Fernanda Durán
Desde hace dos años, el Tribunal Electoral del Estado perdió un laudo laboral por el despido injustificado de Karla Leticia Sánchez Pedroza, sin embargo, desde entonces, el organismo se ha confabulado con autoridades como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado, para evitar que la extrabajadora cobre la sentencia, pese a que ésta quedó firme y se encuentra en etapa de ejecución.
El seguimiento realizado por la afectada y su defensa, junto con resoluciones judiciales, diligencias de embargo, estados financieros y documentos públicos del propio Tribunal Electoral, muestran que el órgano electoral, el TECA, la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado intervinieron en distintos momentos de un conflicto que lleva cerca de cinco años y cuya ejecución continúa detenida, pese a las resoluciones favorables obtenidas por la extrabajadora.
La intervención del Congreso ocurrió en plena etapa de embargos. El 4 de junio, representantes del Poder Legislativo, la Secretaría General de Gobierno y diversas autoridades electorales, incluida la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Dennise Adriana Porras Guerrero, participaron en una reunión privada bajo el argumento de revisar la reforma electoral rumbo a 2027.
Cinco días después, el 9 de junio, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, presentó una iniciativa que no modificaba las reglas generales de la elección, sino la Ley Orgánica del propio Tribunal Electoral. Una de sus disposiciones reforzó específicamente la protección de sus cuentas frente a medidas cautelares y ejecuciones judiciales.
Para entonces, el Tribunal ya había perdido el juicio laboral, conocía el monto creciente de la condena, había sido objeto de un primer embargo y había transferido a otra cuenta el dinero depositado en la cuenta intervenida.
Un cambio de puesto que terminó en despido
Sánchez Pedroza comenzó a trabajar en el Tribunal Electoral como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de la entonces magistrada Yolanda Pedroza Reyes. En enero de 2021 durante el proceso electoral fue enviada temporalmente a la Secretaría General de Acuerdos, donde ocupó una subsecretaría, puesto de menor jerarquía y salario, bajo el argumento de que el área necesitaba personal.
El Tribunal sostuvo durante el juicio que, después de la primera licencia otorgada para ese cambio, la trabajadora aceptó continuar en la subsecretaría. Sin embargo, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito advirtió que el segundo nombramiento fue expedido unilateralmente, sin una nueva solicitud de licencia y mientras continuaba vigente su plaza definitiva.
Cuando concluyó el proceso electoral, Sánchez Pedroza intentó regresar a su puesto anterior. Según su testimonio, la entonces presidenta del Tribunal, Dennise Porras Guerrero, le informó que ya no tenía lugar en la institución.
“La magistrada Dennise me dijo que ya no podía, que ya estaba despedida, tal cual, y les dije: ‘¿Cómo tal?’. Así dice, no, pues así, ya no está tu lugar, ya”.
La trabajadora relató que inicialmente le sugirieron acudir al Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la promesa de que podría conseguir trabajo, pero al presentarse le indicaron que no existía ninguna oferta. Tras ese periodo promovió una demanda por despido injustificado ante el TECA, el 7 de diciembre de 2021.
El procedimiento se prolongó durante años. Cuando el asunto ya se encontraba en condiciones de ser resuelto, la defensa promovió amparos para obligar al TECA a emitir el laudo.
El 11 de junio de 2024, la autoridad laboral dictó una primera resolución favorable para Sánchez Pedroza. Condenó al Tribunal Electoral al pago inicial de 781 mil 183.44 pesos por indemnización constitucional, veinte días de salario por cada año trabajado y salarios caídos. También ordenó cubrir intereses de dos por ciento mensual, incrementos salariales, reconocimiento de antigüedad y prestaciones de seguridad social.
Tanto el organismo como la trabajadora impugnaron la resolución. El 24 de julio de 2025, la justicia federal negó el amparo promovido por el Tribunal Electoral y concedió el solicitado por Sánchez Pedroza, debido a que faltaba cuantificar distintas prestaciones.
El TECA emitió un nuevo laudo el 26 de septiembre de 2025. De acuerdo con la representación de la extrabajadora, la condena actualmente supera 1.7 millones de pesos por las prestaciones e intereses acumulados.
Un acuerdo que no se concretó
Con el laudo firme, Sánchez Pedroza acudió al Tribunal Electoral a finales de 2025 para buscar un acuerdo. Se encontraba embarazada y, según relató, estaba dispuesta a aceptar una reducción del monto o pagos parciales para concluir el conflicto.
Aunque solicitó la cita con Dennise Porras Guerrero, fue atendida por Jesús Porras Flores secretario ejecutivo del organismo y padre de la magistrada presidenta. De acuerdo con su testimonio, este reconoció que el juicio estaba perdido y le indicó que solicitarían recursos para intentar pagarle meses después.
“Me dice: ‘No, claro, ya está bien perdido, sí, ya no hay manera que lo ganemos nosotros. Pues mira, ahorita no tenemos presupuesto, pero en enero lo vamos a pedir y en marzo, como en marzo nos lo dan, vamos a ver cuánto te juntamos para podértelo dar’”.
Sánchez Pedroza aceptó esperar, pero posteriormente el Tribunal promovió un nuevo recurso contra la resolución laboral. El episodio también muestra que el secretario ejecutivo participó directamente en las conversaciones sobre el cumplimiento del laudo.
Finanzas ofreció menos de la mitad y en pagos
Meses después, Sánchez Pedroza fue citada en una oficina vinculada con la Secretaría de Finanzas, donde, según relató, le ofrecieron 600 mil pesos en parcialidades para cerrar el conflicto, pese a que el adeudo rondaba entre 1.6 y 1.7 millones de pesos. Además, afirmó que no le explicaron previamente la razón de la cita y que, al ingresar, le retiraron su teléfono celular.
“Me dijeron: ‘Te ofrecemos seiscientos’ (…)‘y te lo damos en pagos, ¿cómo ves?’. Lo que no me gustó y no me dio confianza, y por eso no lo acepté, fue porque me dijeron que sin abogado y que firmara ahí, y que no podía decir nada”.
La extrabajadora rechazó la propuesta por el monto y las condiciones del encuentro. Aunque la Secretaría de Finanzas había sido absuelta en la sentencia laboral, personal relacionado con esa dependencia intervino en el intento de negociación.
El Tribunal pidió cinco millones de pesos para laudos
En febrero de 2026, Porras Guerrero reconoció públicamente que el Tribunal Electoral había perdido dos juicios laborales y que ambos se encontraban en etapa de ejecución.
La presidenta informó que solicitó a la Secretaría de Finanzas una ampliación presupuestal cercana a cinco millones de pesos para pagar los dos laudos y los haberes de retiro reclamados por la exmagistrada Yolanda Pedroza.
“Entonces esta ampliación que estamos pidiendo de manera urgente es nada más para eso, para cumplir con estos dos laudos; son dos trabajadoras que se despidió de manera injustificada”, declaró.
Porras Guerrero también reconoció que la falta de cumplimiento podía derivar en el embargo de las cuentas del organismo.
La solicitud presupuestal no se tradujo en el pago a Sánchez Pedroza. En abril, su defensa obtuvo finalmente una fecha para comenzar la ejecución forzosa.
Cinco días para llevar el primer embargo al banco
El 17 de abril, una actuaria del TECA acudió al Tribunal Electoral para requerir el pago de 345 mil 600 pesos, cantidad fijada para garantizar seis meses de subsistencia de la trabajadora mientras avanzaba la ejecución.
Ante la falta de pago, fue declarada embargada una cuenta de Banorte terminada en 4386, utilizada por el organismo para cubrir la nómina.
Aunque la cuenta quedó señalada durante la diligencia, la inmovilización bancaria requería un oficio del TECA que la defensa debía entregar a Banorte. Sánchez Pedroza relató que la autoridad laboral no se lo proporcionó inmediatamente: durante varios días les indicaron que se encontraba en firma o que el expediente todavía no había sido devuelto.
El documento fue entregado hasta el 22 de abril, cinco días después de la diligencia. Cuando la defensa acudió al banco, la cuenta ya no tenía el saldo que se había reportado.
“Cuando nosotros llevamos el oficio al banco, nos dicen: ‘No tiene dinero’. Pero sí tenía. Entonces ahí ya es una irregularidad, estás sacando un dinero de una cuenta que ya está embargada”.
El propio Tribunal Electoral informó posteriormente que el 17 de abril, el mismo día de la diligencia, trasladó el saldo total de esa cuenta, equivalente a 1 millón 748 mil 415.60 pesos, hacia la cuenta terminada en 7250, correspondiente al Fondo de Contingencias Laborales.
En sus estados financieros de mayo, el organismo explicó que la transferencia se realizó debido a la orden de congelamiento y bajo el argumento de que la inmovilización impediría pagar la nómina de sus trabajadores.
El Tribunal también reportó que, después del traslado, comenzó a cubrir los salarios ordinarios desde el Fondo de Contingencias Laborales.
El fondo destinado a laudos se utilizó para nómina
El Fondo de Contingencias Laborales fue creado por el Pleno del Tribunal Electoral para reducir el impacto presupuestal provocado por laudos condenatorios y otras obligaciones laborales.
Sus lineamientos originales también permitían utilizarlo como crédito puente para cubrir insuficiencias presupuestales. Sin embargo, el propio Pleno reformó las reglas en diciembre de 2024 y limitó su objetivo al cumplimiento de laudos, convenios de liquidación, compensaciones y otras obligaciones relacionadas con trabajadores.
Pese a ello, después del primer embargo el Tribunal trasladó al fondo el dinero de la cuenta de nómina y comenzó a utilizarlo para pagar los salarios ordinarios de su personal, en lugar de cubrir la cantidad requerida para garantizar la subsistencia de Sánchez Pedroza.
Al cierre de mayo, el estado financiero del organismo reportó 3 millones 541 mil 285.56 pesos en el Fondo de Contingencias Laborales, más de diez veces los 345 mil 600 pesos requeridos en la diligencia.
El mismo informe registró un millón 611 mil 017.19 pesos en otra cuenta correspondiente al fondo de ahorro de los trabajadores, integrado con retenciones realizadas al personal y cuya entrega estaba programada para julio.
El TECA anuló el primer embargo
Después de la diligencia del 17 de abril, la magistrada presidenta promovió un recurso de revisión. El 25 de mayo, el Pleno del TECA declaró fundado el recurso y anuló el embargo.
La resolución fue notificada a la trabajadora hasta el 15 de junio, casi tres semanas después de que fue aprobada.
La defensa acudió a la justicia federal y reclamó que el TECA había revocado una medida de ejecución sin contar con atribuciones para hacerlo. La autoridad federal ordenó reponer la actuación y fijar una nueva fecha de embargo.
Sánchez Pedroza considera que la intervención del TECA no se limitó a la demora en los oficios, pues también evitó que se investigara de inmediato el movimiento del dinero y resolvió favorablemente el recurso promovido por el Tribunal Electoral.
“Prácticamente estoy contra dos autoridades; el TECA tiene la obligación de hacer pagar ese laudo, pero los está ayudando y retrasando de alguna u otra manera”.
Posteriormente, según relató, el representante del organismo sostuvo frente a su abogado que contaba con el respaldo del presidente de la autoridad laboral,.
“Háganle como quieran, a nosotros el presidente del TECA nos está ayudando”, fue la expresión que Sánchez Pedroza atribuyó al representante del Tribunal Electoral.
De una reunión privada al blindaje legislativo
Mientras la defensa buscaba revertir la anulación del primer embargo, el 4 de junio se realizó la reunión privada entre las autoridades electorales, el Congreso y el Gobierno del Estado. Las fotografías del encuentro muestran en la misma mesa a la presidenta del Tribunal Electoral, integrantes de la Junta de Coordinación Política y funcionarios electorales.
El argumento público fue ordenar la agenda legislativa y concluir la reforma electoral antes del 30 de junio. El diputado Rubén Guajardo Barrera sostuvo que durante el encuentro no se habían tomado decisiones de fondo y que únicamente se había trazado una agenda. No obstante, el 9 de junio, Serrano Cortés presentó la iniciativa para reformar los artículos 7 y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral.
La iniciativa no estaba dirigida a reformar las reglas de competencia electoral, financiamiento, candidaturas o participación política. Uno de sus objetivos centrales fue reforzar la protección patrimonial del órgano que en ese momento enfrentaba los embargos derivados de los laudos laborales.
El argumento contra el embargo se convirtió en ley
El artículo 7 ya establecía que el patrimonio del Tribunal Electoral era inembargable. La reforma amplió la redacción para incluir expresamente sus “bienes, activos, cuentas bancarias y demás recursos” y determinó que “en ningún caso” podrían ser objeto de medidas cautelares, ejecución judicial o administrativa.
La exposición de motivos sostuvo que existía una “brecha procesal” que podía permitir el congelamiento de cuentas y paralizar el funcionamiento del órgano electoral.
Ese era el mismo razonamiento que la representación del Tribunal utilizaba dentro de las diligencias laborales: que sus cuentas estaban destinadas al cumplimiento de una función pública y que la afectación de sus recursos debía considerarse contraria al interés general.
Para ese momento, el caso de Sánchez Pedroza no se encontraba en una etapa precautoria ni pendiente de sentencia. Existía un laudo favorable, el Tribunal había perdido sus medios de defensa y el procedimiento estaba en fase de ejecución.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso el 23 de junio, publicada el 29 y entró en vigor al día siguiente. El mismo decreto eliminó la obligación de que la presidencia del Tribunal fuera rotatoria y permitió designar a quien ocupará el cargo antes de que concluya el periodo constitucional de una magistratura.
Segundo embargo: de 5.1 millones a cinco pesos
Antes de la aprobación definitiva de la reforma, el 17 de junio, la actuaria regresó al Tribunal Electoral para realizar un segundo embargo. Esta vez, la parte trabajadora señaló directamente las cuentas terminadas en 7250 y 4395: el Fondo de Contingencias Laborales y el fondo de ahorro del personal.
La elección de las cuentas no fue al azar. El estado financiero al 31 de mayo reportaba en ellas un saldo conjunto de más de 5.1 millones: 3.54 millones en el fondo creado para enfrentar laudos y 1.61 millones en el ahorro de los trabajadores.
Las cuentas fueron declaradas formalmente embargadas a las 11:05 horas del 17 de junio y el oficio se entregó al banco al día siguiente. Cuando Banorte respondió al requerimiento, informó que la cuenta del fondo de ahorro tenía saldo de cero pesos y la del Fondo de Contingencias Laborales únicamente cinco pesos.
La diferencia entre lo reportado al cierre de mayo y los saldos encontrados después de la diligencia llevó a la defensa a solicitar al TECA que investigara los movimientos bancarios y diera vista al Ministerio Público por la posible comisión de insolvencia fraudulenta o desobediencia.
Sánchez Pedroza sostiene que la desaparición de recursos de las cuentas señaladas repitió el patrón del primer embargo: “Ya van dos veces, dos embargos, que mueven el dinero, pero así como con la facilidad”.
Un juez federal ordena continuar la ejecución
Ante la anulación del primer embargo, los retrasos en el procedimiento y la falta de medidas para garantizar su subsistencia, Sánchez Pedroza promovió el amparo indirecto 1063/2026 ante el Juzgado Cuarto de Distrito.
El 13 de julio, el juez Diego Galeana Jiménez concedió la suspensión definitiva y ordenó al TECA continuar con el procedimiento de ejecución, requerir al Tribunal Electoral y adoptar las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de la trabajadora.
La resolución consideró que detener la ejecución podía ocasionarle un daño inminente e irreparable.
El presidente y el Pleno del TECA, así como Banorte, no rindieron sus informes previos dentro del incidente, por lo que el juzgado tuvo por ciertos los actos reclamados para resolver la suspensión.
Para Sánchez Pedroza, la modificación de la Ley Orgánica cambia además las condiciones para intentar un tercer embargo.
“Creo que sí nos afecta, porque ya no podríamos a lo mejor embargar cuentas (…) entonces claro que se sienten mucho más seguros ellos para no pagar el laudo”.
Casi cinco años después de su despido, Sánchez Pedroza continúa sin recibir el pago ordenado por la justicia laboral. Mientras el procedimiento de ejecución sigue en curso y la autoridad federal ordenó continuar las acciones para garantizar su subsistencia, la extrabajadora adelantó que, junto con su abogado, analiza promover acciones en la vía penal por los movimientos de recursos realizados durante los embargos y otras actuaciones que considera irregulares.
“No voy a descansar hasta que ellos se den cuenta que no pueden usar todas las autoridades y hacer lo que ellos quieran”,
