Estela Ambriz Delgado
El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, consideró que si bien es importante poner sobre la mesa las problemáticas del organismo Interapas, la solución no es desmantelarlo y fragmentar el servicio como ya ha sido planteado desde el Gobierno del Estado, ya que puede agravarse aún más.
Lo anterior en relación al diagnóstico realizado y presentado por el observatorio Radar del Agua, en el que señala la baja eficiencia de Interapas con una calificación del 30.2 por ciento.
El también investigador destacó que, en primer lugar, el diagnóstico presentado resulta relevante porque pone sobre la mesa problemas que desde hace años han sido señalados por especialistas, organizaciones civiles y usuarios, como la infraestructura hidráulica obsoleta, que ocasiona pérdidas cercanas al 50 por ciento por fugas; atención ciudadana deficiente y una gestión operativa muy por debajo de las capacidades que debería ofrecer un organismo operador metropolitano.
Dijo que estos hallazgos evidencian que la crisis del agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí no puede explicarse únicamente por la sequía o la disminución de la disponibilidad del recurso, sino también por profundas deficiencias institucionales y de gestión.
Sin embargo, consideró que reconocer esta realidad no debe llevar a una conclusión equivocada, ya que la solución no es desmantelar ni fragmentar al Interapas como se ha planteado desde el Gobierno del Estado, pues representa un alto riesgo para la gobernanza del agua en la región metropolitana y parece responder más a intereses políticos, económicos y electorales relacionados con el control administrativo, financiero y territorial del recurso hídrico, que a una estrategia técnicamente sustentada para resolver la crisis.
Quintero García puntualizó que desde una perspectiva científica e integral en la gestión del agua, la fragmentación del organismo operador implicaría romper la visión metropolitana con la que actualmente se administran fuentes de abastecimiento, infraestructura hidráulica, redes de distribución y sistemas de saneamiento que funcionan de manera interdependiente entre los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro.
“El agua no reconoce límites político-administrativos; circula conforme a procesos hidrológicos y a una infraestructura compartida que ha sido construida durante décadas. Dividir su administración generaría mayores costos operativos, duplicidad de estructuras burocráticas, pérdida de economías de escala y mayores dificultades para planificar inversiones estratégicas”.
El riesgo de mayor inequidad
El presidente del CHE apuntó a que esta medida podría profundizar las desigualdades territoriales en el acceso al agua, pues mientras el municipio de San Luis Potosí concentra la mayor parte de la infraestructura hidráulica, capacidades técnicas, personal especializado y equipamiento, municipios como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro no cuentan actualmente con la infraestructura, los recursos financieros ni las capacidades institucionales suficientes para operar de manera autónoma un sistema de abastecimiento de esta complejidad.
En consecuencia, la fragmentación podría traducirse en servicios más costosos, menor capacidad de respuesta y un incremento en las brechas de acceso al agua entre la población metropolitana.
Sumado a esto, mencionó que otro aspecto frecuentemente omitido en el debate público, es la competencia entre usos del agua.
Explicó que, durante los periodos de sequía, los sectores industriales y mercantiles con altos requerimientos hídricos suelen mantener o incluso incrementar sus volúmenes de extracción gracias a concesiones previamente otorgadas, mientras que el uso doméstico enfrenta restricciones, tandeos y desabastecimientos.
Por ello, cualquier reforma institucional que no incorpore mecanismos de redistribución, regularización y transparencia del mercado privado del agua, priorización efectiva del consumo humano y regulación de los grandes consumidores, difícilmente resolverá el problema de fondo.
“Cambiar la estructura administrativa sin revisar el modelo de asignación del recurso únicamente trasladará las deficiencias actuales hacia organismos más pequeños y con menor capacidad de gestión”.
Necesidad de una profunda reingeniería institucional
Quintero García refirió que la evidencia nacional e internacional demuestra que los organismos operadores exitosos no son necesariamente los más pequeños, sino aquellos que cuentan con autonomía técnica, suficiencia financiera, planeación de largo plazo, transparencia, rendición de cuentas y procesos permanentes de evaluación.
En este sentido, estimó que el propio diagnóstico del Radar del Agua señala el camino correcto en cuanto a la necesidad de una profunda reingeniería institucional que fortalezca al organismo mediante la modernización de la infraestructura, la reducción de pérdidas físicas, la digitalización de procesos, sistemas transparentes de atención ciudadana con seguimiento público de reportes, profesionalización del personal, indicadores de desempeño y mecanismos efectivos de participación social.
Sin embargo, dijo que resulta contradictorio que una propuesta que intenta la fragmentación administrativa se impulse desde el propio Gobierno del Estado, cuando su Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 —en su Eje 3. Economía Sustentable para San Luis, en la Vertiente 3.5 “Recuperación Hídrica con enfoque de cuenca”—, establece como principio rector la gestión integral del agua considerando el funcionamiento de las cuencas y subcuencas hidrológicas.
Este enfoque reconoce que la seguridad hídrica depende de la protección de las zonas de recarga, la conservación de los ecosistemas, la coordinación intermunicipal y la planificación regional del territorio; por lo que fragmentar la administración del agua en función de límites políticos municipales representa una medida incongruente con dicho enfoque, pues privilegia una lógica partidista-administrativa sobre una visión ecosistémica e hidrológica.
“La discusión pública no debería centrarse en quién controla políticamente el organismo operador, sino en cómo transformar el modelo de gestión del agua para garantizar el derecho humano al agua, reducir las pérdidas, proteger las áreas estratégicas de recarga hídrica, priorizar el uso doméstico frente a otros usos durante escenarios de escasez, fortalecer la planeación metropolitana y construir una verdadera gobernanza participativa basada en criterios técnicos y científicos”, señaló.
El investigador concluyó que la crisis hídrica del valle metropolitano exige reformas profundas, orientadas a fortalecer la capacidad institucional, mejorar la eficiencia operativa, implementar la participación ciudadana legítima y efectiva, generar un manejo transparente del agua y sus finanzas, y avanzar hacia un modelo de gestión sustentable con visión de cuenca.
“Fragmentar al Interapas no resolverá las causas estructurales del problema; y por el contrario, corre el riesgo de generar una mayor desarticulación institucional, incrementar las desigualdades territoriales en el acceso al agua y debilitar la capacidad de planificación integral que demanda uno de los mayores desafíos socioambientales de la región”.
Asimismo, reiteró que la prioridad debe ser construir un organismo metropolitano más eficiente, transparente, socialmente participativo y técnicamente sólido, no sustituir un problema de gestión por otro de gobernanza que puede incluso agravar las condiciones actuales.
