Estela Ambriz Delgado
Entre las comunidades que han sido afectadas por el retraso en la ministración de los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) está Mecatlán, en Tamazunchale, que es un ejemplo del desfase de San Luis Potosí en relación con otros estados que sí recibieron los recursos desde abril del año pasado, mientras que en el estado se dispersaron hasta octubre.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), denunció la situación que se presenta en esta comunidad, en la que la responsable regional de la Secretaría de Bienestar intentó responsabilizar a las autoridades comunitarias del atraso en la realización de sus obras.
Informó que el intento de la funcionaria por evadir la responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, representantes de los barrios que integran la comunidad, dejaron en claro que mientras en el discurso se habla de prioridad, en la realidad San Luis Potosí fue enviado al final de la fila, pues los recursos que debían ministrarse en abril, llegaron en los últimos días de octubre de 2025.
“Para Bienestar, cinco meses de retraso parecen ser un error de dedo; para Mecatlán, donde los fondos aparecieron hasta noviembre, fue una condena a ejecutar lo imposible en solo sesenta días. Este Observatorio ya lo había advertido, la combinación de lentitud administrativa y una infraestructura bancaria de juguete solo podía terminar en perjuicio de quienes menos tienen”.
En relación al programa, recordó las irregularidades como el recorte de 56 mil 736 millones 536 mil pesos por la omisión de Bienestar de 536 comunidades, a lo que se suma que en el estado tanto la secretaría como la representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), mantienen bajo llave 56 millones 228 mil 910 pesos que pertenecen a la infraestructura indígena del ejercicio 2025, afectando a casi 35 mil personas de la Huasteca Potosina.
Puntualizó que esta situación prevalece a pesar de que los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito, con sede en Ciudad Valles, emitieron sentencias favorables a las comunidades en el mes de enero, en el juicio de amparo 269/2025-V y sus acumulados.
El titular de INPI, Adelfo Regino Montes, el representante estatal Mario Alberto Godoy Ramos, y Guillermo Morales, optaron por el desacato y no han entregado los recursos que le pertenecen a las comunidades.
“No ignoramos que el fondo debe gastarse cada año según las reglas. Sin embargo, el gobierno no puede usar la excusa de que ‘ya se acabó el año fiscal’ para no pagar; si existe una sentencia de amparo de por medio (…), si un juez ordena pagar mediante un amparo, el gobierno está obligado a sacar el dinero, aunque el año presupuestal ya haya terminado, o las reglas digan lo contrario”.
Concluyó que la retención de los citados recursos en el Banco del Bienestar es ilegal y es utilizada como un mecanismo de “extorsión política”, en el que el Gobierno Federal se niega a liberar los fondos debido a que las comunidades no desistieron de los amparos interpuestos contra las irregularidades de la gestión actual y la imposición de funcionarios sin identidad indígena, como es el caso de Godoy Ramos.
