María Ruiz
Los archivos disponibles de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Plataforma Estatal de Transparencia revelan que durante los primeros meses de 2026 fueron registradas al menos 152 quejas ciudadanas contra dependencias estatales, corporaciones de seguridad, organismos operadores de agua, instituciones educativas y autoridades municipales, principalmente por presuntas violaciones a derechos humanos, abuso de autoridad, omisiones administrativas y deficiencias en servicios públicos.
La cifra corresponde a los expedientes documentados entre enero, febrero, marzo y abril de 2026, meses en los que la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, retrasos injustificados en investigaciones penales, acoso escolar, falta de atención médica, suspensión de servicios básicos y actos administrativos sin fundamentación legal.
De acuerdo con los registros públicos, enero cerró con 26 quejas; febrero con 21; marzo con 42; y abril alcanzó 63 expedientes, convirtiéndose en el mes con mayor número de inconformidades ciudadanas.
En conjunto, los documentos muestran un patrón constante de denuncias dirigidas principalmente contra la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Interapas y dependencias educativas.
Enero: 26 quejas por detenciones arbitrarias, amenazas y omisiones médicas
Durante enero fueron registradas 26 quejas ante la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas. De ese total, 16 fueron promovidas por mujeres y 10 por hombres.
Las edades de las personas denunciantes abarcaron prácticamente todos los sectores adultos de la población. Una persona tenía entre 15 y 19 años; una más entre 20 y 24 años; otra entre 25 y 29 años; dos entre 30 y 34 años; tres entre 35 y 39 años; una entre 40 y 44 años; una entre 45 y 49 años; cinco entre 50 y 54 años; tres entre 55 y 59 años; dos entre 60 y 64 años; dos entre 65 y 69 años; mientras que en cuatro expedientes no fue proporcionado el dato de edad.
La Fiscalía General del Estado encabezó las estadísticas con cinco expedientes relacionados con violaciones a la dignidad humana, amenazas e intimidación, detenciones arbitrarias, retrasos injustificados en investigaciones, omisión de informar las causas de detención y uso arbitrario de la fuerza pública.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social acumuló cuatro denuncias vinculadas con acoso sexual, detenciones arbitrarias, falta de medicamentos, ausencia de atención médica y omisiones legales en actos administrativos.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) registró tres expedientes relacionados con vulneraciones a derechos de menores de edad, obstáculos al acceso a servicios educativos y omisiones frente a casos de acoso escolar.
El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) recibió dos denuncias por afectaciones a la dignidad humana, violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes, afectaciones al derecho al trabajo y maltrato estudiantil.
El Ayuntamiento de Soledad y su Guardia Civil Municipal fueron señalados en dos expedientes por detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza.
Los archivos públicos también indican que durante enero hubo denuncias promovidas por población general, víctimas de delito, adultos mayores, adolescentes, personas privadas de la libertad y periodistas.
Aunque en el apartado administrativo correspondiente a expedientes iniciados se asentó la leyenda “No aplica”, durante enero fueron emitidas cinco medidas precautorias.
La primera, identificada como DQMP-0001/2026, fue dirigida a Interapas y ordenó garantizar el suministro de agua potable en la colonia Pedroza, asegurando cantidad, calidad y disponibilidad del servicio.
La segunda medida, DQMP-0002/2026, fue emitida contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para proteger el interés superior de una persona menor de edad privada de la libertad en el Centro de Internamiento Juvenil. La tercera, DQMP-0003/2026, solicitó a la misma dependencia salvaguardar la integridad y seguridad personal de una peticionaria, evitando actos de molestia sin fundamentación legal.
La cuarta medida precautoria, DQMP-0004/2026, fue dirigida a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para garantizar atención médica adecuada y respeto al derecho a la salud de una persona solicitante.
Finalmente, la medida DQMP-0005/2026 fue emitida contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado para proteger la integridad de un peticionario y de sus padres, quienes denunciaron actos de molestia atribuidos a elementos de la Guardia Civil Estatal.
Febrero: 21 expedientes; ayuntamientos y corporaciones policiacas entre los más denunciados
En febrero se registraron 21 quejas. De ese total, 12 fueron presentadas por mujeres y nueve por hombres. Las edades oscilaron entre los 21 y los 72 años.
La clasificación poblacional de los expedientes mostró que 11 correspondieron a personas de población general; dos a personas internas o detenidas; dos a servidores públicos; tres a niñas y niños; uno a una persona adulta mayor; y dos a personas indígenas.
La Fiscalía General del Estado volvió a colocarse como la dependencia con más denuncias al acumular seis expedientes relacionados con violaciones al derecho a la seguridad jurídica derivadas de retrasos injustificados en investigaciones y carpetas penales.
Los ayuntamientos concentraron varias de las inconformidades ciudadanas registradas ese mes. El Ayuntamiento de Ciudad Valles recibió una denuncia por detención arbitraria y vulneración a la libertad y seguridad personal.
El Ayuntamiento de Tamazunchale acumuló dos expedientes por omitir responder solicitudes ciudadanas, afectando el derecho de petición.
El Ayuntamiento de Tampamolón Corona enfrentó dos denuncias por uso indebido de bienes asegurados y actos administrativos sin fundamentación legal.
El Ayuntamiento de Xilitla recibió una queja más por detención arbitraria.
La SEGE registró cuatro denuncias por omisiones frente a casos de acoso escolar, maltrato estudiantil y afectaciones al derecho al trabajo.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acumuló cuatro expedientes relacionados con actos sin fundamentación legal, detenciones arbitrarias y maltrato durante aseguramientos.
El SEER recibió una denuncia por vulneración al derecho a la igualdad de menores de edad.
Los documentos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia detallan además que durante febrero se emitió una medida precautoria identificada como expediente 2VMP-0002/26 contra el Ayuntamiento de Tampamolón Corona por presuntas violaciones al derecho a la legalidad y al trabajo. El informe señala que dicha medida fue aceptada por la autoridad señalada.
Durante ese mismo periodo fueron concluidos 11 expedientes. Tres fueron cerrados por falta de evidencia; uno por acumulación; uno por inexistencia de materia; y seis más fueron solucionados durante el trámite administrativo.
Marzo: 42 quejas; mujeres concentraron la mayoría de denuncias
De acuerdo con los informes disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia, durante marzo de 2026 fueron registradas 42 quejas ante la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Del total de expedientes, 30 fueron promovidos por mujeres y 12 por hombres. Las edades de las personas usuarias abarcaron desde los 15 hasta los 79 años. Tres personas tenían entre 15 y 19 años; cinco entre 25 y 29 años; una entre 30 y 34 años; una entre 35 y 39 años; cuatro entre 40 y 44 años; tres entre 45 y 49 años; una entre 50 y 54 años; una entre 55 y 59 años; tres entre 60 y 64 años; dos entre 65 y 69 años; dos entre 70 y 74 años; una entre 75 y 79 años; además de 15 expedientes en los que no se especificó la edad de las personas denunciantes.
La clasificación poblacional mostró que 29 expedientes correspondieron a personas de población general; uno a una víctima de delito; cuatro a personas adultas mayores; tres a estudiantes; dos a personas internas o detenidas; uno a una persona migrante; uno a una persona defensora civil de derechos humanos; y uno más relacionado con afectaciones a derechos laborales.
Los reportes de marzo identificaron además como principales causas de inconformidad ciudadana la dilación institucional, los retrasos injustificados en investigaciones y trámites, el trato indigno, la violencia ejercida por servidores públicos, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, las omisiones médicas, las deficiencias educativas y actos de corrupción relacionados con corporaciones policiacas.
La información pública también mostró que las mujeres representan la mayoría de solicitantes de apoyo en casos de violencia familiar y acompañamiento jurídico, llegando a representar entre el 71 y el 83 por ciento de las víctimas en algunos sectores específicos.
En contraste, los hombres registraron una mayor incidencia en reportes relacionados con corrupción y abusos en contextos de seguridad pública.
El grupo de personas entre 60 y 69 años apareció además como uno de los sectores más activos en solicitudes de orientación jurídica y denuncias patrimoniales relacionadas con fraudes y despojos.
Abril: Interapas, Fiscalía y Seguridad Pública encabezan expedientes
Abril se convirtió en el mes con mayor número de quejas registradas en los archivos disponibles en la Plataforma Estatal de Transparencia. Durante ese periodo fueron documentados 63 expedientes.
Del total de denuncias, 48 fueron promovidas por mujeres y 15 por hombres. Las edades oscilaron entre los 15 y los 89 años, aunque en 15 casos no fue proporcionado el dato de edad.
La clasificación poblacional mostró que 49 expedientes correspondieron a personas de población general; tres a adultos mayores; tres a personas con discapacidad; dos a personas indígenas; dos a personas privadas de la libertad; dos a víctimas de delito; uno a un estudiante; y uno a un periodista.
Interapas encabezó las estadísticas de abril con 10 denuncias relacionadas con cobros injustificados, suspensión de servicios de agua y drenaje y negativa de atención o medicamentos.
La Fiscalía General del Estado acumuló nueve expedientes por detenciones arbitrarias, amenazas, retrasos injustificados en investigaciones penales, negativa a recibir denuncias, falta de intérprete y retenciones ilegales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró siete denuncias relacionadas con maltrato durante detenciones, lesiones, actos sin fundamentación legal y apoderamiento indebido de bienes.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social también sumó siete expedientes vinculados con negativa de atención médica, falta de medicamentos, amenazas, traslados injustificados y omisiones en vigilancia de personas privadas de la libertad.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí acumuló cinco denuncias por omisiones frente a casos de acoso escolar, discriminación, obstáculos al derecho de defensa adecuada y presuntas violaciones a la presunción de inocencia.
Los documentos públicos detallan además que durante abril fueron emitidas 13 medidas precautorias para evitar daños irreparables a personas afectadas.
Entre las principales acciones figuraron órdenes dirigidas a Interapas para garantizar suministro de agua potable y reparación de drenaje; medidas contra la Secretaría de Seguridad Pública para proteger a personas víctimas de detenciones arbitrarias; acciones dirigidas a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para garantizar atención médica y condiciones dignas a personas privadas de la libertad; así como medidas orientadas a proteger a estudiantes frente a violencia escolar en instituciones educativas estatales.
