María Ruiz
Para el municipio de San Luis Potosí, el número de casos atendidos por abandono de menores y de adultos mayores registró un incremento durante el año 2026, en comparación con el total de las incidencias reportadas en el ejercicio anterior.
Esta información quedó asentada en el expediente de la Unidad de Transparencia UT-SI-0197-2026, el cual responde a la solicitud con folio 240474426000204 de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El desglose de la estadística y los criterios operativos institucionales se concentraron formalmente mediante el oficio número DIF/DIR/519/2026, signado por la autoridad competente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
En lo que respecta a la numeralia oficial, la dirección del DIF Municipal precisó que durante el año 2025 se atendieron 13 casos de abandono en el sector de niñas, niños y adolescentes, mientras que para el periodo transcurrido de enero a mayo de 2026 la cifra se situó en 20 casos. Tal variación representa un incremento del 53.8 por ciento en la incidencia de esta problemática.
Por otra parte, el abandono de personas adultas mayores registró 27 casos durante el año 2025, y para el transcurso del año 2026 la cantidad reportada ascendió a 34 casos atendidos, lo que equivale a un aumento del 25.9 por ciento
En el rubro de la estadística judicial, la autoridad reportó un indicador de cero casos judicializados para ambas problemáticas, complementando el informe con un registro de 16 canalizaciones interinstitucionales en el caso de menores y dos canalizaciones correspondientes a los adultos mayores.
Asimismo, el Ayuntamiento expuso que la atención integral de estas incidencias no se realiza mediante la implementación de programas sociales, sino a través de dos instancias de autoridad administrativa con facultades legales específicas que se fundamentan en la Ley de Asistencia Social del Estado, los reglamentos municipales vigentes y el Eje Ciudad Familiarmente Sostenible del Plan Municipal de Desarrollo.
Para el sector de la infancia y la adolescencia, las atribuciones de atención corresponden a la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que opera bajo el principio del Interés Superior de la Niñez con un equipo multidisciplinario que integra las áreas jurídica, de trabajo social y psicología.
Señalan además que el protocolo oficial para este grupo vulnerable se centra en la restitución de derechos y el monitoreo del entorno familiar y escolar a través de visitas domiciliarias, de campo y sesiones de escucha.
De manera textual, el informe describe que las acciones prioritarias de esta procuraduría implican otorgarle acompañamiento jurídico para la interposición de denuncias y/o querellas, así como para la solicitud de medidas urgentes de protección ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.
A diferencia de otras instancias, a esta procuraduría le corresponde una función sustantiva y no procesal dentro de las carpetas de investigación, lo que significa que su labor se centra en la esencia de la protección del menor durante el proceso.
En lo concerniente a la población de la tercera edad, la responsabilidad recae en la Procuraduría Municipal para la Atención de las Personas Adultas Mayores, órgano especializado que rige su actuar bajo los principios de autonomía, dignidad y trato preferencial ante situaciones de riesgo, vulnerabilidad, abandono o maltrato.
Detallaron que el protocolo prioriza la protección jurídica, la regularización de su situación administrativa para trámites legales y las visitas de campo recurrentes para constatar el estado de la persona.
El oficio del DIF Municipal cita textualmente que a esta procuraduría le corresponde una función sustantiva y de mediación, por lo que su labor trasciende la gestión administrativa, enfocándose en la resolución de conflictos familiares y la exigibilidad de derechos alimentarios y de cuidado, asegurando el bienestar integral de la persona usuaria.
Las acciones prioritarias de este organismo se concentran en la asesoría legal para la salvaguarda del patrimonio, la integridad física y el acompañamiento en trámites de denuncia ante las autoridades competentes.
