Texto y fotografías por María Ruiz
El nombre de una persona desaparecida cabe en una ficha. También en una fotografía, en una carpeta de investigación, en una lona sostenida con cinta adhesiva o en un papel que alguien cuelga de un árbol y que, dos días después, ya no está.
Pero una familia sin un ser querido no cabe en una sociedad que aún no sabe cómo comprender su dolor, ni en instituciones que no siempre saben cómo atenderlo.
Este 30 de agosto, las familias buscadoras de San Luis Potosí volvieron a reunirse para nombrar a quienes faltan. Es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y, para quienes llevan años buscando, lo hacen para que sus nombres no desaparezcan de la conversación pública mientras siguen esperando respuestas sobre su paradero.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, lo resume desde el lugar de quien ha acompañado esa búsqueda:
“Es un día para conmemorar la vida de nuestros desaparecidos. Se lo dedicamos a la memoria de ellos para que nunca sean olvidados”.
Edith señala que las desapariciones siguen ocurriendo pese al crecimiento de las instituciones creadas para atenderlas y aunque no pone una cifra al aumento, sí reconoce una señal concreta y es que cada vez son más las personas que se acercan a su colectivo para pedir apoyo y acompañamiento en la búsqueda de un familiar.
“Recientemente hemos visto el incremento de desapariciones en todo el estado y en el país, no se diga, y lo notamos en el número de personas que se acercan al colectivo para dar a conocer un caso y solicitar acompañamiento, aun cuando no siempre existe una denuncia formal o las familias prefieren no hablar públicamente de lo ocurrido. Hay casos que incluso dejan el estado por temor a represalias. Son desapariciones que forman parte de la estadística, pero que rara vez ocupan el espacio público porque sus familias, por miedo, no permanecen de manera visible en la búsqueda.”, afirma.
En el marco del 30 de agosto, Edith pone el acento en una dimensión que, advierte, ha comenzado a hacerse más visible entre las familias buscadoras, pues la violencia ya no se limita a la desaparición de un integrante ni a las consecuencias que ésta provoca dentro del núcleo familiar.
A la fractura de las relaciones, la pérdida de empleos, los gastos y el desgaste que implica recorrer territorios para buscar, se suma una violencia dirigida contra quienes permanecen y deciden preguntar por el ausente. Hostigamiento, amenazas, persecución y vigilancia comienzan a modificar la vida cotidiana de las familias, sus formas de relacionarse con el entorno y hasta su posibilidad de hacer pública la búsqueda. En algunos casos, esta presión termina provocando el abandono de la ciudad; en otros, el silencio o el retiro de las acciones de búsqueda. Así, la desaparición no sólo deja a una familia esperando, sino también produce condiciones de miedo que pueden aislarla, desmovilizarla y hacer menos visible su propia búsqueda.
“Hemos detectado que se llevan a una persona o se llevan a dos personas de ese domicilio y , en cuestión de días amedrentan a la familia. Tenemos casos documentados en donde la delincuencia incluso ha llegado a quemar toda su casa, para que dejen de buscar y eso resulta en que ya no hay quien ponga la denuncia”, relata.
Por eso, dice, los registros oficiales no alcanzan a mostrar todo lo que ocurre.
Voz y Dignidad ha acompañado casos en distintos municipios y, de acuerdo con el registro que Edith ha podido construir, a partir de las familias que conoce y de la información que ha recabado, en San Luis Potosí hay más de mil 500 personas desaparecidas con ficha de búsqueda y denuncia activa tanto en la Fiscalía General del Estado , Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y Alerta Amber. Pero por cada caso que llega a denunciarse formalmente ante las autoridades, podrían existir otros dos que no son reportados, precisamente por el temor de las familias a convertirse en blanco de nuevas agresiones.
El camino que termina bajo tierra
La presidenta de Voz y Dignidad Por los Nuestros SLP, señala que las familias comenzaron buscando a sus desaparecidos con la esperanza de encontrarlos vivos. Con el tiempo, algunos caminos las llevaron a otro lugar.
A las fosas. A los terrenos donde el paisaje guarda restos biológicos humanos que durante meses o años tuvieron un nombre, una casa, una familia que las esperaba.
Con el paso de los años, Edith y las familias buscadoras también han observado que los territorios donde realizan prospecciones concentran dinámicas de violencia cada vez más extremas. Aunque no han obtenido de las autoridades una respuesta clara sobre qué grupos mantienen el control de esas zonas, los propios hallazgos les han permitido construir hipótesis dentro de los análisis de contexto que realizan como colectivo. Los vestigios localizados durante las búsquedas (desde restos humanos y otros indicios biológicos hasta materiales asociados con las actividades de los grupos delictivos) les permiten identificar patrones y, en algunos casos, posibles vínculos con organizaciones que tendrían presencia en San Luis Potosí y cuyos orígenes ubican en otros estados, particularmente Jalisco.
Para Edith, ahí existe una de las principales carencias institucionales: la falta de personal especializado en análisis de contexto dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
“Necesitamos mirar el territorio de esa manera, ya que permitiría que la búsqueda dejara de ser únicamente la localización de una persona y se convirtiera también en una forma de entender las estructuras de violencia que hicieron posible su desaparición.Poco a poquito, las familias buscadoras hemos ido descubriendo, destapando y mostrándole al gobierno: lo que pasa en estos lugares, para decirles que no nos pueden seguir mintiendo sobre lo que pasa ahí ’”, dice Edith.
A partir de informes solicitados por la organización, asegura que en San Luis Potosí existen más de 140 zonas con ubicación de fosas clandestinas y territorios denominados “campos de exterminio” . Al mismo tiempo, Voz y Dignidad tiene identificadas 25 que, sostiene, no han sido procesadas debidamente.
Uno de los casos, señaló Edith, se encuentra en Tamasopo. El sitio fue localizado hace aproximadamente dos años mediante acciones de búsqueda de la CEBP y madres buscadoras. Edith asegura que el procesamiento permaneció detenido durante ese tiempo hasta que las familias presionaron a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Lo que queda en esos territorios tampoco siempre parece un cuerpo. “Hay restos completos, fragmentos, prendas y evidencias de cuerpos calcinados o sometidos a sustancias corrosivas”, describe.
En algunas zonas del Altiplano, cuenta, la violencia alcanza incluso a los restos. “Si tú tratas de levantar una falange, se pulveriza”, relata al explicar las condiciones en las que han encontrado restos humanos y cómo esta falta de análisis impide una debida diligencia en la investigación, al limitar tanto a las autoridades como a las propias familias para reconstruir lo que pudo haber ocurrido en esos territorios.
Otro de los puntos que preocupa a las familias buscadoras es la capacidad de las instituciones que deben intervenir después de que se reporta una desaparición. La falta de personal especializado alcanza distintas etapas de la investigación: desde la atención inicial y la aplicación de los protocolos de búsqueda y denuncia, hasta las prospecciones en campo, el levantamiento y procesamiento de indicios y el seguimiento de las investigaciones.
Edith señala que el problema se vuelve más evidente fuera de la capital, donde municipios del interior del estado enfrentan una disponibilidad todavía más limitada de agentes buscadores, policías de investigación y ministerios públicos para atender los casos de desaparición. La consecuencia, advierte, es que una investigación puede comenzar ya con desventaja al no tener suficientes personas para atender los casos con la especialización y la continuidad que requieren, mientras las familias terminan asumiendo tareas que corresponden a las instituciones.
Para las familias, esa falta de capacidad no es un asunto meramente administrativo. Cada ausencia de personal puede significar una diligencia que se retrasa, una búsqueda que no se realiza en el momento adecuado o un indicio que pierde contexto. Es ahí, sostiene Edith, donde comienza a deteriorarse una investigación que debería reconstruir de manera diligente qué ocurrió con la persona desaparecida y qué responsabilidades existen detrás de su ausencia.
Particularmente en las mesas de trabajo de Rioverde y Ciudad Valles, Edith señala que han surgido vínculos entre distintos casos que podrían orientar las investigaciones, pero que permanecen detenidos:
“No hay policías de investigación, no hay vehículos. Si hay una búsqueda inmediata, los policías de investigación que asignan en ese momento tienen que trasladarse en las camionetas de la Comisión de Búsqueda porque no tienen vehículos o no tienen gasolina, ese, es sólo un panorama de todo, el universo de contratiempos que enfrentamos”, afirma.
La búsqueda, así, termina dependiendo también de la insistencia de quienes esperan.
“Ha sido bastante cansado, agotador”, reconoce.
El lugar para quienes son buscados
Las familias buscadoras llevan años recorriendo oficinas y tocando puertas en busca de respuestas. Entre ellas hay una petición que permanece pendiente y es contar con un lugar permanente para recordar a sus desaparecidos.
La propuesta de construir un memorial en San Luis Potosí comenzó durante la administración estatal de Juan Manuel Carreras López (2015-2021) y ha pasado de una administración a otra sin concretarse. Edith Pérez cuenta que el proyecto ha sido presentado reiteradamente a distintas autoridades y que, aunque han existido reuniones, acuerdos y propuestas de espacios, ninguna ha terminado por convertirse en una respuesta definitiva.
“Cada 10 de mayo y cada 30 de agosto, y se los hemos pedido”, señala.
El memorial no representa para las familias únicamente un sitio donde colocar nombres y fotografías. También significa dejar de pedir permiso cada vez que quieren recordar a sus desaparecidos. Edith explica que, durante los últimos años, incluso para realizar actos conmemorativos han tenido que gestionar espacios y responder preguntas de autoridades sobre la manera en que realizan sus encuentros.
“Queremos un lugar donde podamos reunirnos, donde podamos hablar de nuestros desaparecidos y donde nadie nos esté preguntando cuánto tiempo podemos permanecer ahí o cuándo tenemos que retirar nuestras fichas”, sostiene.
La búsqueda de ese sitio llegó recientemente a la capital potosina. Después de mesas de trabajo con autoridades y colectivos, uno de los espacios elegidos se encuentra afuera de la entrada principal del Centro de las Artes de San Luis Potosí, sobre avenida Juárez. El jardín, señala Edith, permanece prácticamente abandonado y sin mantenimiento, pese a que anteriormente se realizó ahí una reforestación.
Las familias solicitaron un diálogo con la directora general del Centro de las Artes, Laura Luz García Lumbreras, para plantear la posibilidad de instalar ahí el memorial. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no había autorizado la gestión del espacio, una explicación que, asegura Edith, posteriormente intentaron aclarar directamente ante las instancias correspondientes.
Mientras esa posibilidad continúa detenida, las familias han comenzado a buscar otras alternativas junto con la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Para Edith, encontrar un sitio permanente también significaría recuperar una parte del espacio público que las familias han tenido que disputar cada año.
Por ello, Edith señala que la propuesta tiene además una dimensión de reparación para las familias, pues ante la ausencia de un sitio permanente para ejercer esa memoria, las familias han construido sus propias formas de mantener presentes a quienes faltan.
Una de ellas es el “árbol de la memoria”, que cada 30 de agosto se convierte en un memorial itinerante. En las ramas de un árbol perteneciente al espacio público, colocan las fotografías y fichas de búsqueda de sus desaparecidos. Durante unos días, los nombres y los rostros ocupan el lugar y hacen visible una problemática que suele expresarse en cifras. Después, las fichas deben retirarse y el árbol deja de mostrar esas ausencias.
El memorial que buscan tendría otra dimensión.
“No sustituiría la búsqueda ni resolvería la ausencia, pero nos permitiría contar con un lugar permanente para nombrar a las víctimas, reunirnos, realizar actos de memoria y hablar públicamente de las desapariciones sin tener que solicitar un espacio cada vez que queramos conmemorar. También sería un sitio al que cualquier persona pudiera acercarse y conocer una problemática que, pese a tener cada vez mayor presencia en la conversación pública, sigue siendo difícil de dimensionar cuando se mira únicamente desde los números”.
Para Edith, mantener esos nombres en el espacio público también es una forma de reparación del daño.
“Queremos un lugar donde podamos decir: aquí están nuestros desaparecidos, aquí están sus nombres y aquí está su memoria. No queremos destruir ni afectar ningún espacio; queremos cuidarlo y mantenerlo”, sostiene.
La dimensión personal de esa petición aparece en la propia historia de Edith. Sus hijos, José Arturo y Alexis, desaparecieron en 2012. Por eso el memorial también representa la posibilidad de dejar un registro de ellos que permanezca más allá de quienes hoy continúan buscándolos.
“Me voy a morir y mis hijos van a seguir desaparecidos, y yo quiero un lugar en donde pueda la gente decir: es de Voz y Dignidad, es de las víctimas de desaparición; es de José Arturo y Alexis, es de Daniel, es de Gerardo, es de todos nuestros desaparecidos”.
Cuando la ausencia también se culpa
La desaparición también deja otra batalla, la que las familias libran contra los juicios que aparecen después. Que la víctima “andaba mal”, que algo habría hecho, que su ausencia tendría una explicación relacionada con su conducta.
“No es por andar mal, sino porque tenemos un mal gobierno, un mal sistema, una mala administración y un gobierno que solamente piensa en su enriquecimiento y no piensa en su pueblo, en su gente, en sus familias destruidas y destrozadas”, sostiene.
El señalamiento, dice, se ha vuelto más duro en una sociedad donde otros asuntos pueden ocupar con facilidad la conversación pública mientras las familias siguen buscando. Para ella, esa distancia también tiene que ver con la idea de que una desaparición le ocurre a alguien más, a otra familia, en otro lugar.
Su llamado parte justamente de ahí, de “no esperar a que la violencia alcance a alguien cercano para reconocer la gravedad del problema”. Una persona puede desaparecer sin que importe su género o su condición social.
“Somos mucho más las familias que sufrimos este flagelo. Somos mucho más los amigos que conocemos que un amigo ya no está porque se lo llevaron”, dice.
Después resume su postura en una frase que ha repetido durante años: “Los desaparecidos son de todos”.
Este 30 de agosto volvieron a colocar sus fotografías y fichas en el árbol de la memoria. Por unos días, los nombres estarán en la calle. Después volverán a las manos de quienes los buscan.
