Estela Ambriz Delgado
La organización Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) advirtió, ante el anuncio del desarrollo de pozos piloto de fracking en el norte del país, que pese a la insistencia del gobierno federal en la existencia de nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico, estas se encuentran en fase experimental y no existe evidencia científica sólida que demuestre que eliminan los riesgos estructurales e inherentes a la técnica.
La AMCF destaca que la decisión del gobierno federal de ir por yacimientos no convencionales en estados como Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas (una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social) ocurre en medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1, y con una total falta a los compromisos que se hicieron en campaña.
Cuestionaron que, si bien el comité científico creado tenía la intención de lograr legitimación, cómo esperaba lograrlo si a este no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
“Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate”.
La organización apunta a que el gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico, como el uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono, sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo.
“No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones”.
A ello se suma que las actividades de fracturación hidráulica generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.
Datos que dimensionan la amenaza
La AMCF indica que, de acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue de la devastadora técnica en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10 por ciento de los recursos prospectivos, se requerirían más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Además, señalan que el anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que su inyección en pozos de disposición tampoco es segura, pues las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos, sino provocar sismicidad inducida.
Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos.
A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de la soberanía energética sostenido durante años por el gobierno y bajo el cual buscan justificar el falso “fracking sustentable”.
La organización destaca que el costo social también sería enorme, dado que más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial, y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud. Además, se calcula que el 65 por ciento del agua requerida para la fracturación se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50 y el 100 por ciento del agua disponible localmente.
En este sentido, indican que no se debe ignorar que, previo al anuncio de la conformación de este comité, la sociedad, pueblos y comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo a la devastadora técnica: en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas; en San Luis Potosí, comunidades tének y nahua; y en Veracruz, comunidades totonacas, nahua, nuntajiiyi’ y campesinas, para quienes ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios.
Finalmente, exigen la prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional; la inclusión de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica; el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de derechos humanos; el respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades en su decisión de no permitir la técnica en sus territorios; y transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).
