Estela Ambriz Delgado
El Comité de Defensa de Cerro Gordo y el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito cuestionan el argumento del Centro estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre verse impedido para desarrollar proyectos de investigación arqueológica debido a que el cerro es un banco de materiales de propiedad privada, por lo que exigen que se haga público el análisis técnico y se compruebe quién y cómo se adueñó supuestamente del sitio.
Las organizaciones ciudadanas consideran que hubo una contraoperación desde adentro del Centro INAH para reeditar la vieja versión de descalificación del patrimonio que existe en esas regiones. Esto ocurre a pesar de haber sido atendidos por la titular Imelda Aguirre Mendoza, quien instruyó los trabajos e incluso declaró que, dada la relevancia de los hallazgos, era necesario tomar medidas para proteger el sitio, además de haberse enviado oficios a la empresa.
“Es un discurso que fue acuñado ya desde hace varias décadas, pero se profundiza a partir de lo sucedido en la Garita de Jalisco, ahí se dieron unos desarrollos a pie de monte de la Sierra de San Miguelito y se invirtió mucho dinero para que el INAH desviara sus criterios hacia otros que le dieran permisibilidad a los desarrollos. Otro en donde se vivió fue en Cerro de San Pedro, exactamente el mismo discurso con mucho dinero de por medio”, expresó Guardianes de la Sierra.
En este sentido, ahondaron en el ejemplo de Cerro de San Pedro sobre el montaje de historia para que los procesos de organización de esos pueblos (que son inclusive más antiguos que los mismos guachichiles y chichimecas) fueran despreciados, blanqueados y perdieran cualquier tipo de vinculación con una visión que les diera alcance milenario. Por ello, aseguraron que ya se esperaba este tipo de movimiento por parte de la institución.
Por su parte, el comité apuntó que ha sido tan desafortunada la declaración del INAH que ahora resulta que el Cerro Gordo es propiedad privada, a pesar de medir más de un kilómetro cuadrado.
Al respecto, precisan que en los archivos del Registro Agrario Nacional (RAN), en lo identificado como el Phina, se indican con claridad asambleas, fechas y tiempos, por lo que cuestionan al INAH en qué parte de este registro encontraron el tema del dominio pleno del cerro, cómo se le cambió el destino de uso común, se convirtió en parcelas y posteriormente en propiedad privada.
“Es tan absurdo como las conclusiones de Valdovinos, así de absurdo es el manejo que le está dando el INAH ni si quiera saben a donde fueron ni de quién es, es increíble y eso puede implicar una denuncia al órgano de control, porque no se puede falsificar la historia, pero utilizar datos falsos para emitir una determinación, eso es materia de una investigación, veremos quién asume la responsabilidad de esa investigación, análisis, y estudio, y bueno el INAH va a tener que decir desde qué hora, en que momento y bajo qué circunstancia el Cerro Gordo es propiedad privada”, agregó Guardianes de la Sierra.
De igual forma, el colectivo señaló que la postura actual de la dependencia se relaciona con la denuncia sobre la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ECO.03.472/2026 Exp. IA.MIA-04/2026, emitida por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que permite la intervención de más de 320 hectáreas.
“Tenemos ya un análisis y un diagnóstico de lo que está pasando y desde luego tiene mucho que ver con una estrategia de apropiación del territorio y la explotación de recursos, para objetivos industriales, inmobiliarios, y carreteros, nada más que cometieron el pequeño error de que, el Cerro Gordo en lo que es el área del cerro no tiene domino pleno, ¿a qué hora?”.
Asimismo, puntualizan que los trámites de compra de tierra realizados en todo el entorno no están validados ante el RAN con asambleas de cambio de destino y dominio pleno. Aunque reconocen la existencia de una serie de acuerdos perversos, cooptación y compra de personas, afirman que en términos de tenencia de la tierra “el INAH está más perdido que la capacidad de reflexión histórica de sus arqueólogos”.
En cuanto al deslinde de la afirmación de que una oquedad hallada en el suelo corresponda a una tumba prehispánica, las organizaciones exigen que se presente el análisis técnico, pues ello requiere trabajos especiales de alto nivel técnico y estudios a profundidad, y no “visitas de doctor” como la realizada por el INAH.
