Fernanda Durán
La iniciativa presentada por Enrique Galindo Ceballos, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, para ampliar descuentos en la regularización de contratos de agua potable y establecer incentivos para desarrollos de vivienda social durante 2026, enfrenta observaciones en la Comisión del Agua del Congreso del Estado que podrían impedir su aprobación.
Durante su revisión se cuestionó que Galindo promoviera la reforma como presidente de la Junta de Gobierno del organismo operador y no como presidente municipal. También se advirtió que los beneficios propuestos tendrían un periodo de aplicación limitado ante la proximidad del cierre del ejercicio fiscal.
No obstante, la presidenta de la comisión, Nancy Jeanine García Martínez, aclaró que la iniciativa no fue rechazada formalmente durante la reunión del 10 de noviembre, pues no se sometió a votación; únicamente se dio cuenta de su contenido y se solicitaron modificaciones.
La propuesta fue presentada ante el Congreso el 27 de octubre y turnada a las comisiones del Agua y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal. Plantea reformar el artículo sexto transitorio y adicionar un séptimo transitorio al Decreto 0339, correspondiente a la Ley de Cuotas y Tarifas de Interapas para el ejercicio fiscal 2026.
El cuestionamiento sobre las facultades del promovente se relaciona con las atribuciones que la legislación reconoce a los organismos operadores de agua y a sus juntas de gobierno.
El artículo 61 de la Constitución Política del Estado establece quiénes tienen derecho a iniciar leyes y decretos, entre ellos los diputados, el gobernador, los ayuntamientos y la ciudadanía, conforme a los requisitos legales. No contempla expresamente a los presidentes de las juntas de gobierno de organismos operadores.
Por su parte, el artículo 96, fracción III, de la Ley de Aguas del Estado establece un procedimiento específico para la presentación de las iniciativas anuales de cuotas y tarifas: el director general del organismo formula la propuesta, la Junta de Gobierno la analiza y autoriza, y posteriormente se remite al ayuntamiento correspondiente para que este la presente al Congreso.
A diferencia de ese procedimiento anual, la iniciativa revisada busca modificar artículos transitorios de la ley vigente durante 2026, por lo que se planteó que Galindo debió promoverla mediante una vía distinta a su calidad de presidente de la Junta de Gobierno.
La propuesta contempla dos incentivos. El primero consiste en ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 un beneficio fiscal que concluyó el 30 de junio y que permite regularizar contratos de agua potable en viviendas ubicadas en zonas que ya cuentan con infraestructura hidráulica.
Establece un descuento del 100 por ciento en derechos de contratación, multas y cargos presuntivos para propietarios que no hayan formalizado su contrato con Interapas, quienes tendrían que acreditar la propiedad del inmueble mediante la documentación correspondiente.
Sin embargo, el incentivo no comprende los derechos de incorporación previstos en el artículo 18 de la ley, relacionados con la integración de inmuebles o desarrollos a la infraestructura hidráulica, que continuarían siendo exigibles cuando correspondan.
El segundo beneficio está dirigido a desarrollos habitacionales vinculados con programas federales o de instituciones públicas de vivienda social.
En este caso, la iniciativa propone descuentos progresivos sobre los derechos de incorporación, dependiendo del número de viviendas contempladas en cada proyecto: 20 por ciento para proyectos de hasta mil viviendas; 30 por ciento para desarrollos de mil una a 3 mil; 40 por ciento de 3 mil una a 5 mil; 50 por ciento de 5 mil una a 10 mil, y 60 por ciento para aquellos que superen las 10 mil viviendas.
Estos incentivos tendrían que ser solicitados por la institución pública promotora, que además debería acreditar la vinculación del proyecto con programas de vivienda social y los sectores de población beneficiarios.
El asesor legislativo también cuestionó la oportunidad de modificar una ley que dejará de estar vigente al concluir diciembre, pues el procedimiento para analizar y aprobar la reforma podría extenderse durante noviembre, dejando aproximadamente un mes para aplicar el beneficio de regularización.
Ante ese escenario, planteó la posibilidad de que Interapas incluyera los estímulos en su iniciativa de cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2027, que ya se encuentra bajo revisión del Congreso.
La diputada Nancy Jeanine García Martínez señaló que la propuesta también pretende apoyar los desarrollos relacionados con el programa federal de vivienda del Infonavit.
La legisladora coincidió en que los plazos de aplicación durante 2026 son reducidos y mencionó la posibilidad de contemplar los beneficios en la legislación tarifaria del siguiente ejercicio.
El cuestionamiento sobre las facultades de Galindo para presentar la iniciativa contrasta con lo ocurrido en noviembre de 2023, cuando la pasada Legislatura aprobó una reforma a los artículos transitorios de la ley tarifaria de Interapas, promovida también por el alcalde como presidente de la Junta de Gobierno, para implementar el programa de descuentos “Acaba tu deuda de una vez”.
En aquella ocasión, la Comisión del Agua consideró que el artículo 96 de la Ley de Aguas facultaba a las juntas de gobierno para remitir propuestas de cuotas y tarifas al Congreso. Además, reconoció que los organismos operadores no podían otorgar directamente beneficios fiscales por no ser autoridades fiscales, por lo que era necesaria la aprobación legislativa.
Aunque se trataba de otro programa y de la legislación vigente en 2023, la comisión reconoció entonces la legitimación para presentar aquella iniciativa. En la revisión de la propuesta de 2026, en cambio, se cuestionó la facultad con la que Galindo promovió la reforma, sin que hasta ahora exista una resolución formal al respecto.
