Desiree Madrid
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, brindó atención al caso de las comunicadoras Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes recuperaron su libertad luego de permanecer recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila.
Mediante una tarjeta informativa, la dependencia federal señaló que ambas enfrentaban un proceso por el presunto delito contra la identidad de las personas y que, tras una revisión de su situación jurídica, un juez de Control determinó su liberación inmediata.
La intervención de la Segob ocurrió después de que el caso atrajera atención nacional por tratarse de dos comunicadoras vinculadas a proceso en medio de cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos.
Desde su detención, colectivos y organismos especializados manifestaron preocupación por las implicaciones del caso para el ejercicio periodístico, además de solicitar que se garantizara el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las involucradas.
En el comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que tanto la dependencia como la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia continuarán dando seguimiento al desarrollo del asunto para verificar el cumplimiento de las garantías legales correspondientes.
Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos, al considerar que estos principios deben resguardarse en todo momento dentro del marco del Estado de derecho.
De acuerdo con información que la Fiscalía General del Estado dio a conocer a finales de mayo, las acusadas usaron sin permiso la imagen y la identidad pública de la víctima para fabricar contenidos que simulaban ser reales, lo que derivó en daños a su reputación, honor, imagen e integridad moral.
Su arresto se produjo seis meses después de que el Congreso del Estado aprobara reformas al Código Penal que tipifican el delito de “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.
