Desiree Madrid
La organización Artículo 19 México y Centroamérica advirtió sobre posibles riesgos para la libertad de expresión en San Luis Potosí tras la aplicación de reformas relacionadas con inteligencia artificial y difusión de contenido digital.
A través de un posicionamiento público, la agrupación señaló que las modificaciones recientes al Código Penal del Estado podrían derivar en el uso del sistema penal contra periodistas, medios digitales y personas que difundan información en redes sociales, debido a que algunos conceptos incluidos en la legislación son considerados ambiguos y sujetos a interpretación. La reforma señalada por la organización fue presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés.
En el documento difundido por la organización, Artículo 19 expresó preocupación por detenciones recientes y órdenes de aprehensión giradas contra periodistas y administradores de páginas informativas en la entidad, casos que ocurrieron en un contexto marcado por la discusión pública sobre el uso de inteligencia artificial en contenidos digitales.
La agrupación sostuvo que la utilización de figuras penales vinculadas con “manipulación” de contenido o alteración de información podría abrir la puerta a investigaciones que afecten el ejercicio periodístico y el derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público.
La organización también cuestionó la redacción de diversos artículos aprobados en las reformas estatales, al considerar que utilizan términos amplios como “alarma pública”, “afectación a la paz social” o “manipulación institucional”, sin establecer parámetros técnicos suficientemente claros para delimitar qué conductas constituyen un delito.
De acuerdo con Artículo 19, este tipo de redacción podría generar incertidumbre jurídica y permitir interpretaciones discrecionales por parte de autoridades ministeriales o judiciales, especialmente en publicaciones difundidas en medios digitales y redes sociales.
En su análisis, la agrupación reconoció que las reformas incluyen excepciones relacionadas con actividades periodísticas, académicas, artísticas o de crítica política; sin embargo, los criterios para determinar la existencia de dolo o intención de causar daño continúan siendo poco precisos.
Artículo 19 señaló que esto representa un riesgo para periodistas y comunicadores que trabajan con contenido audiovisual, sátira, investigación o difusión de información sensible, particularmente en un contexto donde el uso de herramientas de inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más común en internet.
El organismo internacional sostuvo además que las medidas legales dirigidas a combatir la desinformación deben apegarse a estándares de derechos humanos y evitar mecanismos que puedan derivar en censura indirecta o criminalización del discurso.
En ese sentido, recordó que la libertad de expresión protege también contenidos incómodos, críticos o polémicos, y que cualquier limitación al ejercicio periodístico debe cumplir criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales suscritos por el país.
Artículo 19 agregó que el avance de tecnologías de inteligencia artificial representa un desafío real para gobiernos y sociedades, especialmente por la creación de contenidos manipulados o falsificados; no obstante, insistió en que la respuesta institucional no debe traducirse en herramientas penales ambiguas que puedan utilizarse contra voces críticas.
La organización afirmó que distintos organismos defensores de derechos digitales han manifestado preocupación por legislaciones similares en otras entidades del país, debido al riesgo de afectar el debate público en plataformas digitales.
La agrupación también hizo referencia al contexto nacional de violencia y presión judicial contra periodistas en México, pues el país continúa siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.
En ese escenario, indicó que reformas legales con alcances poco definidos podrían incrementar el temor a represalias legales entre comunicadores y medios independientes, particularmente en coberturas relacionadas con política, seguridad pública o denuncias ciudadanas difundidas en internet.
Artículo 19 pidió a las autoridades de San Luis Potosí garantizar el respeto a la libertad de expresión y revisar el alcance de las reformas aprobadas para evitar afectaciones a derechos digitales y al trabajo periodístico.
Finalmente, la organización reiteró que el combate a la desinformación y al uso indebido de inteligencia artificial debe realizarse mediante mecanismos compatibles con estándares democráticos y de derechos humanos, sin recurrir a disposiciones que puedan utilizarse para inhibir la circulación de información o el ejercicio crítico en espacios digitales.
