Fernanda Durán
Article 19 México y Centroamérica advirtió al Congreso del Estado que cualquier nueva regulación relacionada con inteligencia artificial y libertad de expresión deberá evitar la criminalización de contenidos “falsos” o “manipulados”, respetar las competencias federales en la materia y someter cualquier restricción al estándar constitucional e interamericano de necesidad y proporcionalidad.
La organización participó este jueves 3 de septiembre en una reunión privada con diputadas y diputados, sin convocatoria abierta a periodistas. La falta de acceso generó reclamos de comunicadores que acudieron al lugar y cuestionaron que no se les permitiera presenciar el encuentro.
Tras la reunión, Article 19 aclaró a través de un comunicado que su participación tuvo únicamente un carácter técnico y se deslindó de cualquier intento por presentar el encuentro como respaldo a una futura propuesta legislativa.
“ARTICLE 19 aclara que, hasta el momento, no recibió ninguna propuesta para revisar y que no funge como mecanismo para avalar iniciativa alguna”.
Asimismo, recordó que cualquier discusión futura sobre libertad de expresión debe incorporar de manera sustantiva al gremio periodístico: “El aporte técnico provisto por la organización no sustituye la necesidad de que el gremio periodístico participe de forma sustantiva en futuras deliberaciones”. Y añadió que cualquier iniciativa relacionada con libertad de expresión e información debe incluir “un proceso de diálogo abierto con periodistas y medios”.
La organización especializada en libertad de expresión advirtió al Congreso que una nueva regulación sobre inteligencia artificial no debe reproducir, con otro lenguaje, figuras similares a los delitos contra el honor ni utilizar el derecho penal para sancionar contenidos “falsos” o “manipulados” vinculados con asuntos de interés público, autoridades o actores políticos.
En la presentación entregada a las y los legisladores explicó que regular información errónea o no verificada únicamente porque fue generada mediante IA “no representa una respuesta novedosa a un problema tecnológico”, sino que puede repetir mecanismos utilizados para proteger el honor, blindar a las instituciones frente a la crítica o castigar información considerada falsa.
La organización recordó además que el derecho penal debe utilizarse como última opción y que la prisión no constituye una respuesta proporcional frente a expresiones relacionadas con el honor, la reputación o asuntos de interés público.
Añadió que los Estados deben avanzar hacia la despenalización de la difamación y reservar las sanciones penales para casos excepcionalmente graves, pues su uso contra expresiones sobre funcionarios, candidatos o actores políticos puede inhibir el debate público, generar autocensura y desalentar la discusión de asuntos de interés social.
La organización recordó además que cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir con tres condiciones denominado test tripartito establecido en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: estar prevista de manera clara y precisa en una ley, perseguir un fin legítimo y resultar necesaria y proporcional.
Añadió que la definición de periodista no puede limitarse a acreditaciones formales o medios tradicionales, sino que de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe incluir a quienes realizan funciones informativas, como reporteros, blogueros, comunicadores digitales y periodistas ciudadanos.
La organización señaló además que la libertad de expresión cuenta con una protección reforzada por su función dentro de una sociedad democrática y que el periodismo constituye una de sus manifestaciones fundamentales.
Otro de los planteamientos fue que las autoridades no pueden convertirse en árbitros de la verdad. En su presentación retomó la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para advertir que no puede justificarse un sistema de control de contenidos bajo el argumento de garantizar que la información sea correcta o verdadera.
Cuando existan afectaciones a derechos de terceros, planteó privilegiar mecanismos menos restrictivos, como el derecho de réplica y la vía civil.
Marco Clavel Alessio Robles, coordinador legal del programa Ecosistema Informativo y Tecnología, resumió que la intención es “que se robustezcan o se fortalezcan vías institucionales civiles para poder ponderar derechos de una forma más adecuada, sin que sea a expensas de la libertad de expresión”.
Mientras que las propuestas mencionadas como parte de una respuesta frente a la desinformación fueron: fortalecer la transparencia en publicidad oficial y electoral, el acceso a información pública, la neutralidad de la red y la protección de periodistas.
Advierte límites de competencia para el Congreso local
La organización de derechos humanos también indicó que la regulación material de la inteligencia artificial corresponde al Congreso de la Unión. De acuerdo con la presentación, un Congreso estatal puede invadir competencias federales si convierte a la IA en objeto directo de regulación, la define, clasifica sus productos o establece consecuencias jurídicas únicamente por su utilización.
La presentación cita como referencia la Controversia Constitucional 75/2024 y la Acción de Inconstitucionalidad 36/2012, además del artículo 73 constitucional, para sostener que las entidades federativas no pueden regular materias reservadas a la Federación.
El planteamiento distingue entre sancionar una conducta que corresponde al ámbito penal local y regular materialmente una tecnología de información.
Asimismo, recordó que cualquier modificación legal que pretenda regir un proceso electoral debe promulgarse y publicarse al menos 90 días antes de su inicio y que, una vez iniciado, no pueden aprobarse cambios fundamentales, incluso si la disposición se ubica formalmente dentro de un Código Penal.
El señalamiento adquiere relevancia ante el próximo inicio del proceso electoral local 2026-2027 y las discusiones sobre una eventual regulación de contenidos generados mediante inteligencia artificial durante las campañas.
Congreso presenta el encuentro como parte de una nueva ruta
En contraste con las precisiones posteriores del organismo, el Congreso del Estado difundió un boletín en el que presentó la reunión como parte de las acciones promovidas por el diputado Héctor Serrano Cortés para fortalecer la libertad de expresión y los derechos fundamentales.
Serrano sostuvo que las leyes pueden modificarse y deben acompañarse de participación social, aunque reiteró sus cuestionamientos sobre espacios digitales sin identidad pública.
“La libre profesión del periodismo se ve transgredida cuando se hacen difusiones en medios que no tienen una identidad, donde no hay una responsabilidad social, que no actúan con ética, que, a mi juicio, es algo que debe de prevalecer, por lo que es importante determinar con claridad todos los elementos que se involucran en este tema”.
Por parte de la agrupación, Pedro Cárdenas Casillas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico, precisó que la intención del encuentro fue “plantear cuáles son los estándares de ruta de expresión que se tienen que considerar en cualquier normativa que se quiera generar o modificar a futuro, y particularmente otorgar información de estándares constitucionales interamericanos y de Naciones Unidas”.
Pese a que el Congreso presentó la reunión como parte de sus acercamientos para construir una nueva regulación, Article 19 delimitó posteriormente el alcance del encuentro: no revisó una propuesta concreta, no avaló ninguna iniciativa y únicamente proporcionó criterios técnicos.
La organización reiteró que continuará disponible para participar en discusiones sobre derechos humanos y libertad de expresión, pero condicionó ese diálogo al cumplimiento de estándares constitucionales e interamericanos y a la inclusión efectiva de periodistas y medios en futuras deliberaciones.
