Fernanda Durán
Hay votaciones que se ganan y votaciones que exhiben. Esta semana, el Congreso del Estado rechazó un exhorto impulsado por la diputada morenista Nancy Jeanine García Martínez para recordar a municipios, organismos operadores de agua y a la Comisión Estatal del Agua una obligación que ya existe en la Ley de Aguas: integrar consejos consultivos con participación ciudadana, académica, social y empresarial.
No era una nueva ley. No era una reforma. No implicaba recursos extraordinarios. No creaba burocracia adicional. Era, literalmente, pedir que se cumpliera una disposición ya vigente.
Aun así, la mayoría legislativa conformada por el Partido Verde, PT, Nueva Alianza y PRI votó en contra.
La pregunta inevitable es por qué. Resulta difícil encontrar una explicación técnica cuando el propio artículo 103 de la Ley de Aguas contempla estos mecanismos de participación. Más complicado aún cuando desde hace años los discursos oficiales insisten en la necesidad de escuchar a la ciudadanía, construir gobernanza y acercar las decisiones públicas a la población.
La contradicción es evidente.
Cuando se trata de denunciar fallas de Interapas, prácticamente todos los actores políticos coinciden. Diputados, alcaldes y funcionarios hablan de fugas, drenajes colapsados, falta de agua y deficiencias operativas. Las colonias aparecen constantemente en los discursos. Los ciudadanos son citados como fuente de las quejas. La narrativa es permanente: hay que escuchar a la gente.
Sin embargo, cuando se plantea formalizar espacios para que usuarios, académicos, especialistas y sectores productivos participen en la discusión del agua, la mayoría legislativa decide cerrar la puerta.
Los consejos consultivos no resolverían por sí mismos la crisis hídrica del estado. Pero sí generarían algo que suele incomodar al poder: información organizada, seguimiento permanente y participación ciudadana institucionalizada.
Porque una cosa es escuchar a la ciudadanía cuando conviene políticamente y otra muy distinta permitir que participe de manera constante, documentada y con voz formal en la evaluación de organismos operadores y autoridades.
La situación adquiere otra dimensión cuando se observa que el propio sistema político sí ha promovido esquemas similares cuando los puede controlar.
En noviembre de 2025 se presentó con bombo y platillo el Consejo Potosino de Organismos Operadores de Agua, integrado por directores de distintos sistemas municipales en su mayoría gobernados por el Partido Verde. En aquel momento se habló de coordinación técnica, eficiencia operativa y trabajo conjunto con el Congreso para no proponer aumentos en las tarifas de agua para 2026.
Es decir, la figura de los consejos no era problemática en sí misma; la diferencia es que aquel consejo estaba integrado por funcionarios, entonces que parece incómodo es quién se sienta en ellos.
Porque una mesa integrada por usuarios, académicos, especialistas y ciudadanos puede convertirse en un espacio incómodo para quienes gobiernan.
Particularmente en un estado donde los problemas de agua no se limitan a Interapas.
Ciudad Satélite, bajo responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua, acumula años de reclamos vecinales; diversos municipios enfrentan dificultades de abastecimiento; organismos operadores del interior del estado arrastran problemas financieros y operativos. Los focos rojos son múltiples y no distinguen colores partidistas.
Precisamente por eso llama la atención que un exhorto para fortalecer la participación ciudadana haya encontrado tanta resistencia.
Y luego está el contexto político.
La votación ocurrió un día después de que Nancy García se abstuviera durante la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, una iniciativa impulsada por el bloque mayoritario. Una abstención que evitó confrontarse abiertamente con la mayoría, pero que tampoco se convirtió en respaldo.
Las abstenciones suelen interpretarse como una salida cómoda: ni apoyar ni oponerse. Sin embargo, esta legislatura ha demostrado que incluso la neutralidad puede tener costos políticos.
No existe prueba de que una cosa haya provocado la otra. Pero en política los mensajes rara vez se envían por escrito. Lo cierto es que una propuesta aprobada previamente en comisión terminó siendo rechazada por la misma mayoría que suele defender la participación ciudadana en el discurso público.
Ahora la reforma en cuestión que anticipa la sucesión en el Tribunal Electoral
Esta reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano parece administrativa, pero llega justo cuando el Tribunal Electoral de San Luis Potosí se prepara para una transición clave.
En octubre concluye el encargo de la magistrada presidenta Denisse Porras Guerrero y la iniciativa modifica las reglas para elegir a quien encabezará el órgano jurisdiccional. Elimina la obligación de que la presidencia sea rotatoria y permite que el Pleno designe con anticipación a la persona que ocupará el cargo por dos años.
El argumento oficial es evitar vacíos de poder ante los retrasos del Senado para cubrir magistraturas vacantes. Sin embargo, el momento en que se presenta la reforma resulta relevante, pues el movimiento parece tener efectos sobre los equilibrios internos del propio Tribunal. Ya que, una vez que concluya el periodo de Denisse Porras, la legislación prevé que la vacante sea ocupada temporalmente por la persona titular de una Secretaría de Estudio y Cuenta con mayor antigüedad.
Ahí es donde la sucesión adquiere otra dimensión. Actualmente, la mayor antigüedad parece concentrarse en perfiles vinculados a las ponencias de la propia Denisse Porras y del magistrado Sergio Iván García Badillo, por lo que la discusión ya no sólo gira en torno a quién presidirá el Tribunal, sino también a quién podría incorporarse al Pleno durante la vacante.
La reforma tampoco se limita a la presidencia. También amplía el blindaje patrimonial del Tribunal al establecer que sus bienes, activos, cuentas bancarias y recursos no podrán ser objeto de medidas cautelares ni de ejecución judicial.
La intención declarada es proteger la operatividad institucional frente a litigios o laudos laborales. Sin embargo, la redacción podría invadir facultades federales, pues ¿Hasta dónde puede llegar la protección de los recursos públicos sin afectar el cumplimiento de sentencias?
A pocos meses del inicio del proceso electoral local, la reforma no cambia quién resolverá las controversias electorales, pero sí modifica las reglas internas bajo las que se organizará el órgano encargado de hacerlo.
Y ya estando…
Silencio aliancista: Cuando llega el momento de hablar de encuestas, registros o reglas internas, las voces del Verde desaparecen. Ni el gobernador Ricardo Gallardo ni la dirigencia estatal han querido adelantar si participarán en el proceso conjunto que Morena, PVEM y PT pondrán en marcha a partir del 22 de junio. La prudencia contrasta con la intensidad de las negociaciones que se desarrollan detrás de escena. El tema de fondo sigue siendo el mismo: la eventual candidatura de Ruth González Silva y los límites que Morena ha intentado imponer con su discurso contra el nepotismo. Mientras se resuelve ese pulso, el Verde guarda silencio sobre lo que hará, pero no sobre lo que puede hacer: competir solo. Una advertencia que se repite cada vez que la alianza entra en zona de tensión. Es la manera en que el Verde mantiene margen de maniobra mientras se negocia el futuro de una alianza que, al menos en San Luis Potosí, pinta a ser una alianza parcial como siempre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
