Por Victoriano Martínez
Hoy se cumplen 48 horas de que se realizó la subasta pública de 16 inmuebles municipales para conseguir fondos para cuatro obras que pretende realizar el alcalde Enrique Galindo Ceballos y ni el Comité de Subasta, ni la Comisión Especial que vigila el procedimiento han informado sobre el resultado.
Casi 48 horas sin hacer públicos los resultados que ponen en duda la confiabilidad de un alcalde que aseguró el viernes 13 de marzo que la subasta se ha realizado con transparencia, especialmente cuando se impidió el acceso a medios de comunicación a la sesión del fallo y, peor aún, tampoco pudieron ingresar los integrantes de la Comisión Especial.
“En el desarrollo de la subasta, sólo podrán estar presentes las personas postoras debidamente inscritas. El desarrollo de la subasta se hará constar en el acta que al efecto elabore el Comité, por conducto de la persona que se desempeñe como Secretaria de dicho órgano colegiado”, dice la cláusula IX de la Convocatoria (página 20) que Galindo Ceballos hizo valer como “ejecutor del orden del Cabildo”.
Es muy probable que Galindo Ceballos sólo haya leído la Convocatoria hasta esa cláusula o bien optó por pasar por alto la cláusula XIX (página 22) que se refiere al papel de la Comisión Especial de vigilancia.
“La Comisión Especial de Vigilancia será la encargada de revisar el procedimiento de subasta pública en todas sus etapas, para que se lleve a cabo conforme a derecho y en los términos precisados en esta Convocatoria”, dice la cláusula XIX.
¿Cómo podrán saber los integrantes de esa Comisión si el procedimiento de subasta pública se llevó a cabo conforme a derecho y en los términos de la convocatoria si no atestiguaron su desarrollo? ¿Bastará con que revisen el contenido del acta que se levantó y sobre la que están por cumplirse 48 horas sin que se haga pública?
“El acuerdo que adopte el Comité, por medio del cual establezca el fallo respectivo, deberá publicarse en por lo menos un medio de difusión oficial, como lo es el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”; o la Gaceta Municipal”, dice la cláusula XII de la Convocatoria (página 21). Hasta las 00:00 horas de hoy no se había publicado en ninguno de esos dos medios.
Una falta de transparencia en el proceso que Galindo Ceballos está obligado a subsanar con la difusión de los documentos relacionados a cada etapa, desde que se plantearon las obras que hoy se pretenden financiar con el producto de la subasta.
“Se recibieron diversas solicitudes ciudadanas para llevar a cabo cuatro obras de impacto general para el municipio”, se justifica en Acuerdo del Cabildo (página 6) autoriza desafectar, desincorporar del dominio público y enajenar mediante subasta pública los 18 bienes inmuebles propiedad municipal.
¿Y por qué omiten Galindo Ceballos y el Cabildo anexar esas solicitudes en el Acuerdo del Cabildo? ¿Quiénes las solicitaron y de qué manera las justificaron al grado de que motivaron a la autoridad a considerar vender inmuebles para poder realizarlas y someterlas a la opinión del Consejo de Desarrollo Social Municipal?
Si junto con su Cabildo, Galindo Ceballos determinó desincorporar bienes de dominio público ¿por qué no anexaron en el acuerdo los dictámenes expedidos por peritos registrados y la fe notarial en la que se asiente el estado que guardan los bienes muebles objetos de la subasta como ordena el artículo 32 de la Ley de Bienes?
En el acuerdo de desincorporación mencionan ese artículo entre su fundamentación, pero no lo cumplen al no anexar ni los peritajes ni las fes notariales. ¿Quiénes fueron los peritos y quiénes los notarios? Si como dice Galindo Ceballos, el proceso se lleva con transparencia, para respaldar la legalidad del proceso no tendría ninguna dificultad en mostrar esos documentos… si existen.
Al parecer, la Comisión Especial de vigilancia no ha puesto interés en verificar esos antecedentes tan relevantes, o les han negado el acceso a ellos.
El hecho es que la celebración de la subasta pública a puerta cerrada ya pasó hace casi 48 horas y los resultados no se conocen. Iban 13 postores por 16 inmuebles. ¿Quedaron inmuebles sin ser asignados? ¿Hubo postores que compraron varios inmuebles? ¿Hubo postores descalificados?
Galindo Ceballos podría comenzar por explicar su concepto de “proceso transparente” porque con tantos elementos de opacidad ponen en duda incluso la legalidad de la desincorporación de los bienes inmuebles.
