Más fácil buscar culpables que respuestas

Fernanda Durán

La  marcha reunió causas que, en apariencia, poco tenían en común: taxistas que desde hace años exigen una regulación del transporte por plataformas; comunidades inmersas en conflictos agrarios; víctimas que llevan años buscando justicia; ciudadanos que denuncian despidos, abusos de autoridad, problemas ambientales y violaciones a derechos humanos; y periodistas y comunicadores que cuestionan el uso del derecho penal para perseguir expresiones incómodas.

Todas esas causas son distintas. Tienen orígenes diferentes, autoridades responsables distintas y soluciones que pasan por instituciones diversas. Algunas corresponden al Congreso; otras al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a los ayuntamientos.

Sin embargo, todas terminaron caminando juntas.

No compartían la misma demanda, pero sí una misma sensación: que por separado dejaron de encontrar canales institucionales eficaces para ser escuchados. Más que una protesta contra una reforma penal, la movilización terminó siendo el punto de encuentro de conflictos que distintas instituciones dejaron crecer hasta coincidir en un mismo lugar.

Paradójicamente, el Congreso terminó convertido en la ventanilla de reclamos de problemas que ni siquiera le corresponden por completo resolver. Pero tampoco puede deslindarse de todos ellos.

La llamada Ley Serrano nació en ese recinto. La adecuación de la legislación sobre transporte permanece pendiente pese a los criterios establecidos por la Suprema Corte. La ratificación de Giovana Argüelles al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos también pasó por el Congreso, a pesar de los cuestionamientos expresados por colectivos y víctimas sobre su desempeño. En otros casos, aunque la solución dependa de otra autoridad, el Poder Legislativo conserva la facultad de llamar a comparecer funcionarios, revisar leyes o impulsar reformas que atiendan esos conflictos.

Lo preocupante vino después.

En cuestión de horas, distintos legisladores comenzaron a buscar responsables políticos de la movilización. Se habló de “tintes políticos”, de grupos de choque, de intereses electorales e incluso de un supuesto financiamiento por parte del Ayuntamiento de la capital.

Es posible que algunos de quienes participaron en la movilización tuvieran simpatías partidistas o incluso intereses políticos. En un estado que ya vive un ambiente preelectoral sería extraño pensar lo contrario. Pero esa circunstancia no elimina la legitimidad de las demás demandas que también llegaron al Congreso ni releva a los diputados de su obligación de escucharlas.

Reducir toda la movilización a un supuesto “tinte político” terminó siendo una explicación más sencilla que asumir que, detrás del ruido, también había problemas públicos reales. Esa lógica quedó reflejada cuando la diputada Roxanna Hernández Ramírez afirmó que entre los asistentes había personas “alcoholizadas y drogadas” y solicitó el uso de la fuerza pública. Minutos después, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, retomó esa versión para justificar la presencia de elementos de seguridad.

Siempre puede existir alguna persona que altere una manifestación. Ocurre prácticamente en cualquier movilización multitudinaria. Pero convertir esa circunstancia —de haber existido— en la descripción de todo un movimiento resulta problemático.

Porque aquella marcha no estaba integrada únicamente por quienes gritaban consignas. Ahí también había víctimas, adultos mayores, periodistas, taxistas, habitantes de comunidades, personas provenientes de centros de rehabilitación y ciudadanos que acudieron a expresar distintas demandas. Generalizar esa caracterización termina por estigmatizar al conjunto de los asistentes y desplaza la discusión sobre las razones que motivaron la protesta.

Quien ocupa un cargo de representación popular no está obligado a compartir las demandas de quienes protestan, pero sí a distinguir entre conductas individuales y una manifestación ciudadana. Cuando la primera reacción institucional consiste en etiquetar a quienes protestan antes que atender aquello que reclaman, la discusión deja de centrarse en los problemas públicos para concentrarse en quién marchó, quién convocó o quién podría beneficiarse políticamente.

Porque un Congreso no está para investigar quién convocó una manifestación. Está para revisar leyes, corregir omisiones, llamar a cuentas a otras autoridades y abrir cauces institucionales antes de que los conflictos terminen estallando en sus puertas.

Sin embargo, ese día hubo causas que sí correspondían directamente al Poder Legislativo: la revisión de la llamada Ley Serrano, la adecuación de la legislación sobre transporte tras los criterios de la Suprema Corte y la responsabilidad política de haber ratificado a la actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pese a los cuestionamientos de víctimas y colectivos. Otras demandas excedían sus atribuciones, pero no por ello dejaban de merecer ser escuchadas y canalizadas.

Si algo dejó la jornada del martes es que el conflicto está lejos de cerrarse. Mientras distintas organizaciones exigen derogar la llamada Ley Serrano, el diputado Héctor Serrano adelantó nuevas acciones legales por la vía civil contra el periodista Juan Pablo Moreno, uno de sus críticos, y durante una entrevista confrontó a una reportera a partir de una pregunta sobre quién puede asumirse como periodista. El episodio también deja una preocupación: en un ambiente de creciente polarización, cada cuestionamiento parece bastar para ubicar a quien lo formula en uno u otro lado del tablero político.

En caso de que la discusión pública termina concentrándose únicamente en descubrir quién movió la protesta y no en explicar por qué tantos sectores distintos sintieron la necesidad de acudir al mismo lugar, las instituciones volverán a perder la oportunidad de corregir los problemas que los llevaron hasta ahí. Y si, en lugar de abrir canales de diálogo, el siguiente capítulo vuelve a escribirse a través de nuevas denuncias y litigios, la distancia entre ciudadanía e instituciones sólo seguirá creciendo.

Y ya estando…

OTRO DELITO: Mientras la discusión pública se ha concentrado en la penalización del “uso indebido de la IA”, la penalista Claudia Espinosa Almaguer ha advertido que existe otra reforma que merece la misma atención. En mayo de este año el Congreso incorporó al Código Penal el capítulo de “Mensajes Intimidatorios”, que sanciona la difusión pública de mensajes cuando sean considerados aptos para generar “temor colectivo” o “alteración del orden público”. Aunque el propio texto contempla “excepciones” para el ejercicio periodístico, la protesta social y la defensa de derechos humanos, la especialista alerta que esos conceptos quedan sujetos a la interpretación de las autoridades, lo que puede obligar a una persona a enfrentar una investigación penal antes de demostrar que su conducta estaba protegida por la Constitución. En un contexto donde periodistas, comunicadores y ciudadanos ya enfrentan procesos penales por sus expresiones, la preocupación deja de ser una sola reforma y se extiende hacia una política criminal que continúa ampliando el catálogo de delitos vinculados con la expresión pública.

ESCONDIENDO LO INCÓMODO: el congreso del Estado volvió a esconder la otra iniciativa ciudadana contra el uso indebido de inteligencia artificial, el argumento fue que no cumplía con los requisitos para tramitarse; sin embargo, en esta y en legislaturas anteriores han llegado a comisiones múltiples iniciativas con deficiencias técnicas que sí fueron turnadas para su análisis. La diferencia, al menos en este caso, es que se trata de una propuesta que busca modificar una de las reformas más cuestionadas del actual Congreso.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.