Fernanda Durán
Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aseguró haber emitido cuatro recomendaciones en lo que va de 2026, estas aún no aparecen publicadas en el portal oficial del organismo, donde únicamente se encuentran visibles las correspondientes hasta el año 2025.
La situación fue reconocida por la propia presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, al ser cuestionada sobre el número de recomendaciones emitidas durante el presente año y los temas que abordan.
“Se han emitido cuatro recomendaciones en lo que va del año, principalmente algunas a municipios que tocan temas de sector educativo”.
Argüelles Moreno indicó que entre los municipios involucrados se encuentra Tamazunchale y que algunas instituciones educativas ya se encuentran en procesos de capacitación y seguimiento derivado de estas resoluciones. También destacó la colaboración con autoridades del sector educativo.
“Recibimos y reconocemos que hay muy buena vinculación en materia de sector educativo, entre ellas reconocer, por ejemplo, a Cobach o la Secretaría de Educación que ha estado preocupada y ocupada para atender este tipo de acciones”.
Sin embargo, al ser cuestionada sobre los otros tres casos, la ombudsperson no detalló públicamente cuáles son las autoridades señaladas ni el contenido de las recomendaciones, aunque aseguró que posteriormente compartirían la información.
El retraso en la publicación ocurre en un contexto donde el organismo también enfrenta cuestionamientos por otros temas pendientes, como el informe especial sobre desaparición de personas prometido desde 2019 y aún sin concluir.
Durante la entrevista, Argüelles Moreno defendió el bajo número de recomendaciones emitidas, además de que medir el desempeño de los organismos de derechos humanos únicamente por esa vía “no es atinada”.
“Las comisiones estatales de derechos humanos están operando precisamente hacia la prevención”, afirmó, al argumentar que muchos asuntos se resuelven mediante conciliaciones, acuerdos o restitución de derechos antes de llegar a una recomendación formal.
Incluso comparó el desempeño de la CEDH potosina con otros organismos del país.
“Si hacemos un comparativo, por ejemplo, Ciudad de México tiene del año pasado siete recomendaciones”.
La presidenta explicó que parte de los casos atendidos concluyen durante el trámite de queja mediante mecanismos de conciliación o reparación, por lo que el trabajo institucional no puede evaluarse únicamente por el número de recomendaciones emitidas.
No obstante, ante cuestionamientos sobre cuántas quejas se han presentado este año frente a las cuatro recomendaciones reportadas, Argüelles Moreno informó que existen aproximadamente 500 quejas registradas en 2026.
“En el año van aproximadamente como 500 quejas”.
Al ser cuestionada sobre si esto implicaría una proporción mínima de recomendaciones frente al universo de denuncias recibidas, respondió que no todas corresponden necesariamente a expedientes iniciados este mismo año, ya que algunas derivan de ejercicios anteriores y requieren procesos de análisis más prolongados.
Mientras tanto, pese a que Argüelles Moreno aseguró que las cuatro recomendaciones emitidas este año “sí son públicas”, estas todavía no pueden consultarse en el portal oficial de la CEDH, donde el apartado de recomendaciones continúa sin actualizarse desde 2025.
La entrevista también abordó otro de los mecanismos constitucionales con los que cuenta la CEDH con las que podría evaluarse su desempeño: las acciones de inconstitucionalidad. Sobre este tema, Argüelles Moreno reconoció que durante su gestión no se ha promovido ninguna contra reformas aprobadas por el Congreso local.
La titular del organismo argumentó que estas acciones representan una facultad y no una obligación, además de que existe comunicación constante con el Poder Legislativo para emitir opiniones previas sobre iniciativas.
“Muchas veces nos solicitan opiniones y estas opiniones nos advierten precisamente para evitar este tipo de acciones”.
No obstante, admitió que la Comisión sí podría promover acciones de inconstitucionalidad en caso de detectar posibles violaciones constitucionales, previo análisis jurídico y acercamiento con las personas promoventes.
