Fernanda Durán
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Guajardo Barrera, aseguró que los cambios planteados en la reforma electoral federal no tendrán un impacto real en los procesos electorales de 2027, al considerar que las modificaciones propuestas no abordan aspectos fundamentales del sistema democrático.
Durante una rueda de prensa del partido, el legislador señaló que los puntos anunciados dentro del llamado “Plan B” no modifican las condiciones en que se desarrollarán las elecciones.
“Si se fijan, los cuatro puntos ¿realmente qué modificaciones hay en las elecciones del 2027? A ver, reducción al presupuesto o ahorro a los congresos locales, bueno, la elección va a seguir igual. Reducción o tope de regidores, la elección va a seguir igual. La revocación de mandatos se adelanta del 28 al 27… ¿qué impacto tiene eso en las elecciones del 2027? Ninguno”.
Guajardo Barrera consideró que el debate sobre la reforma ha dejado fuera el problema que, a su juicio, representa uno de los principales riesgos para la democracia en México: la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
“El grupo parlamentario del PAN votó en contra porque la iniciativa no corrige el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana. ¿Cuál es? La infiltración del crimen organizado en las elecciones”.
El legislador explicó que en diversas regiones del país existen condiciones que impiden que el voto ciudadano se ejerza libremente:
“Hay regiones del país donde la ciudadanía vota con miedo o no vota, porque no puede salir a votar bajo presión del crimen”.
En ese sentido, sostuvo que la reforma electoral impulsada por Morena no contempla medidas como la anulación automática de elecciones cuando exista intervención del crimen organizado ni mecanismos suficientes para proteger a candidatos y votantes.
El diputado panista también cuestionó la forma en que se presentó el llamado “Plan B”, al señalar que el anuncio se realizó desde instalaciones del Gobierno Federal.
“Este Plan B es con B de burdo porque la presidenta del partido en el poder, Morena, con el presidente aliado del PT y la presidenta del Partido Verde hacen la rueda de prensa desde la Secretaría de Gobernación. O sea que están usando el recurso público del Gobierno Federal”.
Además, señaló que la propuesta tampoco aborda el problema de la sobrerrepresentación de algunos partidos políticos en el Congreso de la Unión, fenómeno que terminó jugando en contra del propio bloque oficialista durante la votación de la reforma electoral.
El legislador afirmó que los partidos aliados de Morena han obtenido un porcentaje adicional de representación respecto a su votación real, lo que “genera distorsiones en el equilibrio político” y esa misma dinámica influyó en que Morena no lograra reunir los votos necesarios para aprobar su propia reforma electoral.
Guajardo Barrera adelantó que el PAN votará en contra si Morena intenta impulsar los cambios electorales mediante leyes secundarias.
“Si Morena intenta imponer su llamado Plan B mediante leyes secundarias, nuestra postura es contundente: el PAN va a ir en contra”.
Como ejemplo de las inconsistencias que, a su juicio, tiene la reforma, el legislador mencionó el caso de San Luis Potosí y el presupuesto del Congreso del Estado.
“El presupuesto que tenemos en San Luis Potosí son de 70 mil 400 millones de pesos. El presupuesto del Congreso del Estado es de 320 millones de pesos. Eso representa el 0.46 por ciento”.
En ese sentido, consideró que establecer topes presupuestales uniformes para los congresos locales ignora las diferencias entre entidades federativas.
Otro de los puntos cuestionados por el legislador es la propuesta de fijar un máximo de 15 regidores en los ayuntamientos, al considerar que ese criterio no toma en cuenta las particularidades de cada municipio.
“Morena, desde el centro, ve todo igual, pero no podemos comparar Monterrey, Querétaro o Naucalpan con otros municipios. Cada estado debe decidir cuántos regidores necesita dependiendo de su población”.
Asimismo, criticó la intención de adelantar la revocación de mandato a 2027, pues originalmente este mecanismo fue diseñado para no coincidir con procesos electorales federales.
Finalmente, el legislador panista insistió en que cualquier modificación al sistema electoral debe atender los problemas de fondo que enfrenta la democracia mexicana.
