Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) y el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ consideran que el comité de investigadores que analizará la posibilidad de implementar la fracturación hidráulica está “hecho a modo” para legitimar una decisión que ya está tomada, e incurre en omisión ética y jurídica de las comunidades indígenas que serán directamente afectadas.
En relación al comité presentado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina del pasado 15 de abril, Juan Felipe Cisneros Sánchez del OIM expresó que su integración únicamente con académicos de diversas instituciones, es una omisión ética y jurídica fundamental.
“La ciencia debe proteger la vida, no diseñar la ingeniería del despojo. Sin una participación indígena e interdisciplinaria real, no hay ciencia; hay simulación”.
Precisó que no es posible determinar la viabilidad de un proyecto que compromete la vida de los pueblos originarios desde un escritorio en la Ciudad de México. Al hacerlo, se ignora que la autonomía y la consulta previa, libre e informada no son sugerencias técnicas, sino mandatos constitucionales.
Además, señaló que el Gobierno Federal intenta revestir de objetividad científica una técnica que la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prometió prohibir en continuidad al compromiso 75 de los 100 puntos del sexenio anterior, representa una regresión política.
“Estamos ante una imposición presidencial que pretende legitimarse con un aire de “ciencia de cubículo”, pues ninguno de los integrantes del comité es indígena ni habita las regiones amenazadas.
La exclusión de los pueblos tének, náhuatl y totonaco reduce el territorio a una simple “reserva de recursos”, ignorando la cosmovisión y la relación cultural con la tierra”.
En este sentido, indicó que, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 constitucional, un comité académico no puede sustituir la voluntad de las comunidades que ya han declarado sus territorios “libres de fracking“, es decir, su negativa a cualquier proyecto en la que se implemente la técnica devastadora.
El activista señaló que técnicamente se pretende ocultar el impacto hídrico, pues un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que no regresan al ciclo hidrológico. Este volumen se convierte en agua de retorno contaminada con más de 750 sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas, que amenazan los acuíferos de la región Tampico-Misantla.
Además de que la narrativa de la “soberanía energética” colisiona con la realidad financiera de un Pemex profundamente endeudado, lo que solo incrementará la dependencia tecnológica y financiera con Estados Unidos.
Por su parte, el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’ consideró que la función de este comité de 17 especialistas en geología, fluidos e hidrocarburos, no es realmente evaluar la viabilidad del fracking, sino legitimar un camino ya decidido bajo el manto incuestionable de la ciencia.
Apuntan a que, mientras el discurso oficial asegura que “no se improvisa” y que la meta es una “soberanía energética sin comprometer la seguridad hídrica”, se hace evidente que la estrategia es que la discusión quedará secuestrada en “una torre de marfil tecnocrática”.
En este sentido, mencionaron que se debatirá sobre tipos de químicos “biodegradables” o el “reciclamiento del agua” en circuitos cerrados, evitando cuestionar a quién beneficia y a quién destruye esta práctica.
“Desde una óptica posestructural, este comité opera como una ‘episteme’ que excluye deliberadamente todo saber que no esté validado por el logos occidental de la ingeniería petrolera. Se silencia la ‘gubernamentalidad’ extractiva que se impone sobre los territorios.
¿Dónde están los saberes de las comunidades campesinas de Coahuila, Nuevo León y Veracruz que ya padecen la muerte de sus cítricos y la infertilidad de la tierra por el fracking convencional? ¿Dónde está la voz de las más de 80 ONGs que han advertido que no existe tal cosa como el fracking sustentable?”.
Coincidieron con Cisneros Sánchez en que el discurso de la soberanía energética frente al 75 por ciento de dependencia del gas de Texas es una poderosa herramienta biopolítica, a través de la cual se infunde miedo a la escasez para aceptar el “veneno” de la fractura.
“Se nos dice que no se hará ‘nada contra la población’ y que se consultará a las comunidades afectadas, en un gesto de inclusión que resulta, cuando menos, cínico. Se trata de una ‘colonialidad del sabe’ actualizada: la academia metropolitana decide el destino de los cuerpos y los ríos en la periferia”.
Concluyeron que, en esencia, el comité presentado es un teatro de sombras, pues el Estado intenta, a través de la ciencia, construir una ficción de sostenibilidad. Sin embargo, no existe evidencia científica de que esta técnica sea ambientalmente viable en un país con estrés hídrico severo como el que padece México.
