Por Victoriano Martínez
¿Hasta dónde la disputa por el territorio de Escalerillas entre quienes lo consideran todo como un ejido y quienes promueven que una parte sea considerada como comunidad se ha contaminado por la ambición de quienes, sin ser parte del conflicto, como advenedizos ven la posibilidad de apropiarse de superficies para jugosos negocios inmobiliarios?
La atracción del caso por parte del Tribunal Superior Agrario adoptada el pasado 1 de julio revivió una confrontación por las tierras que el comisariado ejidal de Escalerillas daba por resuelto con una resolución del Tribunal Unitario Agrario del 24 de agosto de 2020 en la que determinó que únicamente existe el Ejido de Escalerillas.
La controversia entre quienes consideran sólo la existencia de un ejido y quienes reclaman 5 mil 815 hectáreas como comunidad lleva más de cuarenta años y ha tenido momentos en los que hubo determinaciones, de acuerdo con la versión de los promotores de la comunidad, para que ésta se inscribiera en el Registro Agrario Nacional, sin que esto ocurriera.
Una característica de los terrenos en disputa es que, según los representantes legales de la Comunidad, en ellos se encuentran desarrollos como Rinconada de los Andes, Horizontes, Punta San Luis e incluso el Club La Loma, cuyos compradores lo hicieron de buena fe, pero tendrán que indemnizar a la Comunidad.
El interés sobre el territorio de Escalerillas por parte de desarrolladores inmobiliarios no es nuevo y le ha aportado incentivos a la lucha por el territorio que han derivado en acusaciones mutuas de pretender poner las tierras a disposición para negocios de grandes fraccionadores.
Marco Antonio Arredondo Bravo, asesor jurídico de los comuneros, aseguró en septiembre de 2018 que la intención de los ejidatarios al no reconocer a la comunidad responde a intereses oscuros con desarrolladores de vivienda al grado de que entonces tenían avanzados trámites con el municipio para los cambios de uso de suelo de rural a residencial.
En la protesta de este viernes, los intereses de las inmobiliarias reaparecieron, aunque ahora a cargo de los promotores del reconocimiento a la comunidad. El comisariado Ejidal, José Ramón Moreno Valero, acusó al grupo encabezado por María Dolores Bravo, de haber celebrado operaciones con empresas inmobiliarias sobre terrenos en disputa.
“Traen contratos millonarios hasta de 124 millones de pesos en un contrato, en otros más de 60 millones de pesos de los cuales la parte contraria sí está afectando”, aseguró.
Una situación que, de algún modo, vicia la disputa por derechos de propiedad en tanto se les acompaña por la posibilidad de obtener ganancias económicas importantes, sobre todo si se le reconoce a ese territorio ventajas competitivas ante la expansión de la mancha urbana.
En enero del año pasado, Francisco Naif, entonces presidente local saliente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), consideró a Escalerillas como una reserva estratégica para el desarrollo inmobiliario con una condición: siempre y cuando alcance el rango de delegación.
Seis meses antes, durante los festejos del centenario del Ejido, el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció el proceso para convertir a Escalerillas en delegación, dada la separación de Villa de Pozos del municipio. Han pasado dos años sin que ese proceso se haya concretado.
Lo cierto es que la condición de reserva estratégica para desarrollos inmobiliarios Escalerillas no la ha perdido y la posibilidad de que se convierta en delegación sigue latente. En consecuencia, ¿qué tanto esas dos condiciones alientan la disputa por el territorio? ¿Quiénes serán los que obtengan los mayores beneficios?
Del lado del Ejido hoy se habla de proteger los derechos de 302 ejidatarios, mil 700 avecindados y más de 250 posesionarios. Del lado de quienes promueven el reconocimiento a la Comunidad se mencionan 92 familias. ¿Cuántos empresarios inmobiliarios se encuentran a la expectativa?
