María Ruiz
Los procesos de convivencia familiar y revinculación que atraviesan niñas, niños y adolescentes cuando mamá y papá se separan pueden prolongarse durante años sin que exista una ruta clara para determinar qué está ocurriendo con ellos, advirtieron Susana Elena del Río, representante de la Fundación Internacional Granito de Arena, y el abogado David Mejía.
Durante rueda de prensa, ambos señalaron dos situaciones que consideran relevantes dentro del sistema de justicia familiar: la canalización de infancias a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) para procesos de revinculación, pese a que la institución señala no estar facultada para realizar terapias de este tipo, y el rechazo del Poder Judicial a un software gratuito diseñado para mejorar la manera en que las infancias participan en audiencias.
Uno de los problemas expuestos parte de lo que ocurre cuando una niña, niño o adolescente deja de querer convivir con mamá o papá.
En estos casos, explicó Mejía, los juzgados pueden suspender las convivencias y ordenar procesos de revinculación para tratar de restablecer el vínculo familiar. El problema, señalaron, es que antes de tomar una decisión de este tipo debe conocerse qué está provocando el rechazo y contar con personal especializado que pueda valorar la situación.
“Un día llega el niño y dice que ya no quiere convivir con su mamá”, explicó el abogado.
La misma situación puede presentarse respecto de papá, por lo que, señalaron, no debería partirse de una explicación única. Una niña, niño o adolescente puede estar atravesando una separación familiar, cambios en su dinámica cotidiana, conflictos entre las personas adultas o alguna otra circunstancia que debe ser identificada profesionalmente.
La preocupación aumenta porque, de acuerdo con la información obtenida mediante transparencia, la PPNNA informó que no cuenta con facultades para realizar terapias de revinculación ni con el personal necesario para desarrollar este tipo de intervención.
A pesar de ello, Del Río señaló que desde los juzgados familiares se estarían realizando canalizaciones hacia esa institución.
Para los participantes, la falta de personal especializado puede afectar directamente a las infancias, pero también prolongar la afectación de mamá y papá, porque una convivencia suspendida o limitada puede profundizar el distanciamiento familiar sin atender la causa que lo originó.
Del Río señaló que existen casos en los que las convivencias supervisadas se prolongan durante periodos muy largos dentro del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam).
De acuerdo con los datos de transparencia que presentó, 89 personas que eran menores de edad cumplieron la mayoría de edad mientras permanecían en ese esquema.
“Son niños que han estado en cuatro paredes creciendo, perdiendo la infancia”, afirmó.
El problema, explicó, no está únicamente en que una convivencia sea supervisada, sino en que no exista una ruta clara para determinar cuándo deben cambiar las condiciones y qué debe ocurrir para que una niña, niño o adolescente pueda avanzar hacia otro tipo de convivencia.
“No hay un proceso para salir de ahí”, señaló.
Del Río también cuestionó que no exista un protocolo uniforme para determinar las convivencias, pues, según explicó, las condiciones pueden quedar sujetas al criterio de cada juzgador.
Para Mejía, una valoración especializada permitiría conocer qué ocurre realmente cuando una niña o niño manifiesta que no quiere convivir con alguno de sus familiares, antes de adoptar una medida que pueda profundizar la ruptura del vínculo.
“Lo que nosotros estamos viendo es que tiene que haber una valoración de un especialista”, planteó.
Rechazan software gratuito para escuchar a las infancias
El segundo señalamiento está relacionado con la forma en que niñas, niños y adolescentes son escuchados durante los procesos judiciales.
Del Río explicó que la Fundación Internacional Granito de Arena ofreció donar al Poder Judicial un software desarrollado por especialistas en infancia para realizar audiencias y entrevistas mediante herramientas adecuadas para menores de edad.
La finalidad, explicó, es evitar que una niña o niño enfrente una entrevista judicial bajo condiciones que puedan hacerle percibir a la persona que lo atiende únicamente como una figura de autoridad.
“No es lo mismo llegar y platicar con un títere digital a platicar con un ministerial, con un trabajador social, con un adulto que traiga hasta gafetes. O sea, ellos ya lo ven como autoridad”, explicó.
La propuesta fue presentada ante la presidenta del Poder Judicial y, de acuerdo con Del Río, inicialmente existió disposición para implementarla. Por ello, se envió una propuesta de convenio.
Sin embargo, posteriormente recibieron un oficio mediante el cual se rechazó la donación bajo el argumento de falta de recursos, aunque se trataba de una herramienta que sería entregada gratuitamente.
El oficio tiene fecha del 31 de agosto y, según Del Río, fue recibido hasta el 27 de septiembre. La representante señaló que la respuesta llamó su atención porque en el informe de labores presentado el 11 de septiembre se había mencionado la posible implementación de la herramienta.
Para los participantes, ambos casos tienen un punto en común: las decisiones institucionales terminan teniendo efectos sobre niñas, niños y adolescentes que ya enfrentan cambios en su vida familiar.
Mejía señaló que una separación modifica las rutinas y los vínculos cotidianos de las infancias, por lo que las instituciones deben considerar esas consecuencias al establecer las medidas de convivencia.
“Ellos tienen su sistema, su papá la lleva a la escuela, su mamá lo recoge”, explicó.
Del Río afirmó que existen especialistas en terapia infantil y peritos dispuestos a colaborar con el Poder Judicial para capacitar a su personal y aportar herramientas de manera gratuita.
“Si el Poder Judicial del Estado nos abre las puertas, ahí van de manera gratuita a dar herramientas, a dar cursos”, señaló.
El planteamiento es que las autoridades cuenten con personal especializado para determinar qué ocurre cuando una niña, niño o adolescente rechaza una convivencia, revisen periódicamente las medidas establecidas y dispongan de herramientas adecuadas para escuchar a las infancias durante los procedimientos judiciales.
