Texto y fotografías de Desiree Madrid
Jubilados y pensionados del Poder Judicial de San Luis Potosí se manifestaron este martes 17 de marzo en las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), para exigir la actualización de los tabuladores salariales y el pago del incremento del 3 por ciento correspondiente a 2025, el cual acumulaba meses sin ser cubierto.
Durante la protesta, los inconformes señalaron directamente al órgano de administración del tribunal por no haber regularizado los salarios del personal en activo, situación que afecta de forma inmediata el cálculo de sus pensiones. La movilización se desarrolló al mediodía, en medio de consignas y posicionamientos dirigidos tanto a autoridades judiciales como estatales.
“Esto no es una limosna, es un derecho”, afirmó uno de los asistentes, quien acusó que las autoridades han ignorado sistemáticamente las obligaciones que tienen con quienes trabajaron durante años en el sistema judicial.
Los manifestantes explicaron que su demanda se fundamenta en la Ley de Pensiones, específicamente en el artículo 60, fracción segunda, que establece que los aumentos a las pensiones dependen de la movilidad salarial del personal activo. Sin esa actualización, el incremento del 3 por ciento correspondiente a 2025 no podía aplicarse.
De acuerdo con lo expuesto durante la protesta, el adeudo acumulaba alrededor de 10 meses sin reflejarse en sus pagos, incluyendo tanto el aumento como los retroactivos.
“Dependemos del movimiento del salario de los activos para que a los jubilados nos llegue nuestro aumento”, explicaron ante medios .
Además de la exigencia económica, los jubilados cuestionaron el funcionamiento interno del Poder Judicial. Rechazaron que la falta de resultados sea atribuible al personal de base y señalaron directamente a quienes toman decisiones administrativas por incumplir con sus responsabilidades.
“No somos los empleados… son ellos los que no dan un buen servicio”, reclamaron .
En su posicionamiento, también hicieron un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, para intervenir, pues el propio órgano de administración ha argumentado falta de presupuesto como justificación para no aplicar los ajustes. Solicitaron que, de ser el caso, se liberen los recursos necesarios para cumplir con lo establecido en la ley.
La presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ana Luisa Morales, indicó que alrededor de 2 mil personas dependen de estos ajustes salariales, además de que las omisiones administrativas no sólo afectan sus ingresos, sino que podrían derivar en responsabilidades legales para las autoridades involucradas .
Finalmente, advirtieron que la problemática no es reciente y que se ha repetido desde 2022 sin solución de fondo. Aunque han buscado el diálogo institucional, denunciaron cancelaciones de reuniones y falta de respuestas claras, por lo que no descartan escalar sus acciones si las demandas continúan sin atenderse.
