Desiree Madrid
Después de la resolución judicial que dejó sin efecto 44 concesiones mineras en Wirikuta, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que la experiencia de la actividad minera en la entidad no ha sido positiva.
Al ser cuestionado sobre posibles afectaciones o acercamientos con empresarios del sector tras el fallo, el funcionario respondió que este tipo de concesiones no dependen, en su mayoría, del gobierno estatal, sino de la administración federal.
En ese mismo sentido, señaló que las concesiones que fueron anuladas recientemente no fueron otorgadas por el Estado, con lo que acotó el margen de intervención directa de la administración estatal en este caso.
Sin embargo, más allá del tema administrativo, Torres Sánchez introdujo una valoración sobre el historial de la minería en San Luis Potosí.
“Lo único que te puedo decir es que no hay una buena experiencia”, afirmó, sin abundar en cifras o evaluaciones específicas.
Para ejemplificar, mencionó el caso del Cerro de San Pedro, donde durante años se desarrolló un proyecto minero a cielo abierto.
“Basta mirar qué es lo que ocurrió… una minera por años estuvo explotando la zona y nos la dejó peor que un topo, acabó con la identidad de San Luis Potosí”, expresó.
La referencia apunta a uno de los casos más visibles en la discusión local sobre impactos ambientales y sociales de la minería.
Sin embargo, matizó que el gobierno estatal no rechaza de manera absoluta este tipo de inversiones, y reconoció que el desacuerdo se centra en la forma en que algunas empresas operan.
“Lo que más bien se está en desacuerdo es que no sean socialmente responsables… y que destruyan todo un ecosistema o un lugar en cuanto a su identidad e historia”, añadió.
Actualmente existe un proceso legal aún abierto en torno a Wirikuta, una región de relevancia ambiental y cultural. El fallo reciente forma parte de una disputa más amplia que incluye concesiones que permanecen vigentes y recursos legales en curso.
