Fernanda Durán
El Instituto Nacional Electoral perfila cambios relevantes en el modelo de la credencial para votar que se utilizará entre 2026 y 2031. Entre los elementos que se analizan está permitir que las personas decidan voluntariamente incluir en su identificación datos sobre identidad de género autopercibida y autoidentificación indígena.
La propuesta, según el propio instituto, busca construir un documento más incluyente y útil para la ciudadanía. Además, el organismo ha sido claro en un punto fundamental: estos datos sólo aparecerán si la persona decide incorporarlos de manera consciente, libre e informada.
El objetivo, en principio, es razonable. En una sociedad diversa, los instrumentos de identificación pública deben reflejar esa diversidad. Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en la dimensión de los derechos individuales. También es necesario mirar los efectos institucionales que estos cambios pueden generar en el sistema electoral.
Porque en México ya existe evidencia de que las acciones afirmativas pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.
El ejemplo más reciente ocurrió en Michoacán durante las elecciones de 2024, donde al menos ocho hombres se registraron como mujeres trans o integrantes de la diversidad sexual para cumplir con las cuotas destinadas a estos grupos. En varios municipios ganaron alcaldías bajo esa condición, en uno de los casos más emblemáticos, el Tribunal Electoral terminó anulando el triunfo al acreditarse la simulación por identificarse como hombre en la campaña.
La controversia mostró una tensión compleja: cómo proteger la autodeterminación de la identidad sin abrir la puerta a prácticas que distorsionen las acciones afirmativas.
San Luis Potosí ofrece otro ejemplo de esa problemática.
En el municipio de Venado, el hoy alcalde José Reyes Martínez Rojas fue registrado y electo bajo la acción afirmativa destinada a mujeres, luego de manifestar ante la autoridad electoral identificarse como mujer. El Tribunal Electoral del Estado confirmó la candidatura al considerar suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad, bajo el principio de respeto a la autoadscripción de género.
El problema no es jurídico. El problema es político.
Cuando la autoadscripción se convierte en un mecanismo imposible de verificar incluso frente a evidencias públicas de simulación —como campañas en las que el propio candidato se promueve como hombre— el sistema electoral queda atrapado entre dos riesgos: discriminar identidades legítimas o permitir fraudes a la paridad.
Y ese dilema no es menor.
En San Luis Potosí, la paridad política sigue siendo incompleta, especialmente en el nivel municipal. De los 58 municipios del estado, sólo 14 son gobernados actualmente por mujeres. Es decir, apenas el 25.9 por ciento.
La cifra no sólo está lejos de la paridad; también representa un retroceso respecto a procesos electorales anteriores y se mantiene por debajo del promedio nacional. Más aún, hay 19 municipios que nunca han sido gobernados por una mujer.
En ese contexto, permitir que hombres ocupen espacios destinados a mujeres mediante simulaciones no es un problema simbólico: es un problema estructural de representación.
Las acciones afirmativas existen precisamente para corregir esas desigualdades históricas.
Por eso la discusión sobre los nuevos elementos en la credencial para votar debería acompañarse de una conversación más amplia sobre cómo proteger la autenticidad de las acciones afirmativas sin vulnerar derechos.
No se trata de exigir pruebas imposibles sobre la identidad de género ni de poner en duda a quienes legítimamente forman parte de la diversidad sexual o de pueblos indígenas, pero tampoco se puede ignorar que existen incentivos políticos para simular pertenecer a estos grupos cuando hay cargos públicos en juego.
El reto institucional, entonces, no es negar la autoadscripción. Es evitar que se convierta en un instrumento para defraudarla.
Porque cuando las acciones afirmativas se vacían de contenido, quienes realmente pierden no son las instituciones electorales, son las mujeres, las personas indígenas y las comunidades de la diversidad sexual que esas políticas buscan proteger.
Y si algo ha demostrado la experiencia reciente es que, sin mecanismos que prevengan la simulación, los avances en paridad pueden convertirse fácilmente en otra forma de exclusión.
La advertencia que hizo la consejera del INE, Dania Ravel, sobre los riesgos de nepotismo y de sucesiones políticas construidas desde el poder no es una discusión abstracta. En San Luis Potosí ese debate tiene nombres y contexto muy concretos: la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador.
El propio gobernador Ricardo Gallardo ha buscado desactivar esa crítica afirmando que una eventual candidatura de su esposa no constituiría nepotismo, bajo el argumento de que ese concepto únicamente aplica cuando un funcionario coloca a familiares dentro del gobierno. Según su interpretación, si un familiar participa en una elección constitucional y la ciudadanía vota, el nepotismo simplemente no existe.
El problema es que el debate contemporáneo sobre nepotismo político es más amplio que esa definición administrativa. Justamente a eso aludía Ravel cuando advertía sobre el riesgo de que desde el poder se pretenda decidir quién sucede en el cargo, no se trata únicamente de nombramientos directos, sino de las condiciones de ventaja que puede generar el ejercicio del poder público cuando se proyecta políticamente a un familiar cercano.
Los hechos recientes ayudan a entender por qué esa preocupación no es menor. En Axtla de Terrazas se organizó una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer en la que la figura central fue la propia senadora Ruth González; el evento, promovido por autoridades municipales y funcionarias del gobierno estatal, terminó funcionando como un acto político que proyectó su imagen como posible aspirante algo particularmente cuestionable al tratarse de una fecha tan significativa finalmente utilizada como plataforma de promoción política y por el uso de recursos públicos para posicionar su figura.
Por un lado se argumenta que no debe haber reformas diseñadas para favorecer a alguien —como sostuvo el propio gobernador al vetar la llamada “ley gobernadora”— y, por el otro, se construye una narrativa pública que posiciona a una figura vinculada directamente al titular del Ejecutivo como protagonista de un proyecto político rumbo a 2027.
Ahí es donde la advertencia del INE cobra sentido.
El problema no es que una mujer aspire a gobernar —algo que forma parte del avance democrático y de la lucha por la igualdad política—, sino cuando el poder institucional crea condiciones que hacen inevitable preguntarse si la contienda comienza realmente desde un piso parejo.
Porque la discusión de fondo no es si una mujer puede competir. Eso nadie lo cuestiona; el problema es que el poder público está siendo utilizado para preparar la sucesión.
Mientras tanto, en las calles, el movimiento feminista sigue recordando una realidad que la política institucional muchas veces intenta simplificar. Año con año, las marchas del 8 de marzo son señaladas como actos vandálicos o como expresiones de desorden público, mientras la violencia contra las mujeres, el machismo estructural y la falta de justicia continúan siendo parte del día a día.
Es más fácil indignarse por un monumento intervenido que reconocer la profundidad de una deuda histórica.
Porque detrás de cada consigna, de cada pintada o de cada acto de protesta hay historias de violencia, de impunidad y de falta de respuesta institucional.
El problema estructural es que muchas veces el poder se apropia de los discursos de igualdad sin modificar realmente las condiciones que producen la desigualdad. Se institucionaliza el lenguaje, se incorporan conceptos en documentos oficiales, se anuncian reformas… pero los cambios de fondo siguen pendientes.
Tal vez por eso el reto no está sólo en aprobar nuevas normas o en ampliar los instrumentos de identificación ciudadana.
El reto está en garantizar que las acciones afirmativas no se conviertan en simulación, que la paridad no se utilice como herramienta política y que los discursos sobre igualdad no terminen siendo simplemente otra forma de administrar el poder.
Y ya estando…
JALÓN DE OREJAS MORENISTA: El diputado Carlos Arreola terminó recibiendo un llamado de atención de su propia dirigente, Rita Ozalia Rodríguez, luego de generar ruido en torno a la toma de protesta de Roberto García Castillo como presidente de la Jucopo. Desde semanas atrás conocían quién encabezaría el órgano legislativo, por lo que las críticas públicas del legislador no cayeron bien dentro del grupo parlamentario. El argumento de que “es tiempo de mujeres”, utilizado por Arreola para cuestionar la decisión, tampoco fue bien recibido por la diputada Gabriela López Torres, quien dejó claro que ese principio debe reflejarse en acciones y no utilizarse únicamente como recurso discursivo.
RECONCILIACIÓN: Algunos liderazgos cercanos al grupo Azuarista parecen encaminarse a recomponer su relación con la dirigencia de Verónica Rodríguez en medio de los trabajos internos para redefinir la identidad del PAN. El acercamiento habría ocurrido tras un desayuno en el que participaron, entre otros, Héctor Mendizábal y Lidia Argüello. El episodio resulta, cuando menos, irónico: mientras se habla de reconciliación dentro del panismo, la diputada Aranzazú Puente sí terminó por abandonar el partido y hoy aparece políticamente cobijada por el Partido Verde.
¿SE APROVECHÓ?
Resulta que hubo un desencuentro entre la senadora panista y su suplente y esposa del alcalde Enrique Galindo, Estela Arriaga, luego de que Vero Rodríguez intentara aprovechar la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a San Luis Potosí para que, de paso, acudiera a un evento del PAN. Algo que, al parecer, no cayó nada bien en la familia, quizá porque traerla implicó un gasto considerable… y alguien más quiso colgarse de la visita.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
