Fernanda Durán
Tras casi tres meses sin avances públicos, el Congreso del Estado reactivó este 28 de abril la revisión del caso Tampacán, relacionado con el incumplimiento de un laudo laboral por cerca de 250 mil pesos que el Ayuntamiento no ha pagado desde hace más de una década, pese a una sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
En sesión privada, las comisiones unidas de Gobernación y Justicia acordaron solicitar informes formales tanto al Ayuntamiento de Tampacán como al TEJA para conocer el estado actual del cumplimiento antes de determinar nuevas acciones legislativas dentro del expediente 440/2012/2.
El tema avanzó posteriormente al Pleno, en seguimiento al procedimiento iniciado luego de que el entonces Tribunal Estatal de Justicia Administrativa notificó al Congreso sobre el incumplimiento de la sentencia definitiva derivada del juicio promovido por un ex policía municipal, cuyo pago ha permanecido pendiente a lo largo de diversas administraciones.
Aunque la mayoría de participantes evitó dar detalles sobre el tema, en entrevista, la diputada Sara Rocha Medina confirmó que el caso sí fue revisado nuevamente por las comisiones, aunque rechazó calificarlo directamente como desacato.
“No es desacato, vimos ese tema, sí es correcto. ¿Y cuáles son los asuntos? Vamos a poner informes de cómo está el tema para poder lograr que se cumpla la sentencia del TEJA”.
La legisladora precisó que por ahora el Congreso no emitirá juicios anticipados sobre si el pago fue o no cubierto al ex elemento policial, sino que primero solicitará información formal tanto al Ayuntamiento de Tampacán como al propio tribunal para conocer el estatus real del cumplimiento.
Sobre si el laudo ya habría sido pagado, Sara Rocha insistió en que el Congreso busca evitar prejuzgar sin documentación oficial.
“Yo no quisiera decir que se les pagó, por eso vamos a pedir los informes, ya no podemos anteponer temas que no nos corresponden. Y por ello el Congreso y las Comisiones decidimos por unanimidad, todos los diputados y diputadas, que pidamos informes para no equivocarlo. No podemos ser ni juez ni parte, y tenemos que ser primero muy objetivos con los informes que nos manden y ya tomaremos decisiones”.
Rocha Medina añadió que se trata de un caso con más de una década de antecedentes, por lo que su análisis implica revisar el historial institucional completo antes de cualquier determinación sobre responsabilidades específicas o posibles sanciones a exalcaldes y figuras que actualmente ocupan otros cargos públicos, hasta contar con los informes oficiales solicitados por el Congreso.
“Es un tema desde hace 11 años me parece. Entonces, no es un tema sencillo, es un tema que habrá que cumplir, por ello pedimos nosotros los informes para saber cuáles son”.
El expediente corresponde a una cadena de posibles responsabilidades aparecen administraciones encabezadas por Christian Joaquín Sánchez Sánchez, ahora titular de Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (Cefim); Nicasio Martiniano Dolores, Filemón Hilario Flores, la diputada Brisseire Sánchez López y la gestión actual de Santiago Rodríguez Posadas, en un conflicto institucional que ha sobrevivido a diversos cambios de gobierno.
Aunque el Congreso aún no define responsabilidades individuales, la nueva revisión representa un paso adicional dentro del procedimiento legislativo para determinar si existió incumplimiento continuado de una resolución judicial y, en su caso, qué autoridades podrían estar involucradas por omisión en la ejecución del laudo.
