Fernanda Durán
En rueda de prensa previa a la inauguración del 4° Foro No al Fracking en defensa del territorio, el agua y la vida, representantes comunitarios, consejeros indígenas y organizaciones civiles delinearon una nueva ruta de acción para frenar cualquier intento de exploración o extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina.
El eje de esa estrategia fue expuesto por Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), quien planteó retomar mecanismos políticos y jurídicos que ya fueron utilizados entre 2014 y 2018, cuando surgió la primera amenaza de fracking en la región.
Durante su intervención, Del Rosal recordó que la oposición comunitaria no es reciente ni improvisada, sino resultado de un proceso organizativo de varios años; las comunidades indígenas ya realizaron asambleas y consultas internas desde aquel periodo, en las que rechazaron de forma contundente esta práctica.
Afirmó que esa resistencia fue una de las razones por las que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador asumió públicamente una postura contraria al fracking, por lo que no se trata de un debate nuevo ni de una inconformidad surgida apenas con el actual Plan Estratégico de Pemex 2025-2035.
El asesor de la COCIHP detalló que uno de los acuerdos centrales consiste en solicitar a los ayuntamientos de los 17 municipios que podrían verse afectados que levanten actas de cabildo para no autorizar cambios de uso de suelo.
“Pero ahorita ni en los regidores, ni los presidentes de usuales están de acuerdo tampoco con esa con esa práctica. Se han manifestado al respecto”.
Explicó que esta vía se sustenta en el artículo 115 constitucional, que otorga a los municipios la facultad exclusiva para autorizar ese tipo de modificaciones. Actualmente, el uso del suelo en esas zonas es agrícola, ganadero, forestal e incluso turístico, no industrial, por lo que cualquier intento de habilitar actividades extractivas requeriría el aval de los cabildos.
Del Rosal planteó que esa misma estrategia ya dio resultados en el pasado, pues entre 2014 y 2018 al menos nueve municipios emitieron actas en rechazo a este tipo de proyectos, entre ellos Ciudad Valles, Tamazunchale, San Antonio, Tancanhuitz, Tanlajás, Tanquián, Ébano, Tamuín y Xilitla. A ello se sumaron más de 200 actas de asamblea comunitaria, cuyo valor, afirmó, se fortalece ahora con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
A la par de la vía municipal, el activista señaló que otro de los acuerdos es exigir una definición de la representación popular del estado. En ese sentido, sostuvo que los 27 diputados y diputadas del Congreso del Estado tendrían que pronunciarse en congruencia con la demanda social y respaldar un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que se agilice el trámite y discusión de la iniciativa que busca prohibir constitucionalmente el fracking mediante una reforma al artículo 27.
La estrategia comunitaria no se limita al ámbito institucional. Del Rosal advirtió que, si alguna empresa intentara ingresar a perforar como ocurrió en años anteriores, las comunidades volverían a movilizarse para defender el territorio, pues en el periodo anterior hubo puntos como San Pedro, en el municipio de San Antonio, donde miles de personas se congregaron en muy poco tiempo para impedir el avance de esos proyectos.
“Va a defender su territorio”, sostuvo al explicar que ninguna comunidad aceptaría que una perforación en un punto termine afectando a otras, debido a la cercanía entre localidades y a la interconexión de sus fuentes de agua.
La argumentación expuesta por Del Rosal se apoyó también en los riesgos territoriales y ambientales de la región debido a que el Plan Estratégico de Pemex contempla perforaciones en dos polígonos dentro de la Huasteca Potosina, que abarcan 17 municipios, 367 comunidades y más de 4 mil 444 kilómetros cuadrados.
Advirtió que unos 200 cuerpos de agua permanentes estarían en riesgo, incluidos ríos que abastecen de agua para uso doméstico y actividades productivas a unas 735 mil personas, de las cuales alrededor del 70 por ciento pertenece a pueblos indígenas, quienes en su totalidad se encuentran posicionados en contra de la práctica.
Las comunidades en contra y el apoyo de otros estados
La consejera nacional de pueblos indígenas y representante tének, Cenorina Bernal Fernández, sostuvo que las comunidades tének y nahua mantienen la misma postura de rechazo total al fracking y cuestionó que el actual Gobierno Federal haya retomado un plan que reproduce lógicas de administraciones anteriores.
Señaló que parecía que “la Cuarta T es continuidad del gobierno de Peña Nieto”, al considerar que no hay congruencia entre el discurso de respaldo a los pueblos indígenas y la posibilidad de reactivar un proyecto que afectaría directamente sus territorios.
Recordó además que, desde 2018, las comunidades ya habían fijado su negativa mediante consultas y actas, e incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una iniciativa para prohibir esta práctica.
En la misma línea, la consejera nacional de pueblos indígenas Hermelinda Vázquez Bautista afirmó que las comunidades no permitirán que el fracking llegue a sus territorios, al definirlo como “un proyecto de muerte”.
Por su parte, Gerarda Reyes Pérez, secretaria de la asociación Kichaj, advirtió que en muchas comunidades de la Huasteca todavía dependen de pozos y manantiales porque ni siquiera cuentan con red de agua potable, por lo que la contaminación asociada a esta técnica tendría efectos especialmente graves.
A ello se sumó Rufino Gutiérrez Hernández, autoridad comunitaria de Pilateno, Xilitla, quien remarcó que las comunidades ya cuentan con actas y firmas para defender su territorio, y aun cuando un pueblo aceptara el proyecto, los impactos alcanzarían a otras localidades por la conexión entre cerros, manantiales y corrientes de agua.
El representante Enrique Ayala Carrejo, proveniente del norte de Sinaloa, expresó su respaldo a la lucha de las comunidades de la Huasteca, ya que la oposición al fracking no es un fenómeno aislado, sino una resistencia a nivel nacional.
Señaló que en su región ya se han visto las consecuencias de este tipo de proyectos en el que zonas agrícolas han sido transformadas por la instalación de infraestructura energética.
“No únicamente en la región Huasteca se oponen (…) esta oposición es a nivel nacional”, sostuvo, al advertir que esta práctica no representa desarrollo, sino impactos ambientales para los territorios.
