenir en el proceso.
A pesar de las inconformidades, el predio —junto con al menos otros 12 inmuebles— fue subastado a mediados de marzo. Esta situación motivó la promoción de diversos juicios de amparo por parte de los colonos, quienes señalaron posibles afectaciones al derecho a un medio ambiente sano, así como irregularidades en el procedimiento de desincorporación y venta de bienes públicos.
Con la concesión de la suspensión definitiva, el juzgado ordena mantener las cosas en el estado que guardaban antes de la ejecución del acto reclamado, lo que implica que la autoridad municipal deberá frenar la operación de compraventa respecto del terreno en Puerta de Piedra, en tanto se resuelve el fondo del juicio.
La resolución también abre la posibilidad de que los habitantes de la zona retomen el proyecto de bosque urbano que habían impulsado, al tiempo que obliga al Ayuntamiento a revisar la legalidad del proceso mediante el cual se autorizó la desincorporación y enajenación de bienes municipales.
