Desiree Madrid
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, sostuvo que la intervención de la Guardia Civil Estatal en el predio La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, respondió a un mandato judicial y no constituyó un acto de represión contra la comunidad tének que habita el lugar.
En declaraciones a medios, Juárez Hernández señaló que la corporación actuó bajo una orden emitida por un juez, sin que los elementos conocieran el fondo del expediente.
“Hay un fundamento legal para la solicitud, tenemos el fundamento legal, como en todas otras acciones que realizan la solicitud, jueces mercantiles, jueces civiles, ahí nosotros no conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó el funcionario.
Al ser cuestionado sobre si la orden tuvo origen federal o estatal, Juárez Hernández declinó dar una respuesta concreta.
“No, no, le digo que no conozco el trasfondo, estaría dándole una información que no conozco”, respondió.
El secretario detalló que solicitudes de apoyo de fuerza pública para ese tipo de diligencias son frecuentes, pues llegaron “dos o tres por día en lo que va del año”, principalmente en el ámbito civil, para la restitución de inmuebles por orden judicial.
“Civil, principalmente son civiles de restitución de inmuebles, lo hacen a través del juez, de los jueces civiles”.
Precisó que la presencia policial busca prevenir enfrentamientos entre las partes en conflicto.
Las declaraciones del secretario contrastan con el relato de organizaciones y víctimas. El pasado 9 de junio, alrededor de cien hombres, entre civiles sin insignias identificables y elementos de la Guardia Civil Estatal y la Policía Ministerial, desalojaron a los habitantes del predio La Peña, quienes mantenían un campamento para resguardar las 200 hectáreas que aproximadamente 100 familias tének han ocupado de forma continua y pacífica por más de 30 años.
Según testimonios recabados por Astrolabio, los operativos agredieron a hombres, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores e incluso a menores de edad.
El saldo de la intervención incluyó la detención de nueve personas. Tres fueron liberadas horas después, pero seis permanecen con paradero desconocido: Adriana Santos Bautista, Anselmo Gómez Juana, Antonio Reyes Martínez, Antonio Reyes Santiago, Feliciano Santos Sánchez y Miguel Santos. Quienes fueron liberados reportaron que el dirigente comunitario Anselmo Gómez fue trasladado inconsciente en una patrulla.
El caso cobra mayor gravedad a la luz de documentos internos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Una minuta del 12 de mayo, derivada de una reunión con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), revela que la dependencia tenía conocimiento del riesgo inminente de despojo y se comprometió a solicitar a la Secretaría de Gobernación que interviniera para prevenir una escalada del conflicto, así como a gestionar asesoría jurídica para promover la prescripción adquisitiva a favor de los habitantes. Ninguno de esos compromisos se materializó antes del desalojo.
De acuerdo con Pedro González Gómez, secretario del comité estatal de la CIOAC, detrás del despojo se encuentra el exdiputado local José Antonio Zapata Meraz, quien ostenta una escritura de compraventa sobre el predio pese a nunca haber tenido posesión del mismo, con el aval de la presidenta municipal de Tampamolón Corona, Silvia Medina, del Partido Verde Ecologista de México. La ubicación del predio, a escasos 200 metros de la cabecera municipal, lo convierte en un terreno codiciado para desarrollo inmobiliario.
La CIOAC exigió a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobernación la presentación inmediata con vida de las seis personas desaparecidas, el cese de operativos en el predio La Peña y el retorno a los canales de concertación agraria para resolver un conflicto que, señalan, lleva tres décadas sin atención institucional efectiva.
