Por Victoriano Martínez
Si de comisarios de grandes empresas en la ciudad y el Estado con grandes negocios no del todo legítimos y hasta ilícitos se trata, dos personajes suelen aparecer con bastante frecuencia: Marcelo de los Santos Fraga y Marcelo de los Santos Anaya. Padre e hijo.
El caso más visible, por las repercusiones que tuvo en miles de familias no sólo de San Luis Potosí sino de todo el bajío mexicano, fue el de la Unión de Crédito Regional (UNICRER), sobre cuyo actuar fraudulento debió advertir el comisario de la sociedad mercantil y no lo hizo. El comisario fue Marcelo de los Santos Fraga.
Cuando la reforma constitucional salinista permitió la privatización de la tierra, desarrolladores inmobiliarios crearon las empresas Residencial La Tenería, Desarrollos del Pedregal, Peña Blanca y Lomas de la Garita, y se asociaron con ejidatarios de la Garita de Jalisco para comprarles sus tierras a precios irrisorios.
Era 1992, cuando inició el acoso inmobiliario hacia ejidos y comunidades de la Sierra de San Miguelito y los despojos de tierras cuya urbanización hoy agrava las inundaciones en la ciudad en tiempos de lluvia.
El comisario de esas empresas fue Marcelo de los Santos Fraga, quien avaló la depredación inmobiliaria. Cuando en el año 2000 resultó electo presidente municipal de San Luis Potosí, le pasó la estafeta como comisario de esas empresas a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.
Un punto a partir del cual la dupla Padre-Hijo, desde el poder público el primero quien después ocupó fue gobernador y desde la postura de comisario el otro, hicieron mancuerna para favorecer a las empresas en las que ahora De los Santos Anaya tenía esa representación, como bien lo describe Alejandro Rubín de Celis en su columna Transición.
“Marcelo de los Santos Fraga se dedicó durante su mandato a defender a la empresa Minera San Xavier en su depredador proyecto en Cerro de San Pedro. Carlos Covarrubias Rendón, integrante del Frente Amplio Opositor, formado por diversas organizaciones ambientalistas que lucharon durante muchos años para evitar la devastación del cerro, asegura que el comisario de MSX era… ¡Marcelo de los Santos Anaya!”
El recuento en la columna Transición describe la forma en que la dupla De los Santos Fraga y De los Santos Anaya han transitado desde las posiciones de comisarios de grandes negocios de dudosa legitimidad a socios en casos como los proyectos Gran Peñón y Las Cañadas en la Sierra de San Miguelito.
Si el señalamiento hacia sus antecesores por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona no fuera un cliché propagandístico, la trayectoria de los De los Santos los ubicaría indudablemente como unos de los más característicos especímenes de la herencia maldita. “Con ellos ni a las canicas”, dirían en el barrio.
Pero el contubernio de Gallardo Cardona con la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R. L. de C.V., del que al menos una quinteta de ejidos del trayecto del último tramo de la autopista de cuota a Matehuala ha dejado testimonio sobre la presión gobierno estatal-empresa para despojarlos de sus tierras a precios ridículos, deja ver que el cliché está hueco, no significa nada más que una estrategia engañabobos.
El puro contubernio Gallardo Cardona-empresa concesionaria vacía su cliché propagandístico. Si a eso se le agrega que el comisario de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, S. de R. L. de C.V. es Marcelo de los Santos Anaya, el asunto abre un cuestionamiento especulativo: ¿acaso la gallardía tiene algún interés en la postulación panista por la alcaldía?
Hay que tener en cuenta que, si se parafrasea la expresión “la ideología los separa, pero el presupuesto los une” del desaparecido J. Carmen García Vázquez, hoy aplicaría “Los colores partidistas (y hasta las clases sociales) los separan, pero los negocios los unen”.
