María Ruiz
En 1995, Guadalupe Ávila Hernández y su esposo, Vicente Hernández Ortiz, adquirieron una propiedad en Matehuala mediante un crédito con Bancrecer por 200 mil pesos.
La familia dejó de cubrir el crédito después de que la deuda se incrementó con la devaluación y, de acuerdo con el relato de Guadalupe, el banco posteriormente ofreció una alternativa para liquidarlo, pero en ese momento no contaban con los recursos necesarios.
Después desapareció Bancrecer y, con la reestructuración del sistema bancario derivada del Fobaproa, la familia pasó años sin tener claridad sobre a quién debía realizar el pago.
Vicente Hernández murió en 2009.
Guadalupe quedó entonces a cargo de la economía familiar y de una hija que todavía cursaba la universidad. Para sostenerse, ya contaba con una cocina económica que había abierto antes de la muerte de su esposo y posteriormente abrió dos sucursales más.
La intención, afirma, era mantener un ingreso y ahorrar para eventualmente liquidar el adeudo.
Durante varios años la propiedad permaneció en posesión de la familia.
El juicio que cambió la historia de la propiedad
En 2016, Guadalupe recibió una demanda mercantil.
Al conocer los documentos descubrió que desde 2013 se había iniciado un juicio intestamentario respecto de los bienes de su esposo, identificado con el número 773/2013.
La familia sostiene que no fue llamada correctamente a ese procedimiento y que, como consecuencia, la mitad de la propiedad que correspondía al esposo de Guadalupe se consideró dentro de los bienes que correspondían a la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí.
El procedimiento se tramitó en León, Guanajuato, debido a una disposición contenida en el contrato original del crédito.
La familia afirma que en ese expediente encontró diversas actuaciones que considera irregulares, entre ellas la participación de representantes del Ministerio Público para comparecer por la Beneficencia Pública.
Uno de los documentos que refiere la familia corresponde a una agente del Ministerio Público que manifestó estar impedida para aceptar la representación por disposiciones legales. A pesar de ello, posteriormente continuaron las solicitudes para que representantes de esa institución intervinieran en el procedimiento.
La propia titular de la Beneficencia Pública, de acuerdo con el relato de Guadalupe, posteriormente se presentó en el juicio y manifestó que no había sido notificada de la forma en que correspondía.
El primer juicio intestamentario finalmente fue anulado.
Pero para entonces ya estaba en marcha otro procedimiento.
La demanda mercantil y una negociación que no prosperó
La demanda mercantil fue promovida por quien había adquirido los derechos relacionados con el crédito.
Guadalupe relata que tuvo una reunión con el abogado que había adquirido esos derechos y que éste le planteó venderle nuevamente la propiedad por 1.2 millones de pesos.
Ella contaba con 900 mil pesos y ofreció entregarlos de inmediato y cubrir los 300 mil restantes en un periodo de tres años.
De acuerdo con su versión, el acuerdo estaba condicionado a que no contratara abogados y no contestara la demanda mercantil.
La familia acudió a una notaría para formalizar el compromiso de venta.
Sin embargo, antes de firmar, Guadalupe preguntó al notario si con la operación ya no tendría que contestar la demanda.
El notario le indicó que debía contestarla primero y retiró el instrumento que se pretendía formalizar.
Posteriormente, la familia sostiene que descubrió que quien había adquirido los derechos todavía necesitaba obtener una resolución judicial que le permitiera disponer de la propiedad.
La negociación terminó.
Guadalupe y sus hijas contestaron la demanda y comenzó un litigio que posteriormente se extendió a la vía penal.
El juicio mercantil, identificado como M16/2016, terminó con una resolución desfavorable para la familia.
La denuncia por presunto fraude procesal
Después de perder el juicio mercantil, la familia comenzó a reunir documentos y presentó una denuncia por lo que consideró un posible fraude procesal.
El procedimiento penal, según relata Guadalupe, tampoco avanzó de manera sencilla.
La familia asegura que un expediente se extravió y que tuvieron que realizar diversas gestiones para conseguir que la investigación fuera judicializada.
También solicitaron audiencias de tutela de derechos ante lo que consideraron obstáculos para que la investigación avanzara.
En 2021, la Fiscalía de León remitió un desglose de investigación a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí relacionado con actuaciones de servidores públicos de esta entidad.
La familia también llevó el caso ante la Fiscalía General de la República. Paralelamente, el primer juicio intestamentario ya había sido anulado.
La investigación comenzó entonces a concentrarse en una nueva cuestión: qué ocurrió con las medidas de aseguramiento que habían sido ordenadas sobre la propiedad.
Las medidas de aseguramiento
Después de varias solicitudes de la familia, el 22 de junio de 2022 fueron concedidas medidas de aseguramiento sobre el inmueble.
La Fiscalía de León envió la orden al Registro Público de Matehuala, donde fue recibida y anotada el 27 de junio de ese año.
La familia sostiene que, pese a la existencia de esas medidas, el folio real de la propiedad no fue inmovilizado.
Esta diferencia resulta central en la investigación posterior.
El documento de la Fiscalía, según la información aportada por la familia, solicitaba la inmovilización del folio para evitar que se realizaran operaciones sobre el inmueble.
Sin embargo, meses después la propiedad fue adjudicada registralmente a un particular.
Una adjudicación realizada mientras las medidas estaban vigentes
El 16 de marzo de 2023 se realizó la adjudicación de la propiedad a un particular que había adquirido los derechos relacionados con el inmueble.
La familia cuestionó desde entonces la actuación del Registro Público de Matehuala.
Entre los documentos que refiere se encuentra la denominada huella digital del sistema registral.
Según esa información, el trámite habría sido ingresado por una notaría de Matehuala a las 15:36 horas y cuatro minutos después, a las 15:40, se habría realizado la adjudicación mediante la firma electrónica de quien entonces encabezaba el Registro Público de Matehuala.
La familia considera relevante que el trámite se hubiera realizado en ese breve lapso y mediante la intervención del área jurídica del Registro.
El procedimiento ordinario, explica, consiste en que una solicitud sea turnada a un analista para revisar si cumple con los requisitos correspondientes.
En este caso, días después el trámite fue enviado a una analista. La solicitud fue rechazada.
El documento de rechazo, según la familia, no se centró siquiera en las medidas de aseguramiento previamente anotadas, sino en incumplimientos relacionados con los avisos preventivos.
Para la familia, la relevancia está en que para entonces la adjudicación ya había sido realizada.
Es decir, la revisión posterior del trámite ocurrió cuando el sistema registral ya mostraba la propiedad adjudicada.
La investigación contra servidores públicos
La Fiscalía de León solicitó posteriormente información al Registro Público respecto de las medidas de aseguramiento.
La entonces titular del Registro Público del Estado respondió que las medidas se encontraban vigentes, aunque también reconoció que se había realizado una adjudicación.
A partir de esa información, la Fiscalía de León solicitó que se investigara la posible violación de las medidas.
La investigación fue remitida a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí en diciembre de 2023 y posteriormente enviada a la Fiscalía Anticorrupción.
En la carpeta de investigación con número, 03080/2024, se investigan las actuaciones relacionadas con la entonces titular del Registro Público de Matehuala y con quien se desempeñaba como responsable jurídico de esa oficina.
El procedimiento fue judicializado en noviembre de 2024.
De acuerdo con la información proporcionada por la familia, solamente la exservidora pública fue vinculada a proceso por el delito de desacato de una orden de autoridad.
La defensa ha promovido posteriormente actuaciones para buscar el sobreseimiento del procedimiento.
La audiencia intermedia está programada para el 1 de octubre.
Hasta ahora, la existencia de la investigación y la vinculación a proceso no equivalen a una sentencia de responsabilidad penal.
El intento de desalojo y la protesta
Antes de que la familia conociera la investigación relacionada con la actuación del Registro Público, en 2023 el particular que aparece como adjudicatario promovió acciones para obtener el desalojo de Guadalupe.
El juzgado emitió una orden y envió un exhorto para ejecutarla en Matehuala.
Fue precisamente a partir de ese exhorto que la familia se dio cuenta de que las medidas de aseguramiento que habían sido ordenadas sobre la propiedad podían haber sido vulneradas.
La familia informó entonces a la Fiscalía de León y al juzgado sobre la existencia de las medidas de aseguramiento que, según sus documentos, continuaban vigentes.
Ante el temor de perder la vivienda, el 10 de octubre de 2023 una de las integrantes de la familia se encadenó a las puertas del Juzgado Cuarto de Partido de León y denunció públicamente lo que consideraba un fraude procesal.
La protesta fue atendida por autoridades del Poder Judicial de Guanajuato y, de acuerdo con la familia, el juzgado se comprometió posteriormente a cancelar la orden de desalojo.
Fue después de estos hechos, y a partir de la información relacionada con la adjudicación y las medidas de aseguramiento, que la familia tuvo conocimiento de la investigación que involucraba la actuación del Registro Público.
El conflicto volvió a hacerse público en 2024, cuando Guadalupe acudió al Poder Judicial de San Luis Potosí para solicitar atención a su caso.
Una propiedad adjudicada y una familia que continúa en posesión
Actualmente existe una diferencia entre la situación registral de la propiedad y la posesión física del inmueble.
El particular aparece como adjudicatario de la vivienda en los documentos registrales, mientras Guadalupe sostiene que continúa viviendo en ella.
La familia asegura que esa adjudicación también ha sido utilizada para realizar trámites relacionados con los servicios de agua y electricidad.
Guadalupe sostiene que ha tenido que realizar gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad y el organismo operador del agua para recuperar los servicios.
En el caso del agua potable, señala al titular del organismo operador de Matehuala por negarse a restablecer el servicio a su nombre, pese a que ella continúa ocupando y pagando el inmueble y ha presentado documentación sobre el litigio y las medidas de aseguramiento.
Diez años que terminaron con sus negocios y sus ahorros
Mientras el litigio avanzaba, Guadalupe dejó de tener la capacidad económica con la que inició el conflicto.
Los tres negocios de comida que había construido como principal fuente de ingresos fueron cerrados.
“En este proceso yo tuve que cerrar tres negocios, tres restaurancitos que tenía para vender los equipos y poder seguir costeando los gastos de los juicios en Matehuala San Luis Potosí y de un juicio mercantil y una carpeta de investigación penal en León, Guanajuato”, relata.
Los ahorros que originalmente estaban destinados a pagar el crédito terminaron utilizándose para abogados, traslados y trámites judiciales.
La mujer, actualmente de 61 años, vive de su pensión del IMSS.
También afirma que el litigio tuvo consecuencias sobre su salud.
“Las personas nos desgastamos físicamente y psicológicamente y pues eso me ha traído un desgaste en la columna, me ha traído problemas de salud, me ha traído el haber estado encerrada en mi casa un año porque tuve una depresión tan severa que lo único que me hacía sentir segura era estar encerrada en mi casa.”
Guadalupe asegura además que en 2024 fue diagnosticada con cáncer y permanece bajo observación.
La familia cuenta, según refiere, con peritajes psicológicos relacionados con las afectaciones que atribuyen al proceso judicial.
Una investigación que todavía no termina
Después de una década, la disputa ya no se limita al adeudo original con una institución bancaria desaparecida.
El caso involucra actualmente la propiedad de un inmueble, dos procesos judiciales de origen, una denuncia por presunto fraude procesal, medidas de aseguramiento, una adjudicación registral realizada mientras esas medidas estaban vigentes —según los documentos referidos por la familia— y una carpeta penal en la que una exservidora pública fue vinculada a proceso.
La familia también sostiene que existen documentos que podrían permitir investigar si otras personas estuvieron relacionadas con la adquisición de los derechos sobre la propiedad desde el inicio de la cadena de operaciones. Esa hipótesis todavía requiere ser documentada y confrontada con la versión de las personas involucradas.
Para Guadalupe, el paso de los años ha transformado una deuda que originalmente buscaba pagar en un litigio que, asegura, terminó consumiendo su patrimonio.
“La afectación ha sido en todos los sentidos principalmente psicológica, moral y emocional, económica pero también un daño al proyecto de vida que yo tenía planeado y que incluso una de mis hijas tenía planeado”.
La mujer asegura que no pretende abandonar el litigio.
“Entonces nosotros ya tenemos prácticamente un seguimiento cronológico de todo lo que ha pasado y de empezar en ceros ahora ya tenemos, hemos atado cabos de toda la situación, el qué y el por qué pero a un costo muy alto, a un costo de verdad muy alto”.
Y concluye:
“Obviamente pues ellos tienen el dinero y el poder pero estamos seguras de que vamos a llegar hasta el final de esta situación”.
