La otra corrupción

Abelardo Medellín Pérez

Uno de los más grandes problemas vinculados al fenómeno de la corrupción en nuestro país es la creencia de que cualquier acto de corrupción estará vinculado directamente con dinero o beneficios económicos directos. Esta idea ha normalizado el resto de las irregularidades en las que incurre el gobierno y, más que blindar nuestro optimismo ante el Estado, le ha otorgado un manto de impunidad a los abusivos con cargo público.

De acuerdo con el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, así como con el Código de Ética de la Administración Pública Federal, la corrupción se refiere al abuso de una posición de poder con la finalidad de obtener un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo.

El problema llega cuando suponemos que todo beneficio es monetario y que toda transacción indebida se ve como un maletín lleno de dinero o una bolsa de billetes ceñidos con ligas.

Sin embargo, uno de los más dolosos y cotidianos de estos actos es el indiscriminado nombramiento de perfiles inexpertos en titularidades de las administraciones, como los vistos las últimas semanas durante la reconfiguración del gabinete estatal.

¿Qué aporte traerá Juan Carlos Torres Cedillo al sector cultural? ¿Qué experiencia respalda a Nadia Ochoa Limón para dirigir la Coordinación Estatal de Protección Civil? ¿Qué ocurrió en el siempre caótico gobierno estatal para permitir que Laura Luz García Lumbreras brincara de la dirección del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) a la Dirección General del Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART)?

Todos conocemos bien el dogma: admitir un puesto para el que no estás calificado también es corrupción. Por lógica, es abusar de tu potencial para obtener el cargo (poder) y con ello aprovechar los beneficios económicos, y también políticos, del nombramiento.

Y aunque públicamente solo se condene su falta de preparación o los evidentes favores que cobran para estar ahí, deberíamos permitirnos ser más directos y señalar esa corrupción. En lo que respecta a los nombramientos señalados, todos y cada uno de los involucrados son corruptos por definición popular.

Hay que ser claros: si el día de mañana se filtrara una fotografía de un secretario estatal recibiendo un sobre de dinero por parte de un contratista que realizó una obra para la administración, las palabras corrupción y soborno aparecerían en las portadas de los periódicos y en cada red social. En contraste, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Cultura se pueden dar el impune lujo de difundir fotografías de las tomas de protesta, sin que eso implique un señalamiento igual de grave contra ellos.

Habrá quien diga que los casos aquí comparados no son equiparables, porque no es lo mismo aceptar un soborno económico que admitir un encargo técnico. Y lo entiendo: el peculado es delito, pero la ineptitud no.

Ese justamente es el problema. Nos hemos limitado a medir la gravedad de la corrupción en dinero líquido, antes que por los daños provocados o su transgresión a la ética del servicio público. Por supuesto que vamos a tolerar la inexperiencia y sus consecuencias en tanto que no las condenemos como lo que son: corrupción.

Al gobernador Gallardo Cardona no le interesó cuando nombraron a Laura Luz García Lumbreras (hija de su excoordinador de campaña) al frente del ITSSLP, aunque incumplía dos de los requisitos para ocupar el cargo plasmados en el decreto de creación del instituto.

Tampoco le parece importar si Nadia Ochoa incumple con lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, la cual establece que el director general debe contar con la certificación de competencia expedida por la Escuela Nacional de Protección Civil.

Quizá, en el caso específico de San Luis Potosí, la corrupción que trae consigo la ineptitud para un cargo tiene sin cuidado al gobernador, porque sabe que los puestos susceptibles de intercambiar titulares ya no tienen capacidad política independiente.

¿Qué más da si la Secretaría de Cultura la dirige Mario García, Torres Cedillo o (Dios nos ampare) Héctor Serrano, si ni siquiera maneja su propio dinero? Una buena parte de su presupuesto se sangra por debajo de la mesa a la FENAPO; entidades como el Teatro de la Paz tienen que enviar sus ganancias directamente a la Secretaría de Finanzas, y la austeridad criminal es tal que se han visto obligados a organizar festivales culturales con el trabajo gratuito de estudiantes y artistas.

¿Importa qué perfil improvisado dirija la Secretaría de Educación, cuando el único requisito es obedecer descerebradamente los caprichos del gobernador? Si el gobernador quiere cancelar clases tres días antes de un festejo, se hace. Si el gobernador quiere controlar el presupuesto y dinero de las escuelas sin dar margen administrativo a las direcciones, lo hace. Si los maestros deben servir como acarreados para el evento oficial en turno, lo hacen. Si el secretario de Educación debe convertirse en una botarga absurda del movimiento magisterial del PVEM (el Magister Verde), se rinde ante ello.

Porque para el Ejecutivo lo que importa no es la experticia, sino la obediencia ciega y la disponibilidad para actuar de florero en la oficina que los pongan.

Pese a todo lo mencionado, no podemos dejarnos caer en la trampa del cinismo. La administración estatal no debería ser así; este no debería ser el modelo estándar; no tenemos la obligación de resignarnos a aceptar los bajos estándares corruptos que padece la burocracia cada que asume el cargo un nuevo titular. Aplica para cualquier gobierno.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.