Fernanda Durán
Integrantes de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado advirtieron que el Poder Legislativo no tiene facultades legales para intervenir directamente en la subasta de predios municipales impulsada por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aunque coincidieron en la necesidad de dar seguimiento a las inquietudes ciudadanas y analizar posibles mecanismos de revisión a través del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
En asuntos generales de la reunión de este miércoles, la comisión abordó los escritos presentados por ciudadanos inconformes con la desincorporación y eventual venta de inmuebles municipales, particularmente en el caso de Puerta de Piedra, donde vecinos han promovido amparos y solicitado la intervención del Congreso.
El presidente de la comisión, el diputado César Lara Rocha, explicó que los documentos fueron turnados tanto a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable como a la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, además de haberse distribuido a otros legisladores.
Personal técnico del Congreso explicó que los ciudadanos solicitaron un exhorto para que el Ayuntamiento transparente y justifique la desincorporación y venta de predios, además de revisar si el procedimiento es congruente con la planeación urbana y la protección de áreas de equipamiento y uso común. También pidieron instalar una mesa técnica con autoridades y representantes ciudadanos para dar seguimiento al caso.
Sin embargo, durante el análisis se recordó que desde 2018 el Congreso dejó de tener facultades para autorizar la venta de bienes municipales, luego de modificaciones derivadas de una controversia constitucional que obligó a armonizar la legislación estatal con el principio de autonomía municipal establecido en la Constitución federal.
“Anteriormente tenía que pasar por el Congreso. A partir de esta reforma (…) dejó de ser necesaria la autorización del Congreso”, explicó el área técnica de la comisión.
En ese sentido, se señaló que las solicitudes planteadas por los ciudadanos escapan actualmente del ámbito de competencia del Poder Legislativo, al considerar que incluso un exhorto podría interpretarse como una invasión a la autonomía municipal.
Además, se informó que actualmente existe un juicio de amparo relacionado con los predios de Puerta de Piedra y que ya fue concedida una suspensión provisional sobre la venta de esos terrenos, aunque el asunto continúa en revisión judicial.
Al respecto, el diputado Luis Felipe Castro Barrón planteó que, aunque jurídicamente el Congreso no pueda exigir una rendición de cuentas sobre el procedimiento de subasta, sí podría emitir un posicionamiento público para pedir atención a las inquietudes vecinales.
“Yo creo que como Congreso sí podemos emitir un exhorto público (…) al exhortar que se les dé una resolución a los ciudadanos”.
Por su parte, la diputada Leticia Vázquez Hernández coincidió en que el procedimiento corresponde a la esfera municipal, pero consideró que el IFSE sí podría revisar que el proceso se haya realizado conforme a la normatividad vigente.
“Yo creo que es el Instituto de Fiscalización el que debería estar al pendiente de que ese procedimiento se lleve a cabo conforme a la normatividad ya existente”.
La legisladora agregó que el Congreso también podría revisar posteriormente el destino de los recursos obtenidos mediante la venta de inmuebles, ya que la ley establece que dichos ingresos no pueden utilizarse para gasto corriente.
Durante la discusión, César Lara Rocha sostuvo que el conflicto refleja principalmente un problema social derivado de la inconformidad vecinal y consideró que el Ayuntamiento debería mantener diálogo con los habitantes afectados.
“Yo creo que lo que mínimamente tendría que hacer es atender alguna reunión o algún tema que le dé seguimiento, porque la inconformidad es muy precisa”.
El diputado añadió que los ciudadanos buscan explicaciones sobre la inclusión de áreas de donación en la lista de predios subastados y sobre el estado actual del procedimiento de venta.
Aunque reiteró que legalmente el Congreso no puede intervenir para frenar la subasta, Lara Rocha indicó que se mantendrá abierta la posibilidad de recibir a los vecinos, orientarlos y eventualmente canalizar inquietudes a la Comisión de Vigilancia o al IFSE.
En ese contexto, la diputada Leticia Vázquez propuso analizar la posibilidad de solicitar formalmente la intervención del Instituto de Fiscalización para revisar el procedimiento realizado por el Ayuntamiento.
“El ver que se obtuvo y que se distribuyó, porque también lo que se obtenga de esa venta de inmuebles también la ley marca que deben ser destinados a un fin, no puede gastarse en gasto corriente, tiene que ser para fortalecimiento de la misma institución, entonces yo creo que serían las dos partes que nosotros pudiéramos por ahí estar al pendiente”.
Ante ello, Lara Rocha consideró viable explorar esa posibilidad junto con la Comisión de Vigilancia del Congreso y su presidente, el diputado Luis Fernando Gámez.
“A lo mejor no es una mala idea que a través de la comisión se haga un llamado al Instituto (…) y que a través del Instituto pudiéramos tener un poquito más de claridad y darle cierta respuesta a los ciudadanos”.
