Desiree Madrid
El Gobierno federal transferirá al estado de San Luis Potosí 6 millones 837 mil 129 pesos para acciones de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones, de acuerdo con un convenio específico publicado el pasado 29 de julio en la edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado Plan de San Luis.
El convenio fue suscrito el 27 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, cuatro meses antes de hacerse público. Fue firmado por la titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), Yerania Emireé Enríquez López, en representación de la Secretaría de Salud federal. Por parte del Gobierno estatal lo suscribieron la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal; la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz, y la directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Elizabeth Dávila Chávez.
Los recursos provienen del programa presupuestario federal E-032, Servicios de Atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones, como parte de la estrategia nacional Por la Paz y Contra las Adicciones, implementada por el Gobierno federal desde enero de 2025, así como de la campaña “El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige Ser Feliz”, dirigida a jóvenes y familias. El convenio también retoma el Acuerdo Marco de Coordinación firmado entre la Federación y el Estado en 2012, que establece las bases para este tipo de transferencias.
De acuerdo con el calendario de ministración incluido en el convenio, la totalidad de los recursos debía entregarse en un solo pago durante abril de 2026, varios meses antes de la publicación del documento en el órgano oficial. El texto establece que cualquier ministración adicional estaría condicionada a que el estado acreditara el ejercicio y comprobación de los recursos previamente recibidos.
Los Servicios de Salud de San Luis Potosí fungirán como unidad ejecutora del programa. El dinero deberá depositarse en una cuenta bancaria específica, no podrá mezclarse con otros fondos estatales ni destinarse a conceptos distintos de los autorizados.
Entre las metas fijadas para 2026 se encuentran la realización de 2 mil 166 consultas de primera vez y 9 mil 739 consultas subsecuentes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y otros trastornos de salud mental, además de 11 mil 467 tamizajes para la detección oportuna de riesgos psicosociales.
En materia preventiva, el estado se comprometió a desarrollar mil 188 actividades de promoción y prevención de la salud mental y las adicciones, con una cobertura estimada de 68 mil 904 personas de seis años de edad en adelante. Asimismo, deberá efectuar 872 acciones enfocadas específicamente en la prevención del comportamiento suicida, con una población objetivo superior a las 69 mil personas.
El convenio también contempla la formación de 100 promotores comunitarios y la capacitación de 428 personas para la operación de centros residenciales de atención a las adicciones, además de la realización de 66 visitas de supervisión a dichos establecimientos durante el año.
Estas acciones se desarrollarán en un contexto de creciente incidencia de suicidios en San Luis Potosí. De acuerdo con cifras del INEGI publicadas previamente por Astrolabio Diario Digital, la entidad cerró 2024 con una tasa de 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, la sexta más alta del país y considerablemente superior al promedio nacional de 6.8. Ese año se registraron 253 suicidios consumados, frente a los 242 reportados en 2023. Más del 80 por ciento de las víctimas fueron hombres y las personas de entre 15 y 34 años concentraron más de la mitad de los casos.
Para supervisar el ejercicio de los recursos, el convenio prevé la integración de una Comisión Técnica con representantes de los gobiernos federal y estatal, la cual deberá sesionar al menos cada seis meses. Además, los Servicios de Salud de San Luis Potosí deberán remitir informes mensuales a la Conasama sobre el avance físico y financiero del programa y conservar la documentación comprobatoria del gasto durante un mínimo de cinco años.
El documento establece que, en caso de detectarse recursos sin ejercer o un uso distinto al autorizado, la situación deberá notificarse a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y, cuando corresponda, al Ministerio Público de la Federación.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y precisa que la transferencia de recursos no implica compromisos presupuestales para ejercicios fiscales posteriores. Asimismo, podrá darse por terminado de manera anticipada por cualquiera de las partes mediante un aviso con 30 días naturales de anticipación, sin afectar las acciones que se encuentren en ejecución.
