La SCT y su trágica titular

Abelardo Medellín Pérez

La respuesta que ofreció la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, cuando se le cuestionó por qué su dependencia permitía que unidades de transporte público circularan con propaganda del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no solo es lamentable y ridícula, sino que también deja en evidencia la lógica con la que opera el aparato del Estado al completo servicio del proyecto transexenal del gobernador.

Al ser cuestionada por las calcomanías del PVEM que han renovado los camiones del transporte público de la entidad y sobre las posibles violaciones a la Ley de Transporte o infracciones a la ley electoral, la secretaria se limitó a decir:

“La verdad es que, como te comento, la Ley de Transporte no especifica. Sin embargo, nos remite a los artículos de la Ley Electoral y ahí, cuando estamos fuera del proceso, se sobreentiende que sí se podría”.

Por si la simulación no le bastara a la SCT, la secretaria decidió mentir.

En el artículo 17, correspondiente a las atribuciones del titular de la Secretaría, la ley establece, en la fracción XI, que es potestad de Martínez Acosta “autorizar la publicidad y propaganda de cualquier tipo que se fije o transmita a través de las unidades del transporte público, en sus paraderos, bases de servicio, terminales de pasajeros o de carga, en los términos de esta ley y demás normatividad aplicable”.

De igual forma, lo describe el artículo 100 y es muy claro en ello. “En los vehículos destinados al servicio de transporte público y los servicios auxiliares del mismo, podrá exhibirse publicidad y propaganda, cuyas características, en cuanto a sus dimensiones y forma, serán autorizadas expresamente por la Secretaría, de conformidad con los respectivos ordenamientos vigentes en la materia”.

Además, en el artículo 81, correspondiente a las obligaciones de los concesionarios, se especifica que estos deberán “abstenerse de colocar publicidad y propaganda de cualquier tipo, en las unidades del transporte público, en sus paraderos, bases de servicio y terminales, sin que medie autorización previa y por escrito de la Secretaría”.

La “inespecífica” ley de la que tanto adolece Araceli Martínez es bastante clara al establecer que, si los concesionarios quieren convertir las unidades de transporte público en un escaparate móvil de publicidad gratuita para el Partido Verde, por lo menos deben registrarse debidamente ante la autoridad.

¿Y lo han hecho? Pues Araceli Martínez confirmó que no. Simplemente la SCT no tiene ni un solo registro de concesionarios que hayan tramitado los permisos para intervenir con tan invasiva propaganda las unidades.

Es decir, la secretaria niega las regulaciones de la ley que está obligada a aplicar y las omite al dar declaraciones públicas porque sabe (¡e incluso nos lo hizo saber!) que los concesionarios no están regulados y se les permite operar.

Y, a ver, seamos realistas. No esperamos que la SCT intervenga las unidades que llevan calcas políticas por ser una falta electoral. Obviamente, Araceli Martínez no es una funcionaria del Ceepac (y con estos antecedentes ojalá nunca lo sea). Sin embargo, por lo menos esperaríamos que cumpla con la ley, investigue y sancione a los operadores que portan dicha propaganda sin permisos.

Ella lo confesó. Las unidades no tienen permiso para esas calcomanías y, sin embargo, prefiere justificarlas en lugar de hacer lo único que esperamos que haga… su trabajo.

Luego de atestiguar la forma en que la secretaria admitió que no hace su trabajo y evidenció lo servil e inútil de su cargo, vale la pena hacer una reflexión sobre el otro comentario que hizo al respecto. Esa afirmación sobre cómo, al ignorar la ley, ella “sobreentiende” que se podrían portar dichos logos y eslóganes sin problema.

A la secretaria hay que recordarle que no está para suponer, sobreentender o interpretar a sus conveniencia. Está para aplicarla y hacerla cumplir, y el hecho de que no lo haga nos otorga a nosotros, como ciudadanos, una oportunidad para “sobreentender” la corrupción en la que incurre.

¿Estas calcomanías partidistas son la cuota que deben pagar los concesionarios a cambio de no ser sancionados por incumplir los estándares de calidad o incurrir en faltas a la Ley de Transporte Público? ¿Los espacios de propaganda política en las unidades son la razón por la cual el Gobierno del Estado permitió los mayores aumentos a la tarifa de los últimos diez años?

La forma en que la secretaria defendió tal lógica tramposa apunta a que sí. Alinearse, sumarse y rendirse a la virulenta propaganda del Verde y del gobernador son los sacrificios que hay que hacer para que la autoridad voltee a otro lado, para que no te sancionen, para que la ley no aplique en tus faltas.

Los concesionarios y los taxistas podrán estar conformes o no con este modelo de sumisión obligada. Sin embargo, el problema con los regímenes de excepción a la norma es que todo es comodidad hasta que tu competencia lo hace también.

¿Qué va a pasar cuando sean los Ubers y conductores de plataforma quienes aprovechen la insaciable hambre de apoyo que padece la administración estatal? ¿Creen que la SCT va a meter las manos por un gremio taxista que es superado hasta tres veces por su competencia? Por supuesto que no. Si Araceli Martínez pudiera eliminar todas las concesiones de taxis a cambio de obtener el apoyo político de los conductores de plataforma para el PVEM, lo haría. Lo haría hoy mismo. No les avisaría, mandaría a la GCE para reprimir sus protestas y abandonaría a un gremio completo a su suerte.

Porque a la secretaria no le importan los taxistas, ni le importa el transporte público, no le importan los usuarios, ni transgredir los principios democráticos, ni le importa cumplir la ley de su propia dependencia. Su único interés es llevar más agua al molino verde.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.