Fernanda Durán
La Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una nueva controversia, ahora en torno al proceso de renovación del Consejo Técnico Consultivo (CTC), órgano que cobró relevancia durante la reciente elección de la Dirección.
Un grupo de docentes de la Facultad presentó impugnaciones formales contra el registro de la única planilla inscrita para elegir a las y los representantes del personal académico ante el CTC para el periodo 2026-2030, al considerar que el proceso presenta diversas irregularidades que comprometen su legalidad.
De acuerdo con un pronunciamiento difundido por el grupo promovente, la inconformidad surge en un contexto aún marcado por las tensiones derivadas del proceso de designación de la Dirección, posterior a la renuncia del exdirector Germán Federico Pedroza Gaitán tras los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2025 en las instalaciones de la Facultad.
Las y los promoventes cuestionaron que la elección se haya configurado a partir de una “planilla de unidad”, al señalar posibles incumplimientos a la normativa universitaria en su integración.
Entre los señalamientos expuestos, destacan presuntas inconsistencias en el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, como el de honorabilidad, prudencia y espíritu universitario en al menos uno de sus integrantes: Guadalupe Salazar García.
Las y los promoventes también señalaron posibles conflictos de interés, al referir antecedentes de litigio contra la propia institución como abogado defensor de un profesor de la Facultad de Ciencias Químicas acusado de hostigamiento sexual.
También se señaló la posible incompatibilidad de funciones de uno de los integrantes por su vínculo con representación sindical, es decir, el maestro José Antonio Portales, lo que contravendría el principio de separación entre la vida gremial y la función universitaria.
A ello se suma la inclusión de una persona identificada como jubilada, en referencia al abogado Salvador Ávila Lamas que, acuerdo con las y los inconformes, implicaría la falta de un nombramiento vigente y, por tanto, de los requisitos necesarios para participar en el proceso.
Otro de los puntos planteados es la exclusión de representación del programa de Criminología, lo que vulnera el principio de pluralidad académica previsto en el Estatuto Orgánico. En ese sentido, señalaron que no se promovió la participación de docentes de dicha licenciatura, lo que cuestiona el carácter de “unidad” de la planilla.
“No es un asunto menor: se trata de garantizar que quienes integren los órganos universitarios cumplan con los principios básicos de legalidad, ética y representación”, expusieron las y los promoventes.
La planilla registrada está conformada por:
- Salvador Ávila Lamas (propietario)
- Paola de la Rosa Rodríguez (suplente)
- J. Guadalupe Salazar García (propietario)
- Aracely Rojas Muñoz (suplente)
- Graciela Treviño (propietaria)
- Antonio Portales (suplente)
- Gabriela Echavarría Delgado (propietaria)
- Jesús Xerardo Martínez Muñoz (suplente)
Las y los inconformes también advirtieron que este esquema dificulta impugnaciones individuales, al concentrar todas las candidaturas en una sola planilla para ocupar la totalidad de los espacios disponibles, lo que genera un posible “blindaje” interno.
El proceso establece que deben elegirse cuatro consejeros propietarios con sus respectivos suplentes, mediante planillas registradas en fórmula, bajo reglas que incluyen la prohibición de coaliciones y la exigencia de requisitos académicos, administrativos y de conducta establecidos en el Estatuto Orgánico de la UASLP.
Ante este escenario, solicitaron la cancelación del registro de la planilla y la reposición del procedimiento conforme a la normativa universitaria vigente, al considerar que las irregularidades señaladas afectan la integración de un órgano clave en la vida académica y administrativa de la Facultad.
El CTC es un órgano clave en la vida académica y administrativa de la Facultad, cuya integración ha cobrado mayor relevancia tras el reciente proceso de elección de la Dirección, también marcado por impugnaciones.
