Las advertencias ya estaban ahí

Fernanda Durán

En política y en periodismo una aprende a escuchar las advertencias antes de que se conviertan en hechos. A veces aparecen en una iniciativa; otras en un discurso; algunas más en una frase que parece perderse entre aplausos, conferencias, boletines oficiales y mesas de diálogo donde todo se anuncia como protección, prevención o defensa de la sociedad.

Viéndolo en retrospectiva, las señales estaban ahí desde hace meses. Antes de las detenciones, antes de los comunicados nacionales, antes de las cartas públicas, antes de las contradicciones de la Fiscalía, antes de que San Luis Potosí fuera exhibido por el uso del derecho penal contra comunicadoras, periodistas, activistas y creadores de contenido, ya se había construido una narrativa: las redes sociales, las páginas digitales, los perfiles anónimos y las críticas incómodas eran presentadas como un problema de violencia, de dignidad humana, de orden social y de seguridad.

El pasado 23 de marzo, durante la conferencia “Prevención y Atención de la Violencia Digital” y la implementación de la Ley Olimpia, la senadora Ruth González Silva se dijo víctima constante de violencia política en redes sociales. Afirmó que los ataques en su contra se habían intensificado en los últimos meses y que ocurrían “todos los días, así ha sucedido en estos últimos meses”.

También señaló que una parte importante de esos comentarios provenían de mujeres y lamentó que, mientras se habla de solidaridad y cuidado entre nosotras, se reproduzcan ataques centrados en su imagen, su forma de vestir, su vida personal o su relación con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

“El ser esposa de él, el decir, eso es violencia… yo no soy esposa de él, yo soy Ruth”, dijo entonces.

Hasta ahí, el planteamiento podía leerse dentro de una discusión necesaria: la violencia digital contra las mujeres existe, se ejerce todos los días y no debe minimizarse. El problema aparece cuando, desde el poder, esa discusión legítima empieza a confundirse con la incomodidad frente a la crítica pública, la sátira, la denuncia ciudadana, la publicación en redes o el contenido político adverso.

Ese día, Ruth González también dijo que la Ley Olimpia no podía quedarse en palabras. “No puede ser de palabras únicamente… y que en la práctica pues no lo hagamos”.

Hoy, después de que dos comunicadoras fueron encarceladas durante dos semanas por una denuncia relacionada con contenidos digitales, esa frase adquiere otra dimensión.

No porque toda denuncia de violencia digital sea ilegítima, no porque las redes sociales sean espacios puros de crítica democrática, no porque no existan campañas negras, desinformación, bots, páginas anónimas, violencia política, agresiones misóginas o contenidos manipulados.

Existen y abundan. Pero una cosa es reconocer el problema y otra muy distinta es entregar al Estado tipos penales ambiguos para que decida, con todo el aparato institucional a su favor, qué expresión es violencia, qué publicación es crítica, qué contenido es periodismo y qué opinión merece una carpeta de investigación.

Ahí estaba la advertencia. Después vino la reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés. Luego las críticas de especialistas, organizaciones y observaciones de algunas y algunos legisladores; más tarde la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Después las detenciones de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo. Luego la revelación de que Ruth González fue denunciante en ese caso. Y casi al mismo tiempo, la aparición de nuevas carpetas, citatorios y nombres de periodistas, comunicadores y activistas colocados bajo sospecha.

Mientras tanto el costo político incrementaba porque el poder local ha operado bajo una lógica muy simple: si algo incomoda, se presiona; si alguien insiste, se desacredita; si el ruido crece, se activa una carpeta; si el costo aumenta, se busca un nuevo perfil que absorba el desgaste. Hoy ese papel lo ocupa Héctor Serrano.

No es la primera vez. Ya ocurrió en el conflicto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando la discusión sobre el retraso de recursos públicos que el Estado debía entregar a la institución terminó desplazada por un pleito político sobre si el rector Alejandro Zermeño acudía o no al Congreso, si aceptaba o no reuniones, si respondía o no a los diputados.

Mientras la atención se iba hacia el choque de declaraciones, el fondo se difuminaba: el Gobierno del Estado tenía pendiente una diferencia millonaria con la Universidad.

Serrano salió entonces como uno de los rostros visibles de la presión legislativa. Recibió críticas, sostuvo el discurso, tensó la relación y ayudó a mover la conversación pública hacia otro lado.

Ahora ocurre algo parecido.

La llamada Ley Serrano ya no sólo lleva su nombre porque él la promovió. También porque él se ha convertido en su principal escudo político: la defiende, la explica, la justifica, responde a Galindo, confronta a medios, anuncia foros, desacredita páginas digitales, niega persecución, acusa motivaciones políticas y, ahora, también aparece como denunciante en una carpeta contra Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de La Noticia.

Serrano ha insistido en que esa denuncia no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Y puede ser cierto en términos estrictamente penales. Pero ese no es el único punto.

El problema no es si una denuncia se presentó por IA, por extorsión, por daño al honor, por amenazas, por violencia digital o por cualquier otro tipo penal disponible. El problema es que el Código Penal se ha convertido en una caja de herramientas lista para abrirse contra quienes incomodan al poder.

Esa es la parte que vuelve más grave el escenario. Durante meses hemos documentado que el Congreso del Estado ha reformado una y otra vez el Código Penal con una facilidad preocupante.

En apenas 15 meses de legislatura se aprobaron al menos 15 reformas penales y ahora en los últimos 6 meses se han sumado nuevas modificaciones punitivas. Desde violencia vicaria, pederastia, aborto, imprescriptibilidad de delitos sexuales, extorsión, halconeo, inteligencia artificial, maltrato animal y violencia digital, hasta nuevas propuestas que buscan ampliar catálogos de conductas sancionables en ámbitos cada vez más amplios.

Muchas de esas causas parten de problemas reales. La violencia digital existe. La extorsión existe; la violencia contra mujeres, niñas, niños, adultos mayores y periodistas existe; la manipulación con inteligencia artificial existe, pero legislar no es nombrar un problema y pegarle una pena encima.

La abogada penalista Claudia Espinosa Almaguer lo ha advertido en repetidas ocasiones: el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado, no la primera ocurrencia legislativa. El problema no es solamente cuántas reformas se aprueban, sino cómo se construyen, con qué técnica, con qué finalidad y con qué consecuencias para la ciudadanía.

Porque una norma penal mal redactada no sólo es inútil. Es peligrosa y San Luis Potosí ya tiene antecedentes.

En la Acción de Inconstitucionalidad 149/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un artículo del Código Penal local que sancionaba actos “violentos” o “agresivos” contra servidores públicos. La Corte consideró que esas expresiones eran tan amplias que podían criminalizar manifestaciones protegidas por la libertad de expresión. También recordó que las personas servidoras públicas deben tener un mayor umbral de tolerancia frente a la crítica, precisamente porque sus actos están sujetos al escrutinio ciudadano.

Ese criterio debería ser elemental.

Un servidor público no está en la misma posición que una persona particular. Quien ejerce poder, maneja recursos, toma decisiones públicas, encabeza instituciones o busca cargos de elección popular debe soportar un nivel más intenso de crítica, incluso si esa crítica es incómoda, severa o políticamente interesada.

Eso no significa que todo ataque sea válido. No significa que la violencia política de género deba tolerarse. No significa que la vida privada, la intimidad o la dignidad de una persona puedan ser destruidas impunemente. Significa algo más básico: no toda expresión desagradable contra una figura pública debe terminar en una carpeta penal.

Y mucho menos cuando las normas que se invocan están redactadas con conceptos tan amplios que permiten castigar casi cualquier cosa, dependiendo de quién se sienta agraviado y quién controle el aparato que investiga.

Ahí es donde el debate sobre inteligencia artificial se vuelve insuficiente porque el problema de fondo no es tecnológico; es político y penal.

Los diputados del Partido Verde Ecologista han encontrado en la legislación punitiva una forma rápida de aparentar soluciones. Cada nueva angustia social encuentra su castigo, cada tema sensible se traduce en un delito, cada agenda políticamente rentable termina convertida en reforma al Código Penal o en ampliación de facultades para perseguir, investigar o sancionar.

Mientras tanto, las leyes que deberían obligar al Estado a garantizar derechos sociales suelen avanzar con lentitud, ser archivadas, duplicarse sin efecto real o justificarse con frases como “ya existe legislación”, “falta presupuesto” o “se requiere mayor análisis técnico”.

Para castigar, la imaginación legislativa sobra y para obligar al Estado a cumplir, casi siempre falta algo.

Esa lógica se ha repetido en temas de salud, educación, infancias, víctimas, personas con discapacidad, movilidad, agua, medio ambiente y derechos sociales. Se aprueban normas amplias, declarativas, llenas de buenos deseos y conceptos abiertos, pero sin obligaciones claras, verificables o exigibles. En cambio, cuando se trata de ampliar el poder de sanción, la ruta suele ser más rápida.

Otra contradicción es que las instituciones no están obligadas con la misma fuerza a resolver problemas estructurales, pero sí se dotan de herramientas cada vez más amplias para castigar conductas definidas de forma ambigua.

Hoy se discute inteligencia artificial. Mañana puede ser violencia digital contra adultos mayores, doxing, ciberacoso, linchamiento digital, gaslighting digital, suplantación de identidad o cualquier nueva categoría redactada con suficiente amplitud para quedar en manos de la interpretación de la autoridad.

La intención puede sonar noble. La exposición de motivos puede hablar de víctimas, dignidad, familia, mujeres, niñas, niños o personas mayores. Pero si la redacción es vaga, si las penas son desproporcionadas, si no hay límites claros, si no se distingue entre daño real y crítica pública, lo que se construye no es protección: es discrecionalidad.

Y la discrecionalidad penal, en manos de un poder sin contrapesos, siempre termina buscando destinatario.

El contexto electoral sólo agrava el escenario y Serrano tiene razón en una cosa: esto también forma parte del 2027.

La disputa entre el grupo político del gobernador Ricardo Gallardo y el grupo del alcalde Enrique Galindo ya empezó, aunque formalmente falte tiempo para el proceso. Ambos bandos usan la libertad de expresión según les conviene: unos intentan presentarse como aliados de periodistas y defensores de derechos; otros intentan contener, presionar o castigar a quienes consideran parte de campañas adversas.

En medio queda la prensa, a veces instrumentalizada como bandera, a veces tratada como enemiga, a veces celebrada en discursos oficiales, y a veces citada ante la Fiscalía.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.