Por Victoriano Martínez
“Las áreas verdes urbanas, como parques, jardines, plazas y paseos peatonales son fundamentales para el bienestar de las y los ciudadanos”, aseguró el alcalde Enrique Galindo Ceballos, en el texto de presentación del Manual del Árbol, publicado tras recibir el reconocimiento “Ciudad Árbol del Mundo 2022” para San Luis Potosí.
Cuatro años después, Galindo Ceballos se cansó del reconocimiento como “Ciudad Árbol” que recibió tres años seguidos y, quizá decepcionado porque no logró la cuarta distinción, parece haber descubierto que hay algo “más fundamental”: subastar un terreno arbolado en vías de convertirse en un bosque urbano para financiar la “Ciudad asfalto” para el bienestar de los automóviles.
Así, en el área de donación del fraccionamiento Puerta de Piedra, 102 árboles de 19 especies diferentes y 21 árboles de especies menores, todos vivitos y en expansión como parte de un proyecto que tiene como alcance lograr un bosque urbano fueron condenados a que su supervivencia dependa del Grupo Constructor Cumbres SA de CV.
El trabajo comunitario de dos años de los habitantes de Puerta de Piedra, la recuperación ambiental del área, su efecto favorable en el fortalecimiento del tejido social y la convivencia comunitaria y la regeneración de un hábitat para al menos seis especies de aves son logros que para los vecinos no tienen precio.
Para Galindo Ceballos esos logros y todo el potencial del proyecto de los vecinos de Puerta de Piedra sí tuvieron precio, y hasta en abonos: 9 millones 088 mil 824.85 pesos que recibirá el Ayuntamiento en 12 parcialidades.
De haber excluido de la subasta el predio reclamado por los vecinos de Puerta de Piedra habría representado que el Ayuntamiento dejara de percibir apenas el 1.38 por ciento del monto acumulado por los 13 inmuebles adjudicado en la subasta del pasado martes 17 de marzo.
Una subasta pública que desde el Ayuntamiento afirman haber realizado con transparencia, pero cuyos resultados se dan a conocer hasta nueve días después de emitidos los fallos, aún deja muchos cabos sueltos sobre el cumplimiento de los requisitos legales para poder desincorporar bienes de dominio público.
A diferencia del acuerdo de Cabildo de desincorporación de los bienes, publicado en la Gaceta Municipal 261, y de la propia convocatoria a la subasta, es hasta ahora en el fallo que se mencionan antecedentes y cumplimientos de los requisitos legales.
“Revelan” quiénes solicitaron (páginas 4 y 5 del fallo) con tales argumentos las obras que se pretenden realizar que se convirtieron en urgencias inaplazables al grado de que se determinó sacrificar el patrimonio municipal y subastar 18 inmuebles para responder a tan indispensables propuestas:
- “Marco Antonio Posadas Bordallo, Consejero de Desarrollo Social Municipal, quien sustancialmente solicitó la construcción de un paso inferior vehicular en la Glorieta de salida a Guadalajara que permita beneficiar a los habitantes de las Colonias, Lomas, Cordillera de los Alpes, Miravalle, Garita de Jalisco y Escalerillas”.
- “Teresa de Jesús Carrizales Hernández, Consejera de Desarrollo Social Municipal y Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana Demarcación número 76, por medio de la cual peticionó al Ejecutivo Municipal la construcción de un brazo conector entre el Boulevard Rio Españita y la lateral de la Avenida Salvador Nava Martínez, justificando la necesidad de ejecutar dicha obra de impacto e interés general, dada la desarticulación entre dichas vialidades y el consecuente riesgo de colisiones y parálisis del tráfico”.
- “Esmeralda Ledezma Martínez, en su calidad de Consejera de Desarrollo Social Municipal, y Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana de la demarcación número 50, por la cual solicitó la construcción de un paso inferior vehicular sobre la Carretera a Zacatecas, a la altura del Templo del Señor del Saucito, argumentando las razones por las cuales estima viable la construcción de dicha obra, entre las que se destaca el colapso vial que se presenta diariamente debido a la convergencia de tráfico pesado, transporte público y particular”.
- “Ma. Epifania Beltrán Guerrero, Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana demarcación número 046, por la cual pidió a la autoridad municipal, intervenir en la rehabilitación y ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), ubicada en la Colonia Maravillas, sustentando dicha solicitud en la necesidad de brindar un servicio digno y de calidad a personas con discapacidad”.
El acuerdo del fallo también hace referencia a otro elemento omitido en las gacetas 261 y 262: EI 06 de febrero de 2026, la segunda síndico, Ma. del Rosario Vita Hervert, remitió la opinión preliminar sobre la solicitud formal para enajenar bienes inmuebles…
“…junto a los expedientes respectivos integrados para el procedimiento que se atiende, en lo cual previamente la Oficialía Mayor por conducto de su titular también participó activamente en las gestiones para reunir los requisitos impuestos por la legislación” (página 9 del fallo).
Ni en el acuerdo de desincorporación ni en la convocatoria a la subasta se mencionó la existencia de esos expedientes para cumplir con la Ley. Si el proceso fuera tan transparencia como afirman, tales documentos habrían sido incorporados como anexos en versión abreviada con la indicación del sitio Web o la oficina pública donde se pudieran consultar completos.
Pero si la práctica es dosificar la información para subsanar su mal lograda apariencia de transparencia, poco se puede saber si sólo en el caso de Puerta de Piedra se atentó contra el derecho de los vecinos a contar con su área de donación o si hay más en las que se sacrificarán árboles para favorecer a la Ciudad Asfalto.
