Fernanda Durán
Hace algunas semanas, la salida de Diana Ruelas Gaitán del Congreso del Estado parecía anticipar algo más que un simple relevo legislativo. Desde entonces, la lectura política apuntaba a que una de las operadoras más visibles del Partido Verde no permanecería dentro del Pleno durante la antesala del 2027, sino que regresaría al territorio, el espacio donde realmente se construye buena parte de la operación política del oficialismo.
Las publicaciones posteriores parecen confirmar esa lógica.
Desde que solicitó licencia el pasado 16 de abril, Ruelas reapareció en entregas de apoyos, recorridos comunitarios, tomas de protesta partidistas y actividades del DIF Estatal como Directora de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. Rayón, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Valle de los Fantasmas o Santa Catarina: la constante dejó de ser legislativa para convertirse nuevamente en territorial.
La combinación no resulta menor: actualmente Ruelas —hija de la diputada federal María Graciela Gaitán Díaz—mantiene presencia simultánea como dirigente municipal del PVEM en Soledad de Graciano Sánchez, funcionaria del DIF Estatal y figura política activa en territorio, en una etapa previa al proceso electoral de 2027 donde las fronteras entre función institucional, operación social y posicionamiento partidista comienzan a mezclarse cada vez más.
Y no es únicamente el caso de Diana Ruelas. Algo similar ha ocurrido con distintos perfiles del PVEM y del PT, cuya presencia pública suele construirse más desde recorridos, asambleas, gestiones y cercanía comunitaria que desde el debate parlamentario o la visibilidad legislativa dentro del Pleno, mientras el peso político y discursivo de las bancadas termina concentrándose principalmente en sus coordinadores parlamentarios, primero José Luis Fernández y ahora Héctor Serrano.
En sí mismo, el trabajo territorial no tendría nada de extraordinario. El problema aparece cuando esa lógica termina desplazando la función para la que formalmente fueron electos: legislar.
Porque mientras las actividades en campo se multiplican y se documentan diariamente en redes sociales, el Congreso del Estado sigue arrastrando cuestionamientos por baja productividad, iniciativas rezagadas y una dinámica legislativa donde muchas veces el trabajo parlamentario parece subordinado a la operación política rumbo a la siguiente elección.
La propia trayectoria reciente de Ruelas ilustra esa lógica. Antes de llegar al Congreso ya operaba territorialmente desde el DIF Estatal; tras dejar la curul, regresó prácticamente al mismo esquema de trabajo, ahora acompañado de una narrativa permanente de cercanía social, respaldos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva, así como actividades coordinadas con alcaldes y estructuras locales.
Todo ello ocurre mientras la Constitución federal establece en su artículo 134 que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, además de prohibir la promoción personalizada desde la propaganda gubernamental.
A nivel estatal, la propia Ley de Responsabilidades Administrativas de San Luis Potosí obliga a las personas servidoras públicas a actuar bajo principios de imparcialidad, objetividad y prioridad del interés público por encima de intereses particulares o políticos.
Aunque formalmente no se trate de campañas, el efecto político sí resulta evidente: presencia constante, construcción de cercanía, movilización territorial y visibilidad pública sostenida mucho antes del inicio formal del proceso electoral.
Y quizá ahí está uno de los rasgos más claros del modelo político que hoy domina en San Luis Potosí: el territorio pesa más que la tribuna.
Mientras el Congreso acumula sesiones breves, acuerdos rápidos y cientos de iniciativas pendientes, la política que parece generar mayor utilidad electoral ocurre fuera del recinto legislativo, entre entregas, recorridos, estructuras y operación social permanente.
Por eso, la salida de Diana Ruelas difícilmente puede leerse únicamente como una licencia legislativa. Más bien parece reflejar dónde considera hoy el oficialismo que está el verdadero centro de la operación política rumbo al 2027.
Y ya estando…
HERENCIAS POLÍTICAS: En la política potosina hay apellidos que no desaparecen: simplemente cambian de posición. El caso de los hermanos Ochoa Limón —hijos del fallecido Cándido Ochoa Rojas— refleja cómo ciertos grupos continúan encontrando espacios dentro de la vida pública estatal bajo el cobijo del Partido Verde.
Particularmente Nadia Ochoa Limón ha acumulado posiciones públicas en pocos años: diputada local en la LXIII Legislatura, integrante del Concejo Municipal de Villa de Pozos, diputada suplente en la actual legislatura y ahora titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Mientras que en el caso de su hermana únicamente ha sido incorporada al Centro de Conciliación Laboral. A ello se suma la llegada de su hermano, Cándido Ochoa Limón, al Poder Judicial tras la elección judicial de 2025, en medio de las críticas por los perfiles impulsados mediante los llamados “acordeones”.
Más que casos aislados, los movimientos reflejan cómo el capital político heredado de antiguas figuras del poder sigue encontrando espacios dentro de la estructura pública estatal.
INSTITUCIONALIDAD: La reunión privada de este jueves entre autoridades electorales, el secretario general de Gobierno y coordinadores parlamentarios dejó una sensación extraña: después de casi una hora a puerta cerrada, los principales anuncios públicos terminaron siendo acuerdos y avances que ya habían sido adelantados desde un día antes por el propio Gobierno del Estado y por Héctor Serrano. Más que una mesa de deliberación abierta sobre la reforma electoral rumbo a 2027, pareció un ejercicio de administración política de la información: controlar tiempos, narrativa y alcances de unas negociaciones que definirán las reglas de la próxima sucesión estatal.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
