Estela Ambriz Delgado
Como resultado de la denuncia presentada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por las detonaciones con explosivos en el Cerro Gordo así como la remoción ilegal de vegetación y otras afectaciones en el ejido homónimo del municipio de Zaragoza, la dependencia clausuró la extracción de material e iniciará un procedimiento contra la empresa Hoganza S.A. de C.V. y quienes resulten involucrados.
Luego de que hace casi un mes el Comité de Defensa del ejido Cerro Gordo presentó la denuncia, esta fue procedente y generó una inspección que derivó en la suspensión definitiva del banco de materiales la tarde de este miércoles 19 de agosto, por lo que el acceso al mismo queda prohibido a la empresa responsable.
Integrantes del comité informaron que la diligencia inició aproximadamente a las 11:00 de la mañana, aunque no había nadie de la empresa ni de las entidades involucradas, si había maquinaria en el sitio. Después de las11:30 llegó personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) y trabajadores de la empresa que procedieron a sacar sus máquinas.
Por su parte el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito mencionó que, por parte de SEGAM se argumentó que hace unos días hicieron una suspensión temporal, por incumplimiento de los lineamientos del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Sin embargo, consideran que la realidad es que percibieron las acciones por parte de PROFEPA, y trataron de montar una estrategia de simulación, pero que finalmente tiene que subordinarse a los términos establecidos por el mandamiento de la inspección federal.
Aproximadamente a las 3:30 de la tarde se colocaron los sellos de clausura, con los que se prohíbe a la empresa y sus trabajadores el acceso al banco de material.
Además de que se abrirá un expediente para citar a procedimiento a las empresas involucradas y a la gente que se ostente como dueña del polígono de 2.5 hectáreas.
Guardianes de la Sierra indicó que apoyarán al comité de defensa, para solicitar a SEGAM y a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) rindan un informe. Además de que no permitirán que el proyecto de explotación continúe, y se desarrollará una estrategia para cancelar la MIA estatal y dejar sin operatividad el permiso de SEDENA
Asimismo se impulsarán acciones en el tema agrario, para que se confirme la nulidad de la privatización de la parcela en la que se pretendía generar el banco de material, y más adelante se organizará una reforestación en la zona para no interferir en el procedimiento.
