Estela Ambriz Delgado
A pesar de haber pactado su asistencia a una asamblea el pasado viernes 22 de mayo en la comunidad de Mecatlán, municipio de Tamazunchale, autoridades de la Secretaría de Bienestar dejaron plantados a los asistentes, quienes exigen transparencia en el ejercicio fiscal 2025 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) informó que, pese al compromiso del delegado estatal, Guillermo Morales López, y de la delegada regional, Areli García Antonio, hecho público desde el 6 de mayo, ambos no se presentaron a la asamblea comunitaria y únicamente enviaron a servidores de la nación.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante de esta organización, calificó la inasistencia de los funcionarios como un agravio directo a la dignidad, la buena fe y los derechos fundamentales de los habitantes de los 13 barrios de esta localidad. Añadió que ello demuestra una profunda ignorancia o un desprecio absoluto hacia las instituciones de gobierno propio de los pueblos originarios.
Señaló que pretender enviar a servidores de la nación con la única instrucción de integrar el comité de 2026, sin haber cerrado ni transparentado el ejercicio fiscal 2025, bajo el argumento de que ellos “desconocen los compromisos”, constituye un intento de imposición vertical.
“Rompe el diálogo intercultural y minimiza la capacidad analítica de la comunidad, pretendiendo, en palabras de los propios afectados, lavarles el coco”.
En este sentido, el activista mencionó que el argumento esgrimido por la servidora de la nación asistente, quien se deslindó al señalar que “solo asisten a integrar el comité y no a realizar un cierre de obras”, carece de validez jurídica y ética, dado que, bajo el marco del artículo 1º constitucional, todo servidor público es una extensión del Estado.
“Los operadores territoriales no pueden fragmentar su responsabilidad alegando ignorancia o limitación de funciones cuando se trata de la violación de derechos colectivos. Acudir a una comunidad a exigir el inicio de un nuevo ciclo administrativo (2026), mientras la institución que representan mantiene un boquete financiero de 2.5 millones de pesos del año anterior, es una incongruencia que dinamita la confianza legítima, un principio general del derecho que obliga a las autoridades a sostener la palabra empeñada ante los ciudadanos”.
Para comprender la magnitud de la crisis en Mecatlán, el activista señaló que se vulnera el artículo 1º constitucional, pues al retrasar unilateralmente la ministración de los recursos públicos del ejercicio 2025 hasta el mes de noviembre, y al adeudar actualmente más de 2.7 millones de pesos destinados a infraestructura básica mediante el FAISPIAM, la Secretaría de Bienestar transgrede el derecho al desarrollo social y a una vida digna.
Subrayó que el presupuesto destinado a comunidades indígenas no es una dádiva gubernamental, sino un derecho humano interdependiente. Bloquear o retrasar el flujo de estos fondos detiene el acceso al agua, caminos y servicios de salud, lo cual constituye una regresión flagrante en la garantía de los derechos humanos que el Estado está obligado a tutelar.
Además, Cisneros Sánchez sostuvo que esto atenta contra la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, reconocida y garantizada en el artículo 2º constitucional, así como contra su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
Precisó que la asamblea comunitaria es la máxima autoridad en la toma de decisiones en Mecatlán y no un espacio subordinado a los tiempos del funcionariado. Por ello, advirtió que, si Bienestar pretende avanzar con la agenda de 2026 en la Huasteca Potosina, debe entender que la justicia social no se edifica sobre deudas financieras y promesas rotas.
“El delegado estatal y la delegada regional deben presentarse de inmediato en Mecatlán. No a imponer las reglas de la burocracia, sino a rendir cuentas ante la dignidad de una asamblea indígena que exige, estrictamente dentro de la legalidad constitucional, que se respete su derecho al porvenir”.
