María Ruiz
A unos días de cumplirse dos años de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en el antro bar Rich, familiares de las víctimas fueron notificados sobre nuevos movimientos dentro del proceso judicial que han significado retrasos y un desgaste constante en la búsqueda de justicia.
El movimiento más reciente quedó asentado en el documento emitido el 3 de junio de 2026 dentro de la causa penal RI/SLP/CP-1411/2024. En este documento, el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí, informa que recibió la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, autoridad superior encargada de revisar recursos e inconformidades presentadas durante el proceso.
La resolución revisó una recusación promovida por abogados defensores de los acusados. Una recusación es un recurso mediante el cual una de las partes solicita que un juez deje de conocer un asunto, argumentando posibles causas que pudieran afectar su imparcialidad o legalidad dentro del proceso.
Tras revisar la solicitud, el Tribunal de Alzada determinó rechazarla. El documento establece textualmente:
“El órgano revisor NO ADMITIÓ la recusación planteada (…) y por tanto se DESECHÓ DE PLANO POR NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA (sic.)”.
En términos prácticos, la autoridad consideró que la solicitud fue presentada fuera de los tiempos legales permitidos, por lo que ni siquiera procedió a analizar el fondo del asunto.
Asimismo, en el mismo acuerdo el juez fijó una nueva fecha para continuar con el proceso:
“Se fijan las 09:00 horas del día lunes 08 de junio de 2026 para continuar con el desahogo de la audiencia intermedia”.
La audiencia intermedia corresponde a una fase previa al juicio donde las partes presentan y depuran pruebas, además de definir qué testimonios y elementos podrán utilizarse posteriormente.
Este nuevo acuerdo tiene relación directa con un documento previo emitido el 27 de mayo de 2026 por el licenciado Paulo César Ramiro Zúñiga, juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado de San Luis Potosí.
En dicho documento, el juez informaba que había recibido un escrito promovido por la licenciada Magdalena Hernández Solís, defensora particular de uno de los acusados, Francisco Sánchez de Santiago, mediante el cual se promovía precisamente la recusación que posteriormente fue revisada por una instancia superior.
Mientras el Tribunal de Alzada analizaba la petición, el juez ordenó suspender temporalmente la audiencia programada. El documento señalaba lo siguiente:
“Se deja sin efectos la fecha y hora antes señalada, hasta en tanto se comunique por parte del Tribunal de Alzada la resolución recaída a la recusación interpuesta”.
En otras palabras, el procedimiento quedó pausado hasta conocer la decisión de la autoridad superior.
Tras conocer esta nueva resolución, el señor Ramón Infante, víctima colateral por la muerte de su hijo en los hechos ocurridos el 7 de junio de 2024, manifestó su inconformidad por los continuos recursos promovidos durante el proceso.
“Ya tres cambios de juez era una burla y querían cuatro cambios… ya era una burla para el Poder Judicial”, expresó.
Asimismo, señaló que para las familias el proceso ha representado un desgaste constante.
“La verdad es desgastante el tema con argumentos dilatorios”, afirmó.
Infante recordó que actualmente existen tres personas detenidas en calidad de acusados: Nancy N., Ulises N. y Francisco N., por los hechos registrados aquella noche.
“Estamos por cumplir dos años de la tragedia del Antro Bar Rich. Se cuenta con tres personas detenidas en carácter de acusados ante los lamentables hechos suscitados esa noche”, indicó.
Recordó además que aquella noche una decena de jóvenes, en su mayoría menores de edad, cayó desde una altura superior a los diez metros, dejando dos jóvenes fallecidos y otros más con lesiones permanentes.
Para las familias, el rechazo de este nuevo recurso representa la posibilidad de que el proceso pueda avanzar sin nuevos retrasos y continúe hacia las siguientes etapas judiciales.
