Por Victoriano Martínez
El Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe convocó para este martes 28 de julio a una asamblea de formalidades especiales para repartir solares urbanos sin esperar la respuesta de la Procuraduría Agraria (PA) a su solicitud de asesoría jurídica para la verificación de que se cubrieron todos los requisitos y recibir su aval.
La publicación de la convocatoria se dio desde el 23 de junio, lo que provocó que comuneros inconformes solicitaran a la PA una opinión sobre su viabilidad legal. La respuesta se dio el 9 de julio y reveló el primer indicio de sospechas sobre las intenciones reales de la asignación de solares urbanos.
“Los promoventes no se encuentran facultados para convocar a asamblea de formalidades especiales en materia de asignación de solares urbanos”, estableció en la respuesta Ricardo Enrique Rivera Sierra, representante estatal de la PA.
¿Por qué el Comisariado de Bienes Comunales emitió la convocatoria a una asamblea de formalidades especiales si el PA no les reconocía facultades?
No es que el Comisariado de Bienes Comunales no supiera la postura de la PA, que desde el 7 de julio emitió el dictamen negativo, sino que a partir de esa fecha los integrantes del Comisariado, encabezado por Aniceto Jasso Bravo como presidente, evitaron ser notificados sobre la determinación.
Hasta ahí, para los comuneros inconformes con el pretendido reparto de solares urbanos, que involucran más de 10 mil lotes de terreno con fines de urbanización tanto dentro como en los límites del polígono del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, resultó evidente el intento de sus autoridades comunales por lograr una asamblea simulada.
Existen antecedentes, tanto en la propia comunidad de San Juan de Guadalupe como en otros ejidos como el de La Pila, de asambleas sin participación de la PA que después se busca inscribir en el Registro Agrario Nacional (RAN) para validar despojos de tierras.
Si en la respuesta que la PA dio a los inconformes en su consulta dejó claro que los promoventes no están facultados para convocar a la asamblea de formalidades especiales, a la fecha ya no pueden fingir desconocimiento sobre la determinación de la Procuraduría porque Jasso Bravo ya fue notificado formalmente.
“Derivado del análisis documental, se emite acuerdo de desechamiento a la petición realizada por no acreditar los promoventes y convocantes su personalidad e interés jurídico al no existir certeza jurídica respecto de la validez del acta de asamblea de elección en la que resultaron electos como órganos de representación comunal y de vigilancia”, establece el segundo punto del acuerdo de la PA.
La petición que se desechó fue la solicitud de participación de la PA en la asamblea programada para mañana, sin la que los acuerdos que en ella se tomen carecerían de validez.
Si las autoridades comunales insistieran en una asamblea simulada para favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, sólo tendrían que lograr el quórum de las tres cuartas partes de los comuneros reconocidos y seguir su plan de validar sus acuerdos por la vía del registro del acta en el RAN.
La convocatoria está abierta y es muy probable que no alcancen el quórum, lo que los obligaría a una segunda convocatoria que sería válida con la asistencia de la mitad más uno.
Con la negativa de la PA a participar para avalar las determinaciones de la asamblea, emitir la segunda convocatoria sólo mostraría qué tan presionado está el Comisariado para realizar el reparto de solares urbanos.
Pequeños capítulo adicionales sobre los intentos por urbanizar la Sierra de San Miguelito.
