Fernanda Durán
La diputada presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García Martínez, advirtió que la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del Interapas, anunciada para el 30 de mayo, carece hasta ahora de sustento técnico, financiero y jurídico, lo que podría derivar en un escenario “caótico” para el suministro de agua en la zona metropolitana.
La legisladora señaló que, aunque la decisión corresponde en primera instancia a los municipios, el Congreso se mantendrá a la espera de que exista un acuerdo formal y documentación suficiente para poder analizarla.
“Lo que yo siempre he señalado es, bueno, esperaremos cuando nosotros tengamos que dictaminar o que nos llegue la información al congreso y hacer lo correspondiente”.
García Martínez subrayó que, más allá del anuncio político, no se ha presentado un proyecto integral que detalle cómo operaría el servicio en Soledad tras su salida del organismo intermunicipal. En ese sentido, cuestionó la falta de claridad sobre el abastecimiento, las concesiones de agua y la viabilidad financiera del municipio.
“Se ha dejado nada más muy ambiguo en el sentido de una desincorporación, pero no se ha presentado, por ejemplo, de qué manera van a abastecer, qué garantía y seguridad y derecho del consumo humano le dejan a Soledad de Graciano Sánchez”.
La diputada también retomó las advertencias técnicas que han surgido en torno al tema, como el control de las concesiones, en su mayoría ubicadas en la capital y la deuda acumulada del Interapas, aspectos que no pueden quedar fuera del análisis.
“No es una cosa nada más de mencionarlo como sí, ya se va a hacer y no pasa nada, ¿qué implicaría?”, cuestionó.
Desde su perspectiva, la eventual separación podría generar desorden en la gestión del recurso, al tratarse de un sistema que fue concebido como intermunicipal debido a que los municipios comparten un mismo acuífero.
“Me parece algo muy caótico, es preocupante, porque además técnicamente es el único acuífero por eso se integró de manera intermunicipal, porque dependemos del mismo acuífero. Entonces, el hacer administrativamente cada quien por su lado, claro que desataría un caos con todos los antecedentes que ya existen”.
Riesgo al derecho humano al agua
Al ser cuestionada sobre el impacto en el derecho humano al agua, la legisladora fue enfática en señalar que, en las condiciones actuales, la desincorporación podría vulnerarlo.
“No, yo creo que se vulnera”, respondió, al insistir en que no existe hasta ahora un plan que garantice el abasto para la población de Soledad.
Indicó que, además de la viabilidad técnica, es necesario que exista voluntad política para construir un modelo que asegure el suministro continuo y suficiente. Sin embargo, no se ha presentado ningún documento formal que sustente la transición.
“Repito, no he conocido ni un proyecto, ningún presupuesto, ningún proyecto que se presente en donde Soledad diga, esto es lo que se va a hacer y esto es la garantía que le damos a la ciudadanía de que van a tener agua”.
Finalmente, García Martínez precisó que el Congreso no puede intervenir directamente en la negociación entre municipios ni en decisiones del ámbito ejecutivo, pero sí tendrá la responsabilidad de analizar el acuerdo cuando sea turnado formalmente.
“Hay incertidumbre, desgraciadamente a nosotros, a lo mejor no pudiéramos como hacer o meternos más allá en lo ejecutivo, esperaremos a que llegue esa información, ese acuerdo, los documentos de la junta de Gobierno y pues analizaremos, desde el congreso para hacer justamente ya el dictamen”.
La postura de la presidenta de la Comisión del Agua se suma a las advertencias técnicas y financieras planteadas por autoridades federales y municipales, en medio de un debate que, hasta ahora, sigue sin un proyecto integral público que respalde la separación del Interapas.
