Por Victoriano Martínez
Conforme crece la presión pública en defensa de la libertad de expresión, los operadores de los actos represivos de las últimas semanas, con personas periodistas, comunicadoras y creadoras de contenido apresadas y amenazadas con órdenes de aprehensión, se deja ver que la acometida tiene como trasfondo motivaciones político electoreras.
La manifestación que se dio este martes tuvo elementos que mostraron cómo, desde el poder de filiación verde-ecologista, su poco interés por respetar y garantizar la libertad de expresión les da una bandera a sus oponentes y los iguala con una amplia variedad de grupos con largo historial en la búsqueda por reivindicar sus derechos.
La marcha de la Alameda al Congreso del Estado y el posterior ingreso forzado al salón de Plenos estuvo acompañada por víctimas de delitos, de violación a sus derechos humanos, de despojos de sus tierras, de atentados contra su patrimonio ecológico, de despidos injustificados y más, con algo en común: su limitada posibilidad de exponer públicamente sus casos, especialmente en este sexenio.
Como los de todas estas víctimas, los reclamos por la criminalización de su ejercicio de la libertad de expresión que expusieron en el salón de Plenos del Congreso del Estado Anahí Torres, Omar Niño y Juan Pablo Moreno Rodríguez son legítimos y están justificados, lo mismo que su demanda de derogación de la Ley Serrano.
El hecho de que se sumaran al reclamo de respeto a la libertad de expresión grupos que han visto vulnerados sus derechos y requieren alzar la voz no sólo muestra el amplio espectro de los sujetos activos de esa libertad, sino también el universo de ciudadanos (todos) que puede ser víctima de criminalización por sus expresiones.
El caso de María de Jesús Armendárez “Mary Chuy”, con más de 10 años de exigir justicia por un caso de acoso sexual y de enfrentar violencia institucional, representa un antecedente del uso del Código Penal como instrumento para inhibir sus protestas.
La mismísima presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giovana Argüello Moreno, la acusó por una presunta agresión durante una de sus manifestaciones que nunca ocurrió porque no estuvieron al mismo tiempo en un mismo lugar. Criminalizar la protesta es atentar contra la libertad de expresión.
Un uso del Código Penal que va más allá la Ley Serrano que, a estas alturas, apareció en el panorama de la voluntad represiva del actual gobierno estatal como la carta de presentación de una intención de reprimir la libertad de expresión con todo aquel delito contemplado en el Código Penal que pueda ser utilizado como los ya aplicados de extorsión y usurpación de funciones.
Tras la manifestación, la muletilla de manual: el diputado Héctor Serrano Cortés señaló que la manifestación tuvo un trasfondo político y que detrás de la movilización existieron actores interesados en utilizar el tema con fines electorales.
“Vi empleados del Ayuntamiento, sin duda yo creo que el presidente Enrique Galindo tuvo que ver en el tema de la marcha. Es mi percepción y es mi opinión. Yo lo vi, yo lo observé, porque además tenemos todo perfectamente videograbado”, advirtió amenazante al presumir videograbaciones que vulneran la protección de datos personales de los manifestantes.
Una descripción de la paja en el ojo ajeno que remite a observar la viga en el suyo: la coincidencia en aplicar el Código Penal contra publicaciones afines a los potenciales adversarios políticos de su grupo en las elecciones de 2027, Enrique Galindo Ceballos y Gerardo Sánchez Zumaya.
¿Ataque a la libertad de expresión con el objetivo de eliminar instrumentos de promoción de sus adversarios? Encaja con lo planteado por Ericka Segura en la columna “Desde la Banqueta” en el periódico El Mañana San Luis Potosí con el título “La guerra digital que ya comenzó”.
Escribe Segura que “la disputa por el poder ya se está librando en otro terreno, las redes sociales, los portales digitales y la inteligencia artificial”. ¿Acaso el sesgo en la criminalización de la libertad de expresión busca generar bajas en el adversario y mantener intacto y con ventaja el entramado digital propio con fines electoreros?
Y es que lo que menos muestra Serrano Cortés, por mucho que se manifieste a favor de la libertad de expresión, es que sus actos lo contradicen. La libertad de expresión, en tanto derecho ciudadano, implica la obligación para los servidores públicos de apertura para escucharlos.
Lo primero que hizo Serrano Cortés cuando los manifestantes ingresaron al recinto legislativo fue huir para no escucharlos. Es decir, ese menosprecio a lo que los ciudadanos le pretendían expresar es en sí mismo un acto, como servidor público, en contra de la libertad de expresión.
Es una forma de incumplir con sus obligaciones de funcionario por privilegiar sus intereses de grupo con la agravante de incurrir en la politiquería electorera, que es lo que con otras palabras les señala a sus oponentes, y con un efecto aún más grave: negarles la escucha a grupos vulnerados en sus derechos cuya voz tiene cada vez menos espacios de expresión.
Entre pajas y vigas se abrió la posibilidad de que esos grupos vulnerados en sus derechos se pudieran hacer escuchar más allá de lo que hasta ahora han logrado, pero la estridente “guerra digital” los opaca sin que haya señales de que los de las pajas y las vigas les hagan mayor eco a sus voces… y contribuyan a la reivindicación de sus derechos y demandas de justicia.
