Por Victoriano Martínez
“Por la inserción del Proyecto será necesaria la remoción de vegetación, con lo cual se podría ocasionar una alteración de las condiciones microambientales (principalmente en la superficie que será cubierta con asfalto); no obstante, se prevé la implementación de una serie de medidas encaminadas a mitigar, prevenir o compensar estas incidencias”.
Se trata de un compromiso para en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por Infraestructura Potosina de Carreteras para el proyecto Entronque 75D – Matehuala que podría bastar para que los ejidatarios por los que cruzará la carretera estuvieran confiados en que la afectación a su entorno ambiental será mínima.
No obstante, las señales dadas por la empresa en los hechos distan mucho de poder generar la confianza de que van a salvaguardar la vegetación que se encuentra dentro del área del proyecto de autopista a Matehuala en su último tramo.
Ya la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró obras adelantadas en el Ejido El Peyote por la destrucción de vegetación sin las autorizaciones correspondientes y cambiar el uso de suelo sin autorización.
Una actitud de depredación ambiental que la empresa concesionaria mostró en varios ejidos desde antes de contar con contratos de ocupación previa y de que se le autorizara la MIA.
De hecho, los conflictos que generó en diversos ejidos cuando se realizaron las negociaciones por la tierra se convirtieron en una historia de presiones para que los ejidatarios malbarataran sus tierras a la par de que la empresa se adelantaba a realizar obras aun al margen de la Ley.
De no haberse visto como una empresa a la que le urgía comenzar con la construcción de la carretera, quizá hoy que cuentan con la autorización de la MIA podrían resultar confiables para los ejidatarios con su Programa de rescate y reubicación de flora incluido en el documento.
Antecedentes entre los que, en el caso del Ejido San José de los Guajes, los enfrentaron tanto en la negociación para la entrega de sus tierras, en la que denunciaron actos de manipulación, como en prever el riesgo de afectaciones al medio ambiente y a sus fuentes de abastecimiento de agua.
Con ese antecedente, la semana pasada los ejidatarios de San José de los Guajes, acompañados por personal de la Procuraduría Agraria, al encontrar una grave afectación ambiental dudaron de los compromisos de la empresa en la MIA y se pronunciaron por una verificación de autorizaciones de cambio de uso de suelo, del cumplimiento de la MIA y medidas de restauración.
Y es que para los ejidatarios las afectaciones ya alcanzan el carácter de ecocidio por la destrucción de ejemplares de biznaga y de palma y, en la localidad anexa El Venadito, la sustracción de peyote.
De acuerdo con la MIA, sólo en los casos de especies que no se encuentren bien representadas en el Sistema Ambiental Regional (SAR) se incorporarían al “Programa de rescate y reubicación de flora, siempre y cuando sean ejemplares factibles de extraerse y de sobrevivencia al trasplante”.
En la MIA la empresa establece que el proyecto afectará a 673 de las 279 mil 467 plantas de peyote que se tienen registradas en el SAR, que representan el 0-24 por ciento.
No señala que deban ser rescatadas. En consecuencia, su sustracción contrasta con la destrucción de los ejemplares de biznaga y de palma. Si se las llevan, ¿podrán justificar que son trasplantadas? ¿Podrán generar testigos del sitio a donde fueron trasplantadas? Si no es así, ¿qué destino tienen contemplado para 673 ejemplares de peyote?
