Estela Ambriz Delgado
En el 7º Foro regional No al Fracking se tomaron acuerdos como la realización de un decreto para la protección de la Huasteca y la cuenca Tampico – Misantla; el análisis e implementación de figuras jurídicas para proteger los recursos naturales; capacitación para proyectos de energías renovables; así como encuentros con representaciones comunitarias y organismos civiles de Pánuco, Veracruz; Coahuila; Nuevo León y Tamaulipas.
Rogel del Rosal Valladares, de la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) informó en entrevista sobre los principales temas discutidos en el evento y los consensos, los cuales fueron realizados el pasado 19 de septiembre en Centro Cultural de la Huasteca Potosina, ubicado en Ciudad Valles.
Precisó que, entre los temas abordados estuvieron la recomendación del comité de expertos para prohibir el fracking en la cuenca Tampico – Misantla, la transición a energías renovables, y la publicación de la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del acueducto Pánuco – Cerro Prieto.
Respecto a estos, se acordó pasar a las acciones con la petición de un decreto presidencial, en el que se prohíba la fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina y la cuenca Tampico – Misantla, con amplia participación social y comunitaria.
Además de que involucre a dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Este conllevaría la salvaguarda integral del territorio, e implicaría que además de bloquear el fracking, se extienda a toda afectación grave al territorio, como pueden ser otros megaproyectos como los trasvases, minería tóxica y otros procesos de devastación como la agroindustria.
El activista destacó que una característica importante sería la amplia participación social para el contenido del decreto, con claros compromisos del ejecutivo federal u otros órdenes de gobierno. Además de que se continuará con la lucha por la prohibición de la técnica de fracturación hidráulica a nivel constitucional, para lo que se seguirá con trabajo de incidencia con el Legislativo.
Además, indicó que se presentaron diversas experiencias de blindaje del territorio como la de Ciudad Valles, que a través de un reglamento municipal prohíbe el uso del agua para proyectos contaminantes, lo que podría ser replicado en otros municipios.
Otra opción planteada por investigadores es la de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, una figura jurídica reconocida en la Ley General de Equilibrio Ecológico, cuyo contenido retoma o plantea que en esas áreas no se debe autorizar la explotación de hidrocarburos. Pueden ser desde nivel comunitario y ejidal, municipal o regional, siempre y cuando se incluya en un Plan de Ordenamiento Territorial.
Asimismo, el representante de la CAAHP puntualizó que se consensó iniciar un proceso de capacitación para implementar proyectos de energías renovables, a fin de impulsarlas como políticas de estado. Se buscará iniciar con algunos proyectos piloto en la Huasteca, sobre todo con el uso de energía solar y la biomasa.
“La cuestión es demostrar su viabilidad y en su momento plantearlo como política de estado, que implique la aplicación de presupuesto anual cada vez mayor, para sobre todo implementarlo en las comunidades indígenas y en lo local e irlo ampliando gradualmente”.
Agregó que también fue programado un foro en Pánuco, Veracruz, posiblemente el 14 de noviembre del presente año, para involucrar a los municipios y representaciones comunitarias, organismos de la sociedad civil y módulos de riego de toda la huasteca veracruzana.
Igualmente se preparará una reunión de intercambio con el Totonacapan, en el centro de Veracruz por los pueblos totonacus y nahua, y la sierra norte de Puebla, que están incluidos dentro de la cuenca Tampico-Misantla; además del intercambio de experiencias con la organización No al fracking del noreste y organismos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“Se consideró también la pertinencia de exigirle a todos los órdenes de gobierno y de las representaciones populares tanto a nivel local como federal que se involucren, que no permanezcan ajenos ante un problema que atañe a todos, y como gobiernos en distintos niveles, legisladores, como representantes populares deben velar por el interés común, por eso se hace un llamado a que se involucren en estos procesos de defensa del territorio”, añadió.
