Estela Ambriz Delgado
Allegados de la doctora en criminología ambiental, Carla Monroy Ojeda, difundieron un pronunciamiento para exigir a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que se revise integralmente su reciente despido bajo estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos y perspectiva de género, dado que ocurre después de denuncias por violencia institucional, hostigamiento y estigmatización contra ella y otras profesoras.
A través de diversas redes sociales, se invitó a colegas, alumnos, profesionistas, colectivos, organizaciones y a la ciudadanía en general a firmar el pronunciamiento en favor y solidaridad con la profesora e investigadora, despedida por la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” en medio de un acoso laboral sistemático, a partir de apoyar a que compañeras profesoras participaran en la elección de la dirección de la facultad.
En el documento, las organizaciones feministas y de derechos humanos, colectivas, redes académicas, profesoras, investigadoras y personas que lo suscriben manifiestaron su profunda preocupación por el cese de la relación laboral de la doctora, y se narra el contexto previo.
Indicaron que, desde finales de 2025, Monroy Ojeda, junto con las integrantes de la colectiva Las 6N, denunció hechos relacionados con violencia de género, irregularidades universitarias y vulneraciones a derechos humanos.
A partir de entonces se sucedieron actos de descrédito, exclusión y hostigamiento, y el 2 de diciembre fue presentado ante el Consejo Directivo Universitario un documento que calificaba a las integrantes de la colectiva como una “minoría porril, ruin, mezquina e indisciplinada” y las acusó de mantener una “protesta perpetua e infundada”.
Asimismo, se señala que las denuncias llegaron a instancias universitarias, sindicales, organismos de derechos humanos y órganos jurisdiccionales, por lo que un Juzgado Especializado en Órdenes de Protección para las Mujeres dictó medidas de protección a favor de la doctora Carla Monroy y otras profesoras.
Además, frente a la inhabilitación y separación de funciones acordada por el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Derecho, la justicia federal concedió una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido contra dichas medidas. Pese a ello, no se garantizaron condiciones laborales efectivas que pusieran fin al hostigamiento denunciado.
“La decisión resulta especialmente preocupante porque la doctora Carla Monroy contaba con dos evaluaciones previas favorables, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel I, cuenta con Perfil PRODEP, y mantiene responsabilidades académicas y proyectos nacionales e internacionales”.
De igual forma, el pronunciamiento subraya que la evaluación fue realizada exclusivamente por profesorado de la propia Facultad de Derecho (el mismo espacio institucional en el que se desarrollaron los conflictos) y no participó ninguna persona evaluadora externa ni profesorado especializado en las áreas disciplinares de la investigadora (Criminología, Política Criminal y Ciencias Forenses), aun cuando de ese procedimiento dependía su continuidad laboral.
“Estas circunstancias generan serias dudas sobre las garantías de independencia, imparcialidad y objetividad que debían regir una decisión de tal trascendencia. Nos preocupa que una profesora que denunció violencia institucional y de género, acudió a organismos de derechos humanos, promovió recursos legales y obtuvo medidas judiciales de protección haya terminado perdiendo su empleo dentro de la misma institución en la que realizó esas denuncias”.
El documento concluye con que este caso trasciende un conflicto laboral individual, pues está en juego la obligación de las universidades públicas de garantizar la libertad académica, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la protección de quienes denuncian posibles violaciones a derechos humanos, así como de prevenir cualquier forma de represalia.
Por ello, se hace un llamado a la UASLP para que revise integralmente el caso bajo estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos y perspectiva de género. Asimismo, se exhorta a las autoridades laborales, jurisdiccionales y de derechos humanos competentes a analizar las decisiones adoptadas considerando el contexto completo en el que ocurrieron y no como hechos aislados.
El enlace para firmar la petición se encuentra disponible en el aquí.
