Ocurrencias, ilegalidades e hipocresía

Abelardo Medellín

Luego de una semana en la que una serie de detenciones contra comunicadores en San Luis Potosí pusieron en el ojo nacional e internacional el talante autoritario del Ejecutivo y sus aliados, la mayoría de nosotros esperábamos un cambio drástico de narrativa, un golpe de timón, un recular necesario. No llegó. La amenaza, de hecho, se intensificó; redobló la apuesta. Sin embargo, antes de continuar con el interminable debate en defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, vale la pena insistir y recordar que todas las propuestas que ha hecho hasta ahora el diputado Héctor Serrano son tan ilusas como simplonas.

Tras haber cosechado a las primeras víctimas de la persecución mediática que se confeccionó a través de la “Ley Serrano”, el diputado salió, no solo a defender la reforma que ha permitido esta cacería de comunicadores, sino también a proponer nuevas iniciativas: por un lado, crear un registro de medios y periodistas con datos corroborados; y por el otro, condenar el anonimato de algunos perfiles.

La idea no es mala… es malísima. Y el problema real con esta y otras ocurrentes propuestas sobre el tema de la regulación de los medios es que ignoran sus verdaderas áreas de oportunidad.

En primer lugar, tenemos el enfoque punitivista. Los diputados y el gobernador no quieren regular los medios para mejorar las condiciones del periodismo; quieren regularlos para aumentar su capacidad de controlar el discurso que los medios y portales difunden. Al Legislativo no le interesa evitar que la población sea mal informada, sino únicamente poder diseminar su desinformación a conveniencia.

Si la intención fuera mejorar el entorno informativo del estado, la reforma no se hubiera limitado a tipificar un delito; habría impuesto nuevas obligaciones relacionadas con campañas de educación mediática para evitar la infodemia, cursos de verificación y uso de nuevas tecnologías para cualquier comunicador y periodista interesado, material en redes que explique cómo identificar noticias falsas, promoción de mecanismos ciudadanos de alerta sobre información imprecisa y una inversión gigantesca en infraestructura que mejore los canales de comunicación entre la población y las fuentes, es decir, las entidades públicas.

Pero no. El gobierno, a través de su infame legislador, solo impulsó una reforma que les da la posibilidad de castigar a sus detractores. Lo único que protege con esa ley son sus intereses; y ahora hasta un ejemplo tenemos de ello.

En segundo lugar, tenemos la ilusa insistencia desde el gobierno de que todo lo malo que pasa respecto a medios y comunicación en San Luis Potosí es provocado por los periodistas… cuando quien ha violado la ley en este sentido y no ha querido castigar las faltas es el propio gobierno.

Puede que los legisladores verdes, acostumbrados a usar los medios oficiales para su autopromoción, no lo sepan, pero en la entidad existe la Ley de Comunicación Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual reglamenta lo relativo a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social; sin embargo, hoy en día parece no ser más que una lista completa de todas las normas que el gobierno gallardista violenta.

Para empezar, en su artículo 9 la ley establece que se deben evitar las campañas de comunicación social que: “I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público”.

Pareciera que el gobierno olvidó dicha prohibición cuando decide colocar el nombre y la fotografía del gobernador en cada espacio vacío que encuentra, o colocar la imagen e iniciales de la senadora Ruth González Silva en los muros de la Fenapo.

Ese mismo artículo prohíbe las campañas que: “IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política o social”. Y, aun con esto, la administración nunca ha hecho el esfuerzo por evitar que se le confunda con el Partido Verde Ecologista de México, del cual aprovechan sus colores para cambiar la imagen del espacio público en general.

Ni hablar del artículo que establece: “ARTÍCULO 11. La comunicación social que difunda programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, así como los programas de desarrollo social, deberán incluir de manera visible o audible la siguiente leyenda: ‘Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa’”.

Evidentemente, este precepto no ha sido solo ignorado, sino violentado cada vez que un simpatizante del PVEM entrega despensas con la Sedesore y los apoyos se entregan con la frase: “De parte del padrino y la senadora Ruth”.

Como estos ejemplos, hay otros tantos en la ley que evidencian cómo al gobierno y a los legisladores solo les interesa regular los medios, pero no hacen ningún esfuerzo por regularse a sí mismos.

Ahora, si el punto era proponer por proponer y promover reformas por desquitar el sueldo, pues podríamos aprovechar para hacerle algunas sugerencias de reformas regulatorias al diputado Héctor Serrano; porque, si la pretensión es reformar con imaginación, pues imaginemos propuestas realmente útiles.

Propongamos, por ejemplo, que se le prohíba ocupar cargos públicos a todo aquel que sea dueño o socio de un medio de comunicación y que sea igualmente prohibido contender por un cargo público si se tienen familiares (hasta tercer grado) que sean dueños, socios o directores de un medio. Es más, que tenga efecto retroactivo: que todo aquel alcalde, gobernador, senador o diputado que sea dueño de un medio se excuse del servicio público. A lo mejor así un día los Parques Tangamanga se ahorran unos pesos y dejan de cobrárselos a quienes van a hacer fotografía.

Proponemos también que los entes públicos ya no tengan control sobre su contratación de espacios publicitarios. Que todo el gasto promedio en comunicación social de los últimos cinco años (tanto del Ejecutivo como del Legislativo y el Judicial) se presupueste para el próximo ejercicio, que lo maneje el Ceepac a través de una oficina especial y se divida igualitariamente entre los poderes del estado. ¿Cómo?, ¿le parece poco al gobierno tener la misma publicidad que el Supremo Tribunal? Bueno, pues quizá así se seleccione y emita información importante y no un boletín desangelado cada que un secretario tiene una reunión.

Vamos a darle una oportunidad a las ocurrencias del diputado… De acuerdo: que solo se le otorgue publicidad a aquellos medios que publiquen en sus redes sociales un directorio con la información de quienes los integran, pero también que publiquen cada mes el enlace a un micrositio donde los ciudadanos puedan revisar cuánto dinero por publicidad oficial recibieron y por cuáles campañas. El reporte de gasto en publicidad lo deberá generar el propio gobierno e incluir los enlaces a todos y cada uno de los boletines que se hayan difundido en atención a las campañas de comunicación acordadas a través del Ceepac.

Proponemos, por igual, que se integre un comité ciudadano (no empresarial disfrazado de ciudadano, sino verdaderamente ciudadano) que sea el encargado de votar y aprobar los contratos de publicidad con medios. Además, que tenga la potestad de verificar si el gobierno o un actor político viola los principios de la Ley de Comunicación Social. Y, en caso de encontrar que un político se ha beneficiado indebidamente de publicidad en prensa, que el medio sea penalizado y que el funcionario o político sea declarado impedido para ocupar un cargo público.

Estas y otras ideas podrían ayudar a mejorar realmente los medios en que se informan los potosinos y disuadirían a la clase política de usar el periodismo como un mecanismo para afianzar sus discursos. Sin embargo, ¿cómo esperanzarnos en tener regulaciones realmente útiles si las que se aprueban son ocurrencias peligrosas y el marco legal existente se incumple?

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.