Abelardo Medellín Pérez
A unos meses de que el sexenio de Ricardo Gallardo Cardona entre a su último año de administración, se esperaría que la curva de aprendizaje hubiera quedado muy atrás y que los errores fueran nulos o mínimos. No es así. Y el “Primer Encuentro por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial” es un claro ejemplo de que se puede tener una innegable experiencia política y, aun con ello, incurrir en las más bochornosas pifias.
La lamentable simulación que el Gobierno disfrazó de evento para regular la inteligencia artificial tuvo tantos, pero tantos, problemas de forma y fondo que por poco hace que se nos olvide la verdadera tragedia: que tantas personas se hayan prestado a un capítulo tan vergonzoso de la propaganda oficial de la Gallardía.Para empezar, la convocatoria.
Cuando el Gobierno da a conocer que tuvo un “encuentro” en favor de los derechos humanos, la suposición es que este sería abierto, público y plural; es decir, reuniría todas aquellas condiciones necesarias, no solo para un diálogo constructivo, sino también deseables en un gobierno.
Olvidamos que es el mismo Gobierno que quitó las barreras metálicas del perímetro del Palacio de Gobierno en su primer día y las regresó una semana después; el mismo que obliga a estudiantes a asistir a eventos de charrería, pero violenta física y laboralmente a los ciudadanos que ponen en riesgo los tan personales intereses del gobernador; la administración tan privada, tan personalista y tan cerrada que, para ellos, la sucesión de la gubernatura debe quedar en familia.
Evidentemente, el Gobierno no iba a convocar a ciudadanos, mucho menos a la prensa, con la que ha sostenido una batalla desde hace meses. No. El Gobierno invitó únicamente a un grupo seleccionado de representantes que no hablaban por nada ni por nadie y les pidió dar unas palabras para secundar la “lavada de cara” que la administración y sus huestes requerían con tanta vehemencia.
Por si el hermetismo no fuera suficiente, las participaciones dilapidaron el ya sospechoso esfuerzo. Para un foro sobre inteligencia artificial y derechos humanos, la expectativa era escuchar a expertos en la materia y, en su lugar, participaron periodistas. No desdeñamos a los participantes ni negamos la intrincada relación entre el periodismo y las nuevas herramientas generativas de información; el asunto, más bien, es retórico.
¿Por qué hacer un foro sobre derechos humanos e inteligencia artificial cuando el tema real y evidente es la libertad de expresión, el punitivismo del Estado y las consecuencias de darle demasiado poder a un diputado sin escrúpulos? Y si realmente era un foro sobre inteligencia artificial, ¿por qué no escuchar a catedráticos expertos en esa materia?
En lugar de abordar el urgente tema de la inteligencia artificial, como estaba anunciado, el gobernador orquestó una reunión con el único objetivo de usar a los periodistas para respaldar la ya decidida abrogación de la Ley Serrano.
A la par de este hecho, destacó que, así como hubo participantes selectos, también hubo participaciones improvisadas.
Hacia el final del encuentro, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, anunció que, para concluir, únicamente intervendrían dos periodistas más antes de cerrar las exposiciones. Unos minutos después, luego de haber recibido una indicación discreta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario rectificó y anunció que se contaría con la participación adicional del diputado Héctor Serrano Cortés.
No la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, no el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, ya ni hablar de un diputado de oposición, por aquello de simular pluralidad; no. El Gobierno improvisó un espacio en su encuentro para que el más vociferante de sus fieles diputados pudiera expresar su resentida queja por el hecho de que la legislación que estaban por abrogar llevara su nombre y que, pese a ello, se dijera orgulloso de tan ilustre fracaso.
Ante lo acontecido en el encuentro, queda de manifiesto que el tan esperado foro para la regulación de la inteligencia artificial tenía tres objetivos principales: palomear el trámite de la “discusión pública”, justificar la abrogación de la ley mediante una simulación que utilizó a los medios e intentar limpiar la imagen de un infame legislador.
Lo único que el Gobierno debía hacer —realizar un foro abierto, convocar a expertos, celebrar un foro especial para periodistas y echar abajo la “Ley Serrano” en vergonzoso silencio— no lo hizo. Y, por no poder asumir el descalabro de secundar las tendencias autócratas de una de sus huestes, lo poco que hizo, lo hizo todo mal.
