Por Victoriano Martínez
Detrás de todo proyecto que para ser un gran negocio requiere de acciones depredadoras del ambiente, de la cultura o de la historia aparecen posibilitadores que obstaculizan, desacreditan o minimizan los argumentos de los activistas que se movilizan en la defensa del territorio.
Para San Luis Potosí, especialmente en la zona metropolitana de la capital, se trata de una práctica constante con efectos tan nocivos como la urbanización de las partes altas de la zona poniente que son una de las principales razones por las que, con cualquier aguacero, se inunda la ciudad.
El caso más significativo porque dejó como saldo un ecocidio, la mutilación cultural de un pueblo y eliminó parte de su historia es el de la destrucción del Cerro de San Pedro que convirtió el escudo de armas del Estado en un testimonio de que existió la emblemática montaña, pero desapareció ante la ambición de una minera canadiense y el entreguismo de Vicente Fox Quezada como presidente y de Marcelo de los Santos Fraga como gobernador.
“¡Cómo un desarrollador va a querer destruir el medio ambiente! Ya eso también no va a estar de moda ¿eh? Imagínense los hijos de ese desarrollador, las hijas, sus nietos. Oye abuelo, oye papá, tu fuistes, me estaban comentando, me estaban diciendo, me estaban cuestionando en la escuela, el que acabastes con un bosque que había en San Luis Potosí.
“Tu fuistes el que permitistes que se destruyera el cerro que es el símbolo de San Luis Potosí, el que aparece en el escudo que ya no está y tú eras presidente municipal, y tú eras gobernador, y tú eras presidente y tú trabajabas en la Secretaría del Medio Ambiente… ¡Imagínense cuánta vergüenza!”, expresó el 15 de agosto de 2019 (minuto5:25).el presidente Andrés Manuel López Obrador
Se refería a la complicidad con autoridades municipales, estatales y federales con que contaron los desarrolladores inmobiliarios que destruyeron, a partir de 1992, parte de la Sierra de San Miguelito en el ejido Garita de Jalisco y la comunidad de San Juan de Guadalupe.
No sólo eliminaron los servicios ambientales de ese territorio a la urbe, entre los que se cuenta la contención de correntías de agua que hoy inundan la ciudad, sino que también vestigios arqueológicos que se debieron preservar, con características similares a las que hoy se presentan en Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza.
“El INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) ha sido, ahora sí que, artífice de la falsedad y de blanquear una historia para decir que esto no tiene importancia de carácter histórico, y obviamente pues ahora que encontramos, compañeros, y lo encontró también el INAH, esta tumba, pues van a decir y ahora de qué se trata”, comentó el activista Carlos Covarrubias el viernes pasado en el programa Astillero Informa, con Julio Hernández López.
Una advertencia sobre algo que el activista conoció de primera mano cuando formó parte del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier: dentro de las dependencias responsables de la protección ambiental, cultural e histórica suelen existir posibilitadores que operan a favor de los depredadores.
“Hemos batallado con el INAH, pues ni modo. La actual directora se presta muy bien, pero la burocracia no. Lo mismo que nos pasa en PROFEPA, la directora de PROFEPA jala muy bien, pero todos los subordinados bien corruptotes, ¿no? Así nos pasa con el elefante reumático de la 4T, si no lo empujamos el elefante se sale con la suya”, advirtió hace cuatro días.
Como si hubiera sido una predicción, este lunes el INAH hizo público un comunicado que, antes que manifestar interés por la protección del patrimonio arquitectónico representa un indicio de la intención de adoptar la típica actitud posibilitadora para la depredación: aseguran que el sitio funciona como banco de materiales “explotado desde la década de 1980” y que se trata de una propiedad privada en donde no pueden intervenir.
Dos afirmaciones que implican condiciones que difieren de la realidad porque ni funciona como banco de materiales ni el cerro es propiedad privada. En todo caso, el INAH deberá acreditar esas afirmaciones que contrastan con lo señalado por los habitantes de Cerro Gordo.
Dos afirmaciones que, convenientemente, se muestran más alineadas con la cuestionada Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental que se encuentra sometida a revisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La destrucción de Cerro de San Pedro contó con posibilitadores de muy alto calibre (Vicente Fox y Marcelo de los Santos). La postura del INAH abre suspicacias.
Hoy los indicios muestran a los primeros posibilitadores que aumentan el riesgo de destrucción del Cerro Gordo. ¿Hasta qué niveles de la burocracia habrá alcanzado esa actitud? ¿Qué tanto se comienza a replicar la historia de Cerro de San Pedro?
