Fernanda Durán
María de Jesús “Marichuy” Almendárez Prieto denunció una serie de irregularidades en el trámite y resolución de la solicitud de juicio político que promovió ante el Congreso del Estado en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La denunciante señaló que el procedimiento, presentado desde mayo de 2024 durante la pasada legislatura, no sólo enfrentó retrasos en su resolución, sino que además estuvo marcado por inconsistencias en la integración y entrega del expediente.
De acuerdo con su testimonio, al solicitar copia del expediente legislativo, la documentación le fue entregada incompleta y con deficiencias materiales, además de que parte de las hojas eran ilegibles, lo que le impide conocer con claridad los argumentos que sustentaron la determinación del Congreso.
Asimismo, acusó que en la resolución mediante la cual se desechó su solicitud no se expusieron de manera fundada los motivos de la decisión, y que tampoco se tomó en cuenta una ampliación de la denuncia que había presentado previamente.
Añadió que durante el proceso una parte del expediente había sido extraviada, lo que vulnera la integridad del procedimiento legislativo.
Almendárez Prieto también cuestionó el discurso público en torno a su caso, al señalar que ha sido estigmatizada como una persona violenta, pese a que dijo su trayectoria ha sido de exigencia de justicia.
Ante la resolución del Congreso, la inconforme informó que busca acceder a la versión estenográfica de la reunión en la que se determinó desechar el juicio político, con el objetivo de contar con elementos para promover un juicio de amparo. Sin embargo, hasta el momento la documentación le ha sido negada.
Como parte de sus exigencias, Marichuy solicitó a la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, que exhorte a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, a emitir una disculpa pública por los señalamientos realizados en su contra durante el proceso.
Además, pidió la intervención de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) para que se pronuncie sobre su caso; no obstante, la solicitud también le fue negada, pese a los actos de violencia institucional que denuncia haber enfrentado durante años.
El juicio político fue declarado improcedente el pasado 17 de marzo por el Congreso del Estado bajo el argumento de que no existían elementos jurídicos suficientes según lo declarado ante medios de comunicación por la diputada Leticia Vázquez Hernández.
Sin embargo, María de Jesús Almendarez sostiene que las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento, así como la falta de acceso completo a la información, comprometen la transparencia y legalidad del proceso.
